Manual de moral y cívica

Manual de educación Moral y cívica para el ciudadano dominicano

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5 José Nicolás Almánzar García manual de educación moral y cívica para el ciudadano dominicano Santo Domingo, República Dominicana 2010

6 Esta publicación, sin valor comercial, es un producto cultural del Banco de Reservas de la República Dominicana. Comité de Evaluación y Selección Orión Mejía, Director General de Comunicaciones y Mercadeo, Coordinador Luis O. Brea Franco, Gerente de Cultura, Miembro Juan Salvador Tavárez Delgado, Gerente de Relaciones Públicas, Miembro Oscar Peña Jiménez, Encargado de Prensa, Miembro Joaquín E. Ortiz Pimentel, Encargado Administrativo, Miembro ISBN: Coordinador de ediciones Luis O. Brea Franco Ilustración de la portada Alegoría del trabucazo de Mella la noche del 27 de Febrero de 1844, que dio inició a la proclamación de la Independencia. Dibujo de Juan Medina. En: Catálogo de la exposición La Independencia Nacional, su proceso Con autorización expresa del autor. Diseño y arte final Ninón León de Saleme Impresión Editora Búho Santo Domingo República Dominicana 2010

7 Banco de Reservas de la República Dominicana Daniel Toribio Administrador General Miembro ex oficio consejo de directores Lic. Vicente Bengoa Albizu Ministro de Hacienda Presidente ex oficio Lic. Mícalo E. Bermúdez Miembro Vicepresidente Dra. Andreína Amaro Reyes Secretaria General Vocales Sr. Luis Manuel Bonetti Mesa Lic. Domingo Dauhajre Selman Lic. Luis A. Encarnación Pimentel Ing. Manuel Enrique Tavárez Mirabal Lic. Luis Mejía Oviedo Lic. Mariano Mella Suplentes de Vocales Lic. Danilo Díaz Lic. Héctor Herrera Cabral Ing. Ramón de la Rocha Pimentel Dr. Julio E. Báez Báez Lic. Estela Fernández de Abreu Lic. Ada N. Wiscovitch C.

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9 Contenido Presentación Daniel Toribio Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana Introducción CAPÍTULO I La sociedad TEMA NO. 1. Importancia de la Educación Cívica en el comportamiento del Ciudadano Definición y fines del civismo Definición de la sociedad Los componentes de la sociedad Lectura relativa al tema: pueblo, moral y civismo TEMA NO. 2. LA PERSONA COMO ÓRGANO SOCIAL Necesidades de la persona como ser social TEMA NO. 3. DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS: CIUDADANÍA y NACIONALIDAD La nacionalidad Naturalización y doble nacionalidad De la ciudadanía Mayoridad política y mayoridad civil CAPÍTULO II La familia: sus derechos TEMA NO. 4. LA FAMILIA, ÓRGANO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD Definición y fines del matrimonio Deberes y derechos de la familia: definición y significado de la patria potestad La familia en la nueva Constitución CAPÍTULO III Derechos y deberes ciudadanos TEMA NO. 5. DERECHOS MÁS IMPORTANTES Los derechos del ser humano

10 CAPÍTULO IV Los derechos propios del ser humano TEMA NO. 6. ESOS DERECHOS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN Tema No. 7. DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES TEMA NO. 8. DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS TEMA NO. 9. DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE TEMA NO. 10. GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES TEMA NO. 11.DERECHO al RECURSO DE AMPARO TEMA NO. 12. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN E INTERPRETAcióN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES CAPÍTULO V De los deberes TEMA NO. 13. DEBERES CIUDADANOS CAPÍTULO VI Influencia de la religión y la moral en la conducta humana TEMA NO. 14. MORAL Y RELIGIÓN La pureza del cristianismo Diferentes credos y creencias El comportamiento moral, social y humano del hombre y la mujer Rectitud de la moral, generalidad y pureza de la religión CAPÍTULO VII Algunas ideas sobre los gobiernos TEMA NO. 15. EL GOBIERNO NACIONAL Diferentes sistemas de gobiernos Definición y conceptos básicos sobre los gobiernos CAPÍTULO VIII Definición y concepto sobre la democracia TEMA NO. 16. EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Diferencia entre tiranía y dictadura Breve historia de las tiranías latinoamericanas La soberanía y su principio constitucional El amor patrio, el amor provincial y el amor municipal CAPÍTULO IX El poder TEMA NO. 17. ¿CóMO SE EJERCE Y EN QUIéN RESIDE EL PODER Cuándo el poder es legal y cuándo es ilegal? La División del poder en los sistemas democráticos La Independencia y la armonía que debe existir entre los poderes del Estado CAPÍTULO X Ejercicio y constitución del Poder Ejecutivo: su representante TEMA NO. 18. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SER presidente DE LA REPÚBLICA

11 18.1 Funciones y atribuciones del presidente de la República La sucesión presidencial El Ejecutivo como jefe de la administración pública Auxiliares del Poder Ejecutivo Requisitos necesarios para ser ministro de Estado: su responsabilidad administrativa Relación de los presidentes de la República, desde 1844 hasta el año 2008 y la forma como fueron elegidos o impuestos Concepto y alcance de importantes disposiciones legales El Consejo de Ministros La Administración Pública Capítulo XI El Poder Legislativo TEMA NO. 19. EL PODER LEGISLATIVO: SU ORIGEN, FUNDAMENTO Y COMPOSICIÓN Historia y fundamento del sistema legislativo dominicano De la Asamblea Nacional y de la reunión conjunta de ambas cámaras Qué es y cómo funciona la Asamblea Nacional? Bufete directivo de la Asamblea Nacional Atribuciones de la Asamblea Nacional La representación funcional Qué es y cómo funciona la inmunidad legislativa? TEMA No. 20. LA CÁMARA DE DIPUTADOS Composición de la Cámara de Diputados Requisitos para ser diputado Atribuciones de la Cámara de Diputados CAPÍTULO XII El Senado de la República TEMA NO. 21. REQUISITOS PARA SER SENADOR Atribuciones del Senado Disposiciones comunes a ambas cámaras CAPÍTULO XIII Las leyes TEMA NO. 22. REQUISITOS O CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA LEY Personas e instituciones con derecho a la iniciativa de las leyes Procedimiento constitucional a seguir para la aprobación de una ley Procedimiento a seguir cuando el Congreso Nacional aprueba una ley Procedimiento a seguir cuando el Poder Ejecutivo veta y observa la ley Procedimiento a seguir cuando la Cámara recibe la ley observada Diferentes categorías de leyes CAPÍTULO XIV El Poder Judicial TEMA NO. 23. ASPECTOS VITALES DEL PODER JUDICIAL La Suprema Corte de Justicia

12 23.2 Requisitos legales para ser juez de la Suprema Corte de Justicia Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia Otras atribuciones de la Suprema Corte de Justicia Competencia de la Suprema Corte de Justicia El Consejo del Poder Judicial Atribuciones administrativas y disciplinarias del Poder Judicial Las Cortes de Apelación Requisitos para ser juez de una Corte de Apelación Asientos de las cortes de apelación División y constitución de la Corte de Apelación El nuevo Código Procesal Penal Los Juzgados de Primera Instancia Constitución de los tribunales de Primera Instancia Juzgados de la Instrucción Requisitos o condiciones para ser juez de la Instrucción Los Juzgados de Paz Requisitos o condiciones para ser juez de paz o fiscalizador Función principal de los juzgados de paz Tribunal de Tierras Requisitos o condiciones para ser juez del Tribunal de Tierras Requisitos o condiciones para ser juez de Jurisdicción Original La Cámara de Cuentas Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes La función social de la justicia CAPÍTULO XV Jurisdicciones especializadas TEMA NO. 24. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA CAPÍTULO XVI El Ministerio Público TEMA NO. 25, LA ORGANIZACIÓN Procurador General de la República Procuradores generales de las cortes de Apelación Requisitos o condiciones para ser procurador de una corte de Apelación Procuradores fiscales El doble grado de jurisdicción El nuevo Código Procesal Qué es la coerción? CAPÍTULO XVII Consejo Superior del Ministerio Público TEMA NO. 26. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES De la defensa pública y la asistencia legal gratuita El Consejo Nacional de la Magistratura Del control constitucional El Defensor del Pueblo

13 CAPÍTULO XVIII Otros Poderes TEMA NO. 27. EL PODER ELECTORAL Y SU IMPORTANCIA EN LAS CONSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Estructura del Poder Electoral Nueva estructura de la Junta Central Electoral Cámara Administrativa Cámara Contenciosa Las elecciones en la República Dominicana La proclama electoral Algunas disposiciones de la Junta Central Electoral para asegurar el libre ejercicio del voto Procedimiento para ejercer el sufragio El Poder Electoral a la luz de la nueva Constitución TEMA NO. 28. EL PODER DE LA PRENSA Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO CAPÍTULO XIX Valor e importancia del Poder Municipal TEMA NO. 29. BREVE HISTORIA SOBRE EL ORIGEN DEL AYUNTAMIENTO Nacimiento y composición del municipio en la República Dominicana Requisitos o condiciones para ser miembro de un ayuntamiento Nombramientos y funciones principales de las autoridades municipales Deberes de los ayuntamientos Atribuciones del alcalde La Liga Municipal Dominicana Del régimen de los municipios Organización y gobierno de las provincias CAPÍTULO XX La Carta Magna o Constitución de la República TEMA NO. 30. PRIMERA CONSTITUCIÓN DOMINICANA La Constitución de El Acta Institucional y la Constitución de Fuentes y principios de nuestra Constitución Condiciones de una ley constitucional Mecanismos para la reforma constitucional Asamblea Revisora o Asamblea Constituyente? Posición de diferentes e importantes sectores nacionales sobre el tema anterior CAPÍTULO XXI La nueva Constitución TEMA NO. 31. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Otras modificaciones constitucionales De los Estados de Excepción

14 31.3 Disposiciones generales De las Disposiciones Transitorias CAPÍTULO XXII Símbolos Nacionales TEMA No. 32. NUESTRA BANDERA Himno a la Bandera Nuestro Escudo Nuestro Himno Nacional TEMA NO. 33. LOS PADRES DE LA PATRIA Juan Pablo Duarte Francisco Sánchez Del Rosario Matías Ramón Mella y Castillo La moral en la conducta de los fundadores de nuestra nacionalidad Padres de la Patria, los tres grandes de nuestra historia CAPÍTULO XXIII Los partidos políticos TEMA NO. 34. DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Diferentes categorías de partidos políticos Los partidos políticos en la Constitución dominicana y la ley Electoral Partidos de principios o ideológicos Partidos personalistas Partidos derechistas Partidos izquierdistas Partidos de oposición Principales partidos políticos de la historia dominicana El Movimiento Cívico 23 de Febrero y el ascenso al poder de rafael L. Trujillo Molina Los tres grandes partidos políticos Historia sintetizada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Fundación del PRD Historia sintetizada del PRSC Historia sintetizada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) CAPÍTULO XXIV Situación política y partidos surgidos tras la caída de Trujillo TEMA NO. 35. CREACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO TEMA No. 36.ELECCIONES DE 1962 Y EL TRIUNFO DEL profesor JUAN BOSCH Estadisticas Elecciones Generales de El golpe de Estado contra Bosch y el gobierno del Triunvirato La Revolución de Abril de 1965 y la segunda intervención norteamericana Elecciones de 1966 y sus resultados Elecciones de 1970 y sus resultados

15 36.6 Elecciones de 1974 y sus resultados Elecciones de 1978 y sus resultados Elecciones de 1982 y sus resultados Elecciones de 1986 y sus resultados Elecciones de 1990 y sus resultados Elecciones de 1994 y sus Resultados Pacto por la Democracia Reforma Constitucional Elecciones de 1996 y sus resultados Elecciones de 1998 y sus resultados Elecciones del año 2000 y sus resultados Elecciones del año 2002 y sus resultados Elecciones del año 2004 y sus resultados Elecciones del año 2006 y sus resultados Elecciones del año 2008 y sus resultados Publicaciones consultadas

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17 Presentación Vivimos en un mundo sumamente complejo, dominado por las transformaciones que imponen a la sociedad el desarrollo de la modernización y la globalización, procesos históricos que se inician con el triunfo de la burguesía en la primera mitad del siglo XIX. En aquellos momentos comienza a dominar la visión de que se ha iniciado un proceso que conduce, sin desviación, hacia una nueva era de indetenible progreso, una marcha ascendente hacía mejores condiciones de vida. Se piensa que el nuevo curso de los acontecimientos creará, por sí mismo, las circunstancias para una vida digna para los seres humanos en todo el planeta. Este avance, se presume entonces, sería impulsado por el desarrollo del conocimiento científico y de las múltiples formas que adoptan las nuevas tecnologías. No obstante, los procesos de modernización tienen también, como todo en este mundo, sus aspectos negativos. Uno de éstos es que provocan sucesivas series de emigraciones del campo a la ciudad. Crean el drama del desarraigo que experimentan millones de campesinos que de golpe se ven sumergidos en un paisaje urbano caótico, insano, dominado por el hacinamiento, la falta de higiene, sin reglas conocidas para moverse y subsistir en estos nuevos espacios, sin educación, sin un orden comprensible para ellos. 17

18 Paralelamente, en la globalización, que representa una agudización del proceso de instauración del capitalismo a nivel planetario, donde la racionalidad humana se identifica con la económica. De ahí procede la pretensión de que los poderes, de todos los órdenes y derivaciones, han de someterse a las directivas y tendencias del mercado mundial. En consecuencia, se origina una profunda escisión entre la vida real, fáctica, operativa, cotidiana y la vida anhelada, esperada, apetecida. Se abre un abismo entre el universo instrumental y el universo de los fines, de los valores propios en la historia. Se vive, entonces, en una crisis permanente, en una continua contradicción. Todas las formas tradicionales de autoridad y organización social vienen cuestionadas; todo queda abierto a la anomia, todo lo que antes era impensable o se consideraba irracional o imposible se hace ahora realidad. Esta situación produce un estado de desorientación, de perplejidad general y provoca serio deterioro en la capacidad de acción y de persistencia de instancias e instituciones que no derivan su validez del mercado. El resultado es un deterioro de las formas establecidas de vida social, que tienden cada vez más a la desestructuración, que provoca decepción, desencantamiento ante una realidad que se percibe como errática e ingobernable. Ante semejante panorama, y para combatir las consecuencias negativas de ésta evolución para la cohesión social, las fuerzas vivas de la sociedad deben emprender un proceso intensivo de reeducación moral y cívica que alcance a la mayoría de los ciudadanos, de suerte que éstos puedan dotarse de un esquema conceptual que les permita reinterpretar, en una visión coherente, la propia realidad cotidiana, y disponer de los recursos adecuados para conformar un código con normas 18

19 socio-morales y cívicas, que favorezcan formas más justas de convivencia y de integración social. Tal es el propósito de este Manual de educación moral y cívica para el ciudadano dominicano, de la autoría del reconocido educador, doctor José Nicolás Almánzar García, que Banreservas ha decidido publicar bajo su patrocinio. El doctor Almánzar García ofrece una obra organizada de manera analítica, que sigue como hilo conductor el tema de una educación en valores. Específicamente refuerza la descripción de aspectos básicos para el despliegue armónico de la vida en relación, en un clima de tolerancia, tales como los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, la equidad, la libertad, el respeto mutuo y la paz, como criterios fundamentales para propiciar formas de vida más justas e integradas. Otro aspecto que vertebra el libro del doctor Almánzar García y que garantiza su actualidad, lo constituye el tratamiento y desglose pormenorizado de nuestra institucionalidad orgánica como Nación y Estado. Para realizar esta descripción el autor se ha sustentado en el texto constitucional vigente desde 26 de enero del corriente año, que es la Constitución más avanzada que hemos tenido en toda nuestra historia, ya que consagra derechos difusos y de última generación, que garantizan al país un ordenamiento institucional más articulado y acorde con la época en que vivimos. El nuevo texto constitucional crea un modelo que establece, ante un conflicto de valores, dos principios reguladores: el respeto a la autonomía de cada sujeto, que se opone a toda imposición exterior que niegue la conciencia libre y voluntaria; y la potenciación del diálogo racional como forma de superación de las posiciones puramente individualistas y como vía de resolución de contradicciones. 19

20 El doctor Nicolás Almánzar García se ha destacado como maestro, escritor y político y ha ocupado todos los puestos del escalafón del Magisterio Nacional. Las posiciones cimeras de su vasta carrera profesional fueron las de subsecretario de Educación, encargado de los asuntos técnicos, en ; y posteriormente, secretario de Estado de Educación. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU) y se desempeña como rector de la Universidad de la Tercera Edad (UTE). Ha publicado varias obras, entre las que se destacan Educación moral y cívica, para el bachillerato dominicano, ganadora en 1975 del primer premio nacional Manuel de Jesús Peña y Reynoso; y Teoría de la educación, para la capacitación a distancia de los maestros primarios en servicio. Por su reconocida labor política y educativa ha sido objeto de distinciones nacionales e internacionales. Fue condecorado en el 2001 con la orden de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Caballero y es miembro de la Cámara de Cuentas de la República. El Banco de Reservas, al poner a disposición de los ciudadanos dominicanos y estudiosos del tema de que trata esta obra, pretende enraizar de manera firme en la conciencia nacional, aquellos valores que determinan que la vida adquiera calidad, sustancialidad y razón de ser. Al mismo tiempo, pretendemos propiciar que estos valores y actitudes, nos ayuden a ejercer, como quería el filósofo griego Aristóteles, el ideal de vida armónica en sociedad de la manera más satisfactoria posible, y que promuevan el mayor nivel de integración y felicidad. Daniel Toribio Administrador General. 20

21 Introducción En 1975 escribí el libro titulado Educación Moral y Cívica, para el estudio de esta misma asignatura en el cuarto curso de la Educación Secundaria, el cual resultó ganador del primer premio nacional de didáctica Manuel de Jesús Peña y Reynoso y al mismo tiempo declarado como libro de texto por el Consejo Nacional de Educación, mediante Resolución No. 175 de fecha 5 de mayo de Por la importancia que reviste esta materia en la formación humana, social, moral, cívica y patriótica del ciudadano, en 1997 el Consejo Nacional de Educación extendió a todos los grados y cursos de la Educación Básica y Media la enseñanza de esta importante área del saber, razón por la cual me dediqué, con la colaboración de otros valiosos educadores nacionales, a escribir los textos para la enseñanza de la misma en los cuatro cursos de la Educación Media Nacional, los cuales fueron aprobados y declarados como libros de textos en ese nivel educativo, y actualmente son utilizados por maestros y alumnos en el Nivel Medio, así como también los ocho (8) textos para igual número de grados del Nivel Básico, que se encuentran en preparación para presentarlos a la Dirección General de Currículum, del Ministerio de Educación, para su aprobación como libros de texto para ese nivel del Sistema Educativo Dominicano, haciendo honor a las estrofas del Himno a la Escuela, autoría del 21

22 destacado y recordado educador dominicano Ramón Emilio Jiménez, que dicen lo siguiente: Ya empezó su trabajo la escuela Y es preciso elevarte a lo azul, Relicario de viejos amores, Mientras reine la mágica luz. No sentimos arder a tu influjo la luz viva de un fuego interior cuando flotas alegre, besada por los cálidos rayos del Sol? Por otra parte, ante el bombardeo que sufre la familia dominicana con la proliferación de vicios como la drogadicción, el alcoholismo, el homosexualismo, etc., y el permanente reclamo de importantes sectores nacionales de que los adolescentes y los adultos jóvenes reciban una formación moral y cívica que les permita conocer los valores cristianos, humanos, sociales, morales y patrióticos del país, se impone que la formación moral y cívica sea un área prioritaria, no solamente para los alumnos de las escuelas y liceos del Sistema Educativo Nacional, sino también para el ciudadano común y corriente. De esta manera podremos tener mejores ciudadanos, porque nuestro país será valorado por el índice cultural y educativo que ayude al mejor comportamiento de nuestros compatriotas. Por estas y otras motivaciones es que he dedicado parte de mi tiempo para escribir este Manual, que espero cumpla el cometido que me he propuesto. He seleccionado importantes temas de los que no tengo la menor duda de que van a contribuir en forma positiva para contar con buenos y mejores ciudadanos. Dicho temas se detallan a continuación: I. La sociedad. II. La familia. 22

23 III. Derechos y deberes ciudadanos. IV. Los derechos propios del ser humano consagrados en la Constitución dominicana. V. De los deberes. VI. Influencia de la religión y la moral en la conducta humana. VII. Algunas ideas sobre los gobiernos. VIII. Definición y concepto sobre la democracia. IX. El poder. X. El Poder Ejecutivo. XI. El Poder Legislativo. XII. El Senado de la República. XIII. Las Leyes. XIVI. El Poder Judicial. XV. Jurisdicciones especializadas. XVI. El Ministerio Público. XVII. Consejo Superior del Ministerio Público. XVIII. Otros poderes. XIX. El Poder Municipal. XX. La Carta Magna o Constitución de la República. XXI. La nueva Constitución. XXIII. Símbolos Nacionales. XXIV. Los partidos políticos. XXV. Situación política y partidos surgidos a la caída de Trujillo. Espero que este Manual de Educación Moral y Cívica elaborado con gran cariño para mis queridos compatriotas sea de mucha utilidad y pueda servirles para comportarse como buenos ciudadanos, emulando el pensamiento de nuestros patriotas que soñaron con legarnos una patria libre, culta, próspera y feliz. José Nicolás Almánzar García 23

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25 CAPÍTULO I La sociedad TEMA NO. 1 Importancia de la Educación Cívica en el Comportamiento del Ciudadano Ante el crecimiento de las obligaciones ciudadanas, la sociedad moderna pide y exige la necesidad de una adecuada formación cívica del hombre y la mujer, al considerar la educación cívica como fuente de formación, para que sean buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. La educación cívica está estrechamente vinculada a la convivencia humana y se refiere, en parte, a las relaciones sociales del ser humano con sus semejantes, pero solamente cuando éstos son considerados como conciudadanos, ligados por derecho y deberes comunes. La finalidad esencial de la educación cívica es el civismo, regulador de las relaciones jurídicas entre la persona como miembro de una colectividad nacional, regional o local y el Estado como sociedad política mayor. A través de la educación cívica las personas se preparan para convivir armónicamente con sus semejantes, mediante el conocimiento y el cumplimiento de las leyes del Estado y las normas de la sociedad a la cual pertenecen. Por tanto, no es peregrino afirmar que la Educación Cívica constituye un factor de vital importancia en la conducta y el 25

26 comportamiento de las ciudadanas y ciudadanos como el medio más expedito para fortalecer las relaciones interpersonales. 1.1 Definición y fines del civismo El civismo no es más que el celo patriótico que debe poseer cada persona amante de su patria. Ese celo la llevará al respeto cabal de las leyes y de las autoridades legítimamente seleccionadas por el pueblo en una democracia. El civismo debe permitir la crítica sana a los errores que puedan cometer las autoridades. 1.2 Definición de la sociedad Está demostrado que el ser humano es un ente social y que sin él, la sociedad es inexistente y, consecuentemente, el individuo es el principal órgano social. Individuo y Sociedad se complementan, porque una persona no puede bastarse por sí sola para satisfacer sus necesidades y progresar. Si no viviéramos en sociedad, como efectivamente sucede, el tiempo no nos alcanzaría para cumplir nuestras metas, porque tendríamos que emplearlo en buscar lo indispensable para llenar las necesidades vitales y lograr la supervivencia familiar. Modernamente, la sociedad está diseñada para la división del trabajo y cada persona debe hacer la parte que le corresponde. Pero además de llenar esas necesidades vitales, el ser humano tiene que reunirse con sus semejantes por la exigencia de comunicarse, de comprender y ser comprendido, de amar y ser amado. Eso reafirma, que toda persona está en la sociedad para dar y para recibir. Pero, ¿qué es la sociedad? La sociedad se define como la agrupación mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. El concepto de sociedad tiene cierto sentido de armonía, unión o convivencia, y desde un punto de vista más 26

27 amplio, la sociedad es un conjunto de individuos caracterizados por sus relaciones sociales, comunes y recíprocas. Por su vocación social, las personas no pueden vivir aisladas, razón por la cual reiteramos el concepto de sociedad, al identificarlo como sinónimo de armonía, unión o convivencia, lo que también es aplicable a los animales. Por eso oímos con frecuencia afirmar que las abejas viven en sociedad. Otro concepto de sociedad lo encontramos cuando un grupo de personas se reúnen para formar entidades culturales, recreativas, comerciales, etc., con fines propios y específicos. Ejemplos: Sociedad Amantes de la Luz, Club Deportivo Naco, Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez y otros. En toda asociación donde esté envuelto el ser humano, la sociedad y el Estado, encontramos dos elementos importantes: el material y el moral. En la sociedad, el elemento material está constituido por el grupo de asociados, mientras que el moral está formado por los objetivos que se persiguen, la armonía, la conducta y el comportamiento de sus integrantes. Las sociedades pueden ser naturales, como la familia y el Estado, y voluntarias, como los ateneos y los clubes culturales, recreativos o de servicio. 1.3 Los componentes de la sociedad La sociedad está compuesta por tres órganos principales: 1ro.) el individuo, 2do.) la familia; 3ro.) el Estado. Algunos sociólogos consideran integrada la sociedad por los órganos señalados anteriormente pero también añaden el municipio, la región o provincia y la sociedad internacional, destacando así la sociedad general que en suma constituye la humanidad. Creemos que, al hablar de los tres órganos principales, todos quedan incluidos, pues no es posible hablar del Estado, 27

28 sociedad por excelencia, sin tocar los importantes órganos que lo integran, como son el municipio, la región o provincia, etc. 1.4 Lectura relativa al tema: pueblo, moral y civismo La educación moral y la educación cívica constituyen las bases de la formación integral del ser humano. Las estructuras y el funcionamiento de los pueblos y las sociedades, deben descansar en una sólida base moral y en una auténtica conciencia cívica, para no sucumbir por las sacudidas de un mundo cada vez más conflictivo. A todos: niños, jóvenes y adultos, nos corresponde luchar en contra del deterioro progresivo que se viene observando en nuestro país y elevar el nivel cívico de nuestra sociedad. Debemos respetar los preceptos religiosos y valorar la labor educativa y la obra ejemplarizadora de los hombres y mujeres de valía, en pro del avance sostenido de la nación y el fortalecimiento institucional. Debemos luchar incansablemente por el rescate de la moralidad y por el desarrollo de una verdadera conciencia cívica, a fin de erradicar los males que afectan nuestra sociedad, como la delincuencia, los vicios y la corrupción administrativa. La ausencia de objetivos verdaderamente patrióticos en la conducta de gobernantes y gobernados, indican que es necesario hacer algo y pronto, para que nuestro pueblo alcance un puesto de dignidad y decoro en un mundo eminentemente exigente y competitivo. TEMA NO. 2 La persona COMO ÓRGANO SOCIAL Como es sabido por todos, el ser humano es un ente social. Sin él no hay sociedad, por lo que se puede afirmar que el 28

29 individuo es el principal órgano social. Individuo y sociedad se complementan. Si no existiera la sociedad, el individuo no podría cumplir los diferentes fines que, en el orden cultural, social, económico, etc. persigue en su constante idea de superación y en su preocupación por los problemas que afectan a la humanidad. La persona, como ser biológico, psicológico y social se desenvuelve dentro de un marco de necesidades básicas que debe de satisfacer para poder vivir en armonía con el medio que le rodea, consigo mismo y así conservar su vital desarrollo. Esta triple condición le impone necesidades muy complejas las cuales pueden esquematizarse como ser biológico, espiritual y social. Aunque tanto lo biológico como lo espiritual son muy importantes, me quiero referir solamente a las necesidades de índole social, porque de alguna manera inciden en la formación moral y cívica del hombre y la mujer. 2.1 Necesidades la persona como ser social Sin la participación y cooperación de la sociedad, una persona, como ser biológico, espiritual y racional, no puede lograr su plenitud, porque necesita de la ayuda de los demás para alcanzar su fin; pero para ello debe estar preparada para la convivencia: La adaptación al grupo familiar, a las costumbres del grupo social que nos rodea, es indispensable para evitar el aislamiento y marginación de aquellos con los cuales necesariamente estamos en contacto. Prepararse para la convivencia significa conocer y comprender primero todas estas exigencias para luego practicarlas a plenitud y conciencia. ¿Cómo? Aceptando los puntos de vista de los demás, siendo ecuánimes, receptivos, tolerantes, etc. 29

30 a) Sensibilidad ante el mundo de los valores Debido a su condición de ser social, la necesidad de sensibilizarse ante el mundo de los valores es una de las mayores exigencias que se le hace a la persona. Razonar sobre qué es lo más importante para satisfacer un deseo, requiere de actitudes acordes con las normas de conducta social, ya que no deben adoptarse posiciones contrarias a lo que se acepta como correcto. Esto es lo que, precisamente, le plantea la necesidad de sensibilizarse ante el mundo de los valores: la adopción de posiciones correctas en cuanto a su comportamiento social. b) El fortalecimiento de la voluntad El ser humano está obligado a fortalecer constantemente su voluntad para poder enfrentarse con posibilidades de éxito a los problemas que la vida le plantea, porque como único ser pensante, está sometido a deberes y derechos, a los cambios y transformaciones que sin cesar ocurren en el mundo, a obligaciones, a veces muy duras, que en muchas ocasiones sobrepasan sus posibilidades y que solo mediante decisión, carácter, constancia, integridad, en una palabra: voluntad, puede lograr satisfacer eficazmente. La voluntad es propia del ser humano y quizás uno de sus rasgos característicos. Mediante ella actúa, es capaz de hacer, participando él mismo, es el artífice de su conducta. De una conducta racional depende el logro de sus objetivos, ya que ninguna forma de comportamiento que se origina en instintos irracionales, en afectos o en pasiones, puede ser un modelo de acción, es decir, de acto voluntario, porque la voluntad está estrechamente unida a la inteligencia racional, es decir, al conocimiento por causas. Para actuar se necesita conocer, querer algo es conocer el medio de lograrlo, al menos en parte. De allí que 30

31 expresiones tales como Amar es querer, querer es poder, nadie ama lo que no conoce, tengan un bello sentido. Cuando se quiere, es porque se tiene un fin, una meta, un objetivo, y ello requiere de una gran dosis de voluntad. TEMA NO. 3 DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS: CIUDADANÍA Y NACIONALIDAD Si se nos pregunta qué significa la palabra ciudadano, o quién es un ciudadano, podemos contestar diciendo que literalmente: ciudadano es el natural vecino de una ciudad, el que está en posesión de los derechos de ciudadanía. Ciudadanía es la calidad y el derecho de ciudadana o ciudadano. No debe confundirse con nacionalidad, pues nacionalidad es la calidad de quienes forman parte de una nación o pertenecen a ella. Los niños dominicanos tienen nacionalidad dominicana, son nacionales dominicanos; pero no son ciudadanos dominicanos, porque para ser ciudadano es necesario tener por lo menos 18 años de edad. Si tú vas a otro país y alguien te pregunta de qué nacionalidad eres, puedes contestar: Soy de nacionalidad dominicana, y si tienes 18 años o más de edad, puedes responder: soy ciudadano dominicano. Ciudadano es quien está en posesión de los derechos de ciudadanía, que goza por su edad o su estado civil, de los derechos civiles y políticos. El ciudadano es un miembro activo de un Estado, y puede tomar parte activa en las funciones de éste. Como se desprende de los párrafos anteriores, todo niño, niña o adolescente y todo hombre o mujer nacido en la República Dominicana tiene la nacionalidad dominicana, es dominicano o dominicana. 31

32 La ciudadanía es un vínculo político, y, por tal motivo, al mismo tiempo, un vínculo jurídico que entraña deberes y derechos. No debemos confundir la ciudadanía con la nacionalidad, cuyo concepto explicamos en seguida: Todo ciudadana o ciudadano debe poseer su cédula de identidad, documento que se obtiene en las oficinas de la junta Central Electoral. 3.1 La nacionalidad Respecto a la nacionalidad hay una división fundamental: la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida. La nacionalidad originaria es la que tenemos por efecto de la ley desde el mismo momento en que nacemos. El artículo 18 de la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010 con motivo de conmemorarse ese día el nacimiento del inmaculado patricio Juan Pablo Duarte, expone claramente la nacionalidad. En consecuencia, define quiénes son dominicanos y dominicanas, artículo que incluimos a continuación: Artículo 18. Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos: 1. Los hijos e hijas de madre o padres dominicanos; 2. Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; 3. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas o consulares, de extranjeros que se encuentren en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito o toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; 4. Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, 32

33 una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas; 5. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley; 6. Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior; 7. Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley; Párrafo. Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la Nación Dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración. La nacionalidad adquirida es aquella, como lo indica su mismo nombre, que se adquiere por un hecho posterior al nacimiento y, en consecuencia, tendrá que ser distinta de la que se tenía originalmente. La nacionalidad adquirida puede clasificarse en naturalización ordinaria y naturalización privilegiada. La naturalización ordinaria es aquella que concede el Presidente de la República, después que el interesado eleva la solicitud a través de la Secretaria de Estado de Interior y Policía anexando un certificado de no delincuencia y un acta de nacimiento, con la traducción oficial, si no está escrita en lengua española. Naturalización privilegiada es la que concede el Presidente de la República, a aquellos extranjeros que, a su juicio, son merecedores de la dispensa de los requisitos ordinarios para obtener la naturalización dominicana, por haber prestado servicios a la 33

34 República. Los extranjeros que obtienen este tipo de nacionalidad no tienen que llenar ningún requisito ni formalidad para que se cumpla el decreto mediante el cual se concedió este tipo de nacionalidad. Nos referimos a continuación a algunos conceptos que sobre la nacionalidad han externado dos prestigiosos políticos y abogados sobre el tema de la nacionalidad, como son los doctores Leonardo Matos Berrido y Emmanuel Esquea Guerrero. Las opiniones del doctor Matos Berrido, aparecen en el periódico Listín Diario en su artículo titulado La Nacionalidad Dominicana, del cual extraigo los siguientes conceptos: Afirma el doctor Matos Berrido que: La falta de una adecuada política migratoria, el práctico abandono de nuestras fronteras, durante décadas abiertas para todo el que ha querido violarlas, y la irresponsabilidad de algunos partidos y dirigentes políticos del patio que han facilitado a millares de extranjeros indocumentados adquirir falsas identificaciones como ciudadanos dominicanos, para fines de conveniencia electorera, hacen impostergable que la Asamblea Nacional, cuando se reúna para conocer de la Reforma Constitucional que está actualmente sobre el tapete, consagre de manera categórica, que no dé lugar a dudas ni interpretaciones contradictorias, quienes son dominicanos. La atribución de la nacionalidad suele fundamentarse en dos criterios principales: el determinado por el jus soli y el fijado por el jus sanguinis o de la combinación de ambos factores, sistema este último adoptado por la Constitución dominicana. Son dominicanos de acuerdo al Artículo 11 de la Constitución, todas las personas que nacieren en el territorio de la República y todas las personas nacidas en el extranjero de padre o madre dominicanos, con las excepciones y dentro de las condiciones que el mismo texto establece en uno y otro caso. Se es dominicano por nacimiento o por origen. 34

35 Continúa diciendo el doctor Matos Berrido que: Con los hijos, nacidos en territorio dominicano, de los diplomáticos acreditados en el país no hay controversia. El problema se presenta con los cientos de miles de extranjeros indocumentados que desde hace años ocupan el territorio dominicano, a favor de cuyos descendientes se pretende que al no ser hijos de diplomáticos ni hijos de extranjeros transeúntes no están afectados por la indicada excepción del Artículo 11 y son, en consecuencia, dominicanos. Es como si el extranjero indocumentado, o ilegal como también se le llama, que ha penetrado subrepticiamente al territorio dominicano y se mantiene en nuestro país al margen de las leyes, tuviera una condición jurídica superior al extranjero que ha ingresado regularmente, autorizado por las autoridades nacionales, y tiene aquí descendencia antes de obtener residencia legal o de salir del territorio nacional. Por otra parte, el reputado abogado y político, doctor Emmanuel Esquea Guerrero externó sus conceptos sobre la nacionalidad en una interesante conferencia que con el título Concepto de Nacionalidad en la Constitución Dominicana, dictó en el Salón de Conferencias del Museo Nacional de Historia y Geografía de la cual extraigo algunos párrafos, como los siguientes: Numerosas son las definiciones que se han dado de la nacionalidad. Para algunos, ella constituye el vínculo jurídico-político que relaciona a los individuos con el estado al cual pertenecen. Hostos por su parte, con una visión más socio-lógica que jurídica del concepto, concibió la nacionalidad como un nexo de simpatía inconsciente que lleva los miembros de un conglomerado humano determinado a compartir una vida común y sentirse solidario para defender mancomunadamente, las instituciones, normas y principios que les son propios y los identifican frente a los demás pueblos. Cual que fuere la simpatía que se pudiera tener por una u otra de estas definiciones, cada una de ellas refleja una realidad 35

36 innegable: La nacionalidad es un elemento aglutinador de los individuos entre sí y un vínculo de éstos con el Estado al cual están sometidos. JUS SOLIS La Constitución de Núñez de Cáceres de 1821 sólo concibió la adquisición de la nacionalidad por el Jus Soli al establecer que son ciudadanos del Estado independiente de la parte española de Haití todos los hombres libres de cualquier color o religión que sean nacidos en nuestro territorio, o aunque lo sean en país extranjero si llevaren 3 años de residencia o fueran casados con mujer natural. Como todos sabemos, el Acta de Núñez de Cáceres se inspiró en la Constitución Española de Cádiz de 1812, pero en lo que respecta a la nacionalidad, no la siguió completamente, ya que esa Constitución aplicaba tanto el Jus Soli como el Jus Sanguinis al establecer que eran españoles todos los hombres libres nacidos o avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos. JUS SANGUINIS A pesar de que la Constitución de Cádiz fue la inspiración de Núñez de Cáceres, en materia de Jus Sanguinis, la misma fue completamente soslayada, pues mientras ésta decía que serían españoles los individuos de padres de origen hispánico, el Acta de Independencia de 1821, no se refirió para nada a la nacionalidad de los padres. Contrariamente a lo acontecido en 1821, los constituyentes del 1844 siguieron el patrón de la Constitución Haitiana que los inspiró y establecieron el Jus Sanguinis como fuente fundamental de la nacionalidad. En esta Constitución eran dominicanos: 1) Todos los individuos que al momento de su publicación gozaran de la calidad de dominicanos; 2) todos los nacidos en el territorio de la República Dominicana de padres dominicanos, que habiendo emigrado volvieron a fijar su domicilio en ella; 3) todos los españoles dominicanos y sus descendientes que habiendo emigrado 36

37 en 1844 no hubieran tomado las armas contra la República, ni la hubieran hostilizado en modo alguno y volvieran a fijar su residencia en ella; y 4) todos los descendientes de oriundos de la parte española nacidos en países extranjeros que vinieran a fijar su residencia en la República. Aunque los conceptos de los doctores Leonardo Matos Berrido y Enmanuel Esquea Guerrero, fueron emitidos antes de la proclamación de la Constitución hecha el 26 de enero del año 2010 los he incluido por considerarlos de extraordinario valor jurídico e histórico. 3.2 Naturalización y doble nacionalidad La Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010 define claramente en sus artículos 19 y 20 los conceptos de naturalización y doble nacionalidad, los que por su gran interés se incluyen a continuación: Artículo 19. Naturalización. Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley, no pueden optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado, ni están obligados a tomar las armas contra su Estado de origen. La ley regulará otras limitaciones a las personas naturalizadas. Artículo 20. Doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. Párrafo. Las dominicanas y los dominicanos que opten otra nacionalidad, por acto involuntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros 37

38 cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales, sin renunciar a la nacionalidad adquirida. 3.3 De la ciudadanía La Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010 establece en sus artículos 21, 22, 23 y 24 todo lo relacionado con la ciudadanía, determinando cómo se adquieren y pueden suspenderse sus derechos. Los artículos se detallan debajo. Artículo 21. Adquisición de la ciudadanía. Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía. Artículo 22. Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: 1. Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución; 2. Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo; 3. Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; 4. Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicen al respecto; 5. Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Artículo 23. Pérdida de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración; así como por 38

39 tomar las armas y por prestar ayuda o participar en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República. Artículo 24. Suspensión de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de: 1. Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma; 2. Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientas ésta dure; 3. Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo; 4. Violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada. 3.4 Mayoridad política y mayoridad civil Para ser ciudadano es necesario ser mayor de edad, es decir, haber llegado a la edad en que se puede ejercer el sufragio para elegir y ser elegido y, por lo tanto, desempeñar cargos públicos. Esto se llama mayoridad política. En la mayoría de los países, como el nuestro, se es ciudadano a los 18 años, pero si se contrae matrimonio antes de esa edad, se adquiere lo que se llama mayoridad civil. En los Estados Unidos de Norteamérica la mayoridad política se adquiere a los 21 años de edad. 39

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41 CAPÍTULO II La familia: sus derechos TEMA NO. 4 LA FAMILIA, ÓRGANO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD La familia es la primera y más natural de las sociedades humanas. Por eso se afirma que es como la célula social. También es la primera evolución del individuo al unirse con otros por amor, por afecto, por ley o por algún interés económico, social o moral. La familia está formada por los esposos e hijos, y se compara con un árbol, donde el matrimonio es el tronco y los hijos las ramas. La cabeza del hogar es el padre de la familia. Como vemos la familia, es el principal órgano de la sociedad. Lo normal es que el núcleo familiar se una por el vínculo del matrimonio civil o religioso, pero también hay lo que se denomina unión libre o concubinato, donde el hombre y la mujer se unen sin llenar ningún requisito legal, pero cumplen con todos los deberes formando un núcleo familiar que es admirado y respetado por la comunidad donde viven. La Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 reconoce en su artículo 55 inciso cinco (5) esta unión singular y estable, pero sujeta a ciertos requisitos que figuran más adelante. 4.1 Definición y fines del matrimonio El matrimonio constituye la unión legal del hombre y la mujer para fundar la familia; su fin es prestarse mutuo amor 41

42 y mutua ayuda, tener hijos, y educarlos moral y cristianamente. En nuestra sociedad conocemos dos clases de matrimonio: El civil, que se contrae en presencia del Oficial del Estado Civil, quien exige el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la ley para que la unión entre el hombre y la mujer sea del todo legal. Para efectuar este matrimonio los contrayentes deben tener 18 años, o en caso contrario obtener la autorización de sus padres. La otra clase de matrimonio es el canónico, que se efectúa por la Iglesia Católica, en presencia del sacerdote, y cuyos fines son que los contrayentes se amen mutuamente, críen y eduquen a sus hijos, se auxilien y complementen. En este tipo de matrimonio hay que cumplir algunas disposiciones previas, entre las que se destacan las amonestaciones o avisos públicos que se hacen en las misas dominicales. Tanto el matrimonio civil como el canónico deben celebrarse con la presencia de testigos de probada seriedad. Algunas circunstancias invalidan el matrimonio, como sería la existencia de un matrimonio anterior. El cónyuge que se casa en esta situación comete el delito de bigamia, por cuya causa puede ser encarcelado y sometido a la acción de la justicia. El matrimonio canónico es indisoluble, pues, afirma la Iglesia Católica, que lo que Dios unió no puede ser separado por el hombre. En la Ciudad del Vaticano, lugar donde residen los altos representantes de la Iglesia Católica, hay un tribunal que se encarga de estudiar los casos de matrimonios que se efectuaron viciados de nulidad, y si esto se comprueba se declara que el matrimonio es anulado, como que nunca existió. Pero esto no es propiamente un divorcio. 42

43 El matrimonio civil desaparece con el divorcio, una ley existente en la mayoría de los países del mundo, concebida como una solución a los problemas que surgen en el matrimonio, pero que realmente constituye un grave problema en la educación y formación de los hijos. 4.2 Deberes y derechos de la familia: definición y significado de la patria potestad Los hijos deben guardar el mayor respeto a sus padres, así como seguir sus consejos y orientaciones, pero también el padre contrae ciertos deberes para con sus hijos, entre los cuales destacamos los siguientes: a) Proporcionarles la alimentación; b) Proporcionarles un techo apropiado; c) Proporcionarles la educación básica; d) Proporcionarles atención médica; e) Proporcionarles juguetes para sus entretenimientos de acuerdo con su edad; f) Respetar sus aptitudes individuales. La patria potestad es el conjunto de derechos y poderes que la ley asigna al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores no casados, facilitándoles así el cumplimiento de sus deberes legales de sustento y educación. La falta contra la patria potestad constituye un delito por el que una persona puede ser encarcelada, o demandada en justicia. Como consecuencia de la patria potestad, los padres responden por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a sus hijos menores. También son los administradores de los bienes de esos hijos, derecho que obtienen por el poder que tienen sobre los mismos. 43

44 Cuando muere uno de los padres, la ley asigna el cuidado de los menores a una persona que recibe el nombre de tutor, y cuya misión es velar por el pupilo, así como representarlo en todos los actos de la vida civil. La misma ley se encarga, algunas veces, de designar el tutor, y es lo que en Derecho se llama Tutela Legal, que acontece, cuando muere uno de los padres; entonces el cónyuge superviviente se convierte en tutor legal de los hijos menores. Cuando no se da la situación anterior, entonces, se reúne el Consejo de Familia, integrado por el Juez de Paz y algunos amigos o parientes de los menores, y designa un tutor dativo. Las funciones del tutor cesan cuando el menor llega a los 18 años, edad en que adquiere la mayoría de edad en nuestro país. 4.3 La familia en la nueva Constitución En mi opinión, el tema de la familia es uno de los que mereció mayor atención por los integrantes de la Asamblea Revisora de la Constitución del año 2010, quienes le dedicaron varios artículos, como son los Nos. 55, 56, 57, 58, 59. Para una mejor edificación de los lectores, incluyo algunos comentarios sobre los referidos artículos. Sobre este particular el periódico Diario Libre publicó en fecha 03 de febrero un interesante reportaje titulado: La nueva Constitución amplía los derechos de la Familia, que por su interés reproduzco a continuación: Aunque existe una jurisprudencia sobre la igualdad de los hijos ante la ley, la nueva Constitución consigna dentro de los derechos de la familia esta prerrogativa. Según el artículo 55, numeral nueve, todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y 44

45 disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Además este numeral prohibe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad. Se otorga en este artículo en su numeral ocho, a todas las personas el derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley. La nueva Constitución, además, dentro de los derechos de la familia establece que el bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley; y que el Estado garantizará la protección de la familia. La protección de la organización de la familia por el Estado se hará sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. El texto constitucional promulgado consigna además en el numeral 10 que el Estado promueve la paternidad y maternidad responsables y que el padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. Además, el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales. A los uniones consensuales o de hecho (concubinato), también se les otorgó categoría constitucional y en el numeral cinco del artículo 55 sobre los derechos de la familia se estableció que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, 45

46 libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley. Igualmente dentro de estos derechos, se instituyó que los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Maternidad y personalidad Tal como estaba consignado en la Constitución de 1966, en el nuevo texto constitucional dentro de los derechos de la familia se reitera que la maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. Igualmente establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos. Artículo 55. Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. 1. Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco; 2. El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley; 3. El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre 46

47 un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges; 4. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establece la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales; 5. La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley; 6. La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos que genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo; 7. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos; 8. Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley; 9. Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutan de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohibe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad; 10. El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, 47

48 criar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas obligaciones; 11. El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales; 12. El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la adopción; 13. Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo. Es particularmente positivo lo aprobado en el inciso cinco (5) del artículo 55 al reconocer la unión singular, libre y estable, entre un hombre y una mujer, sin impedimento matrimonial, que al formar un hogar de hecho adquieren derechos y deberes en sus relaciones personales de acuerdo a la ley, lo que en el formato significa reconocer como sana y válida esa relación e igual al matrimonio tradicional. Por otra parte, la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, en los artículos relacionados con la familia reconoce derechos importantes en favor de sus miembros como los que se detallan a continuación: a) Protección a los menores de edad, cuando en el artículo 56 dispone que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y en ese sentido dispone en su artículo 56 acciones como las siguientes: 48

49 La erradicación del trabajo infantil y la violencia contra los menores de edad; La protección del Estado contra toda forma de abandono, secuestro, abuso o violencia física, psicológica, moral y sexual, explotación comercial, laboral, económica, etc.; Que el Estado y la familia creen oportunidades para establecer el paso productivo de los adolescentes hacia la vida adulta. b) Protección a las personas de la tercera edad, lo que es de vital importancia por su edad y estado de salud, legislando para que la sociedad y el Estado protejan su asistencia y promuevan su integración a la vida activa y comunitaria, garantizando el Estado la seguridad social y un subsidio alimentario en los casos de indigencia (art. 57). c) Protección a las personas con discapacidad, cuando en su artículo 58 dispone que el Estado deberá proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y el ejercicio pleno y autónomo de este importante sector de la vida nacional, a los cuales, también, está obligado el Estado a proporcionar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. d) El derecho a la vivienda, pues en el artículo 59 la nueva Constitución dispone que toda persona tiene el derecho de disfrutar de una vivienda segura, con los servicios básicos esenciales, por lo que el Estado está obligado a hacer efectivo este derecho promoviendo planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. 49

51 CAPÍTULO III Derechos y deberes ciudadanos El origen de los derechos ciudadanos forma parte de las conquistas que se derivan de la Revolución Francesa, cuya proclamación provocó una incidencia positiva en toda la humanidad y que repercutió extraordinariamente en los países del Continente americano, cuyos pueblos en esa época eran colonias de varias naciones europeas, principalmente de Francia y España. En estos derechos se fijan los principios de absoluta igualdad social, obediencia a la ley, respeto a la propiedad, distribución justa de los impuestos, respeto a las creencias y opiniones ajenas, así como respeto a la libertad de palabra y de prensa. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue recogida por la Organización de las Naciones Unidas, y el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de esa gran institución internacional, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomendando a todos sus Estados miembros, la promoción y publicación de esa Declaración. TEMA NO. 5 DERECHOS MÁS IMPORTANTES En razón de que resulta muy extensa la referida Declaración de Derechos, se incluyen a continuación, solamente algunos de sus artículos más importantes: 51

52 Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Artículo 1.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Artículo 12. Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques. Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Artículo 14.1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Artículo 15.1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 52

53 Artículo 15.2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16.3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Artículo 17.2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 23.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 26.1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Artículo 26.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 53

54 el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 5.1 Los derechos del ser humano La existencia del ser humano se estima en 2,600,000 años y comprende dos etapas: La Prehistórica y la Histórica. Durante la prehistoria, etapa que abarca el 99.97% de la existencia del hombre, éste vivía en un estado de dependencia de la naturaleza, por lo cual no puede hablarse de derechos humanos ni de libertad. La historia comienza con la invención de la escritura y, por tanto, con la aparición de documentos escritos 6,000 años antes de Cristo, o sea, que comprende tan solo 8,000 años de la existencia del hombre. En la etapa histórica, dividida en cuatro edades: Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, el ser humano vivió sometido a la voluntad y al poder de otros seres humanos, pues estuvo dominado durante años por emperadores, reyes, dictadores y tiranos con poder absoluto sobre sus subordinados. Hace solamente poco más de doscientos años cuando comenzaron a vislumbrarse los primeros indicios del respeto a los derechos humanos y a la libertad de los hombres y las mujeres. 54

55 CAPÍTULO IV Los derechos propios del ser humano TEMA NO. 6 ESOS DERECHOS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN Los derechos individuales, garantías y deberes fundamentales a que es acreedor el ciudadano dominicano están consagrados en la Constitución del año 2010 en el Título II, Capítulo I, Secciones I y II, artículos del No. 37 al No. 54 y que comparados detenidamente no difieren sustancialmente en los que tradicionalmente existían en las Constituciones anteriores, a no ser la diferencia de que en la nueva Constitución resultan más claros y explícitos por lo que permiten una mejor comprensión y asimilación, así como también el hecho de que a los congresistas que integraron la Asamblea Revisora, les tocó el honor de conocer, estudiar y aprobar esta nueva Constitución que desde el punto de vista cuantitativo fue muy superior a los componentes de asambleas revisoras anteriores. Por su importancia y trascendencia se transcriben a continuación los artículos de referencia: TÍTULO II DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES FUNDAMENTALES CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SECCIÓN I DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá 55

56 establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte. Artículo 38. Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1. La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes; 2. Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias; 3. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión; 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohibe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género; 56

57 5. El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado; Artículo 40. Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: 1. Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito; 2. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse; 3. Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos; 4. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de su detención; 5. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare; 6. Toda persona privada de su libertad, sin causas o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona; 7. Toda persona debe ser libertada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente; 57

58 8. Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho; 9. Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar; 10. No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales; 11. Toda persona que tenga bajo su guardia a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente; 12. Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente; 13. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa; 14. Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro; 15. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual para todos; sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica; 16. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados; 17. En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. Artículo 41. Prohibición de la esclavitud. Se prohiben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. 58

59 Artículo 42. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; 2. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 3. Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Artículo 43. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. Artículo 44. Derecho a la intimidad y al honor personal. Toda persona tiene el derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: 1. El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona violables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito; 59

60 2. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos; 3. Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustentación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley; 4. El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley. Artículo 45. Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Artículo 46. Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir 60

61 y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. 1. Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia; 2. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. No se consideran delitos políticos, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales. Artículo 47. Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. Artículo 48. Libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley. Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley; 2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley; 61

62 3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley; 4. Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley; 5. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Párrafo. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. SECCIÓN II Tema No. 7 DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Artículo 50. Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes. 1. No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional; 2. El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país; 62

63 3. El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. Artículo 51. Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. 1. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa; 2. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada; 3. Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica; 4. No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas; 5. Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en 63

64 actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales; 6. La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico. Artículo 52. Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley. Artículo 53. Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. Artículo 54. Seguridad alimentaria. El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. Otros derechos importantes que establece la nueva Constitución a favor del ciudadano dominicano, son los que se detallan a continuación: 64

65 Artículo 60. El derecho a la seguridad social. Artículo 61. El derecho a la salud. Artículo 62. El derecho al trabajo, en el que el Estado debe garantizar la igualdad y la equidad de mujeres y hombres en el ejercicio de este derecho. Artículo 63. El derecho a la educación. Por la importancia que tiene la educación en el desarrollo de los pueblos conviene transcribir íntegramente el contenido de este artículo. Artículo 63. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: 1. La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; 2. La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores; 3. El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley; 4. El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación 65

66 moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales; 5. El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes; 6. Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales; 7. El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra; 8. Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad con la ley; 9. El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines; 10. La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas; 11. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado 66

67 garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley; 12. El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley; 13. Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. TEMA NO. 8 DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS En la Sección III de la nueva Constitución se establecen los derechos culturales y deportivos a favor de los ciudadanos, los cuales se detallan a continuación: Artículo 64. Derecho a la cultura, que entre otros casos determina que el Estado proteja los intereses morales y materiales sobre las obras de los autores e inventores, garantizando la libertad de expresión y la creación cultural. La nueva Constitución, también determina que el patrimonio de la nación, queda bajo la salvaguarda del Estado, cuya propiedad, sea estatal o adquirida son inalienables e inembargables y su titularidad será imprescriptible. 67

68 Artículo 65. Derecho al deporte, que establece el derecho a la educación física, al deporte y a la recreación, siguiendo el lema mente sana en cuerpo sano. TEMA NO. 9 DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE La nueva Constitución fija en su Sección IV los derechos colectivos y del Medio ambiente y en ese sentido protege: 1. La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 2. La protección del medio ambiente; 3. La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. En la protección de estos derechos el medio ambiente constituye la mayor preocupación por lo que en su artículo 67 se establece una serie de medidas para priorizar algunos derechos en provecho de las presentes y futuras generaciones, entre los que se pueden destacar los siguientes: Derecho al uso y gozo de los recursos naturales. Prohibición del desarrollo, producción, tenencia y uso de armas químicas, biológicas, nucleares y de agroquímicos, que estén prohibidos internacionalmente. El Estado deberá velar para que en los contratos que firme, en los que se involucre el uso y explotación de los recursos naturales, se incluya la obligación de conservar el equilibrio ecológico y de restablecer el ambiente en su estado natural, cuando éste resulte alterado. La Constitución determina que los poderes públicos deben controlar los factores de deterioro ambiental e impondrán las sanciones legales y la responsabilidad por los daños causados 68

69 al medio ambiente y a los recursos naturales, exigiendo su reparación. La Carta Magna también se refiere a la cooperación con otras naciones en la protección del ecosistema a lo largo de las fronteras marítima y terrestre. TEMA NO. 10 GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES La Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010 garantiza el disfrute de los derechos fundamentales, que vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad, según disponen la Constitución y las leyes (artículo 68). Por otra parte, el artículo 69 se refiere a la tutela judicial efectiva, para cuya garantía la Constitución establece derechos como lo que se enuncian a continuación: 1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2. El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 69

70 8. Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10. Las normas del debido proceso se aplicaran a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La nueva Constitución protege acciones importantes a favor de ciertos derechos a que es acreedor legítimamente el ciudadano como: El habeas corpus, que permite a toda persona privada o amenazada de su libertad ilegalmente, pedir ante un juez o tribunal competente la acción de habeas corpus, para que conozca y decida de manera rápida y sumaria la legalidad de dicha privación o amenaza (artículo 71). TEMA NO. 11 DERECHO al RECURSO DE AMPARO Finalmente, todo ciudadano tiene derecho a lo que modernamente se denomina recurso de amparo, para reclamar ante los tribunales por sí o por un representante suyo la protección de sus derechos fundamentales, que no estén protegidos por el recurso del habeas corpus ; cuando sus derechos han sido violados o amenazados por cualquier autoridad pública o de particulares para que se haga efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. Este procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidad alguna (artículo 72). En su párrafo único este artículo establece que los actos adoptados durante los Estados de Excepción que violen derechos protegidos y que afecten indebidamente derechos suspendidos quedan sujetos a la acción de amparo. 70

71 El artículo 73 de esta Constitución declara como nulos de pleno derecho los actos que emanen de la autoridad usurpada, así como las decisiones de los poderes públicos emanadas de autoridades inconstitucionales impuestas por acciones ilegales de las Fuerzas Armadas. TEMA NO. 12 PRINCIPIOS DE APLICACIÓN E INTERPRETAcióN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES Los derechos que encabezan este tema reconocidos por esta Constitución, se rigen por los siguientes principios: 1. No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza; 2. Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad; 3. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías; en el caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. 71

73 CAPÍTULO V De los deberes TEMA NO. 13 DEBERES CIUDADANOS Así como todo ciudadano es acreedor de los derechos establecidos en la Constitución, también tiene deberes que cumplir, los cuales están taxativamente trazados en el artículo 75 de la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010 y que por su valor e importancia se detallan debajo: DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES Artículo 75. Deberes fundamentales. Los deberes fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: 1. Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas; 2. Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo; 3. Prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley; 4. Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 73

74 dieciséis y veintiún años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de veintiún años. La ley reglamentará estos servicios; 5. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana; 6. Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente; 7. Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad; 8. Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria; 9. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades; 10. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 11. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano; 12. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. 74

75 CAPÍTULO VI Influencia de la religión y la moral en la conducta humana TEMA NO. 14 MORAL Y RELIGIÓN El comportamiento de las personas y de los grupos sociales, está regulado por determinadas acciones y actividades, unas de tipo material y otras de índole espiritual. Las acciones que caen en el campo espiritual son las que más influyen en la conducta personal y colectiva del hombre y del grupo social, entre las que se destacan la moral y la religión. Pero qué es la moral? No podemos verla ni tocarla como podríamos hacerlo con un objeto cualquiera, porque la moral es un conjunto de facultades del espíritu. Es una virtud que está en nuestra interioridad que valoriza la rectitud de los actos humanos, conscientes y libres, y que sólo podemos demostrarla o exhibirla, observando una conducta intachable ajustada a los principios éticos que demanda y exige la sociedad donde nos ha tocado vivir. La justicia, aplicada por una familia, una tribu, un tribunal, o cualquier grupo humano organizado, es una demostración fehaciente de que la sociedad concede una valoración moral a los actos humanos, lo que de por sí constituye un gran fenómeno social. En otro sentido, la moral es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Tomando 75

76 en cuenta esto, ella constituye uno de los elementos esenciales de todas las religiones, las cuales se ocupan de trazar sus límites, tratando de definir lo lícito o lo ilícito dentro de cada una de ellas. Otra pregunta que obligadamente surge es la siguiente: Qué es la religión? La religión está llamada a enseñar al hombre un conjunto de normas para orientar su conducta y valorar sus actos; por eso se afirma que ella constituye el mayor freno para el comportamiento del individuo en la sociedad. La religión también es el medio por el cual el hombre tributa el culto, el amor, el respeto y la reverencia a Dios, como ser supremo de la humanidad. Aún cuando no se cumplan ni practiquen los ritos de una iglesia determinada, la creencia religiosa es necesaria en todo hombre civilizado. Por eso, puede afirmarse que resultaría nociva y hasta peligrosa, la indiferencia religiosa del ser humano, pues, tradicionalmente, la religión ha constituido el factor básico en la formación humana. La mejor forma de enseñar el contenido de la religión es predicando con la palabra y practicando con el ejemplo los principios y fundamentos que la misma encierra y predica. La religión es sinónimo de fe, piedad, creencia y devoción, por lo que, junto a la moral tiene una influencia decisiva en la conducta personal y social del individuo. Finalmente, podemos afirmar que si la religión y la moral influyen en la conducta personal, también lo hacen en el comportamiento de la sociedad en general, lo que constituye una efectiva contribución para la comprensión y la paz mundial. Por esta razón, debemos estimular que todo hombre profese una religión o un credo determinado, evitando la existencia en 76

77 la sociedad de hombres indiferentes, a quienes nada les importa que en la comunidad haya guerra, odios e intranquilidad. La rectitud de la moral y la pureza de la religión, son factores positivos en la organización y dirección de los pueblos para obtener una conducta de integración social de las personas y de las naciones que forman este mundo ávido de paz, comprensión y concordia. 14.1 La pureza del cristianismo El cristianismo es la religión fundada por Nuestro Señor Jesucristo. Sus Fundamentos y principios están contenidos en las Sagradas Escrituras, y particularmente en los Santos Evangelios, escritos por los evangelistas San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo, quienes tuvieron el privilegio de vivir junto al mismo Cristo. La Escritura cristiana fue ampliamente activada por san Pablo, a quien se le llamó Apóstol de los Gentiles. En sus comienzos, la fe cristiana sólo contó con clases sociales humildes; pero muy pronto se fueron integrando prosélitos de todos los órganos de la sociedad. En los primeros siglos de la cristiandad existió una gran unidad entre los seguidores de esta religión; sin embargo, posteriormente surgieron divisiones, de tal manera que en la actualidad, el cristianismo aparece dividido en tres grandes grupos: católicos, protestantes y cismáticos, aunque todos siguen y tienen a Cristo como centro de sus creencias. 14.2 Diferentes credos y creencias a) Catolicismo: Congregación de fieles que tienen como cabeza invisible a Nuestro Señor Jesucristo y como cabeza visible al Vicario de Cristo en la tierra, Su Santidad el Papa, Obispo de Roma y asiento principal de la religión Católica. 77

78 Según el dogma de la iglesia Católica, sus feligreses deben seguir y creer a todo cuanto ésta ordenó creer, por medio del Papa, a quien se le considera infalible, o sea que no se equivoca, pero solamente cuando habla como pastor universal, ex cathedra, sobre asuntos referentes a la fe y a las buenas costumbres. Las verdades del catolicismo están contenidas en la Revelación, las Sagradas Escrituras y la Tradición, las que se consideran como sus tres fuentes principales. Aunque más del 90% de la población dominicana profesa el catolicismo, nuestra Constitución, dentro de los derechos individuales y sociales, consagra la libertad de conciencia y de cultos, razón por la cual los dominicanos pueden seguir cualquier otro credo o creencia existente o no, dentro del territorio nacional. Otras creencias, algunas de las cuales han sido desprendimiento del catolicismo, son las siguientes: b) Luteranismo: Doctrina fundamentada en las enseñanzas de Martín Lutero, en la que el Evangelio se convierte en la única norma de conducta y se niega la autoridad del Papa. Actualmente cuenta con muchos millones de seguidores, y está considerada como la comunidad protestante más grande del mundo; c) Anglicanismo: Esta creencia predomina en Inglaterra y otros países de influencia británica y se originó en las famosas disputas político-religiosas entre Enrique VIII y el Papado. Su principio fundamental es su carácter nacional, la subordinación al rey, considerado como supremo pontífice, y el radical desconocimiento de la autoridad del Papa. Esta creencia tiene mucha similitud con la católica, en lo que respecta a la liturgia y orden jerárquico, cuya tradición mantiene, a no ser que se encuentre en ella una clara oposición a la palabra de Dios. En los últimos 78

79 años se ha venido hablando de un estrecho acercamiento entre el catolicismo y el anglicanismo. d) Adventista: Es una secta americana fundada por el norteamericano William Miller en 1831. Espera un segundo y próximo advenimiento de Cristo. Esta secta alcanzó muchos seguidores que a su vez se dividieron en otras sectas, la más importante de las cuales es la de los Adventistas del Séptimo Día. e) Calvinismo: Creencia fundada por Juan Calvino. Constituye una de las formas más importantes del protestantismo. Desconoce la autoridad del Papa y de los obispos y preconiza el celibato de los sacerdotes. Según Calvino la única regla de la fe son las Escrituras. Además de las creencias señaladas, hay otras que forman parte del protestantismo. Entre ellas figuran: presbiterianos, pentecostales, bautistas, episcopalianos, etc. Existen algunos sectores que no caen dentro de los credos y creencias cristianas, pero que giran alrededor de Cristo, por lo que se les llama cristológicos, entre los cuales figuran los Testigos de Jehová, Mormones, etc. 14.3 El comportamiento moral, social y humano del hombre y la mujer Indudablemente que la conducta que tanto el hombre como la mujer observan en la sociedad permite apreciar su calidad y comportamiento, primero con Dios, Nuestro Señor, con la Patria, con sus progenitores y de manera muy especial cómo se conduce en la sociedad y particularmente en la mesa, tanto en su propia casa como en la ajena, donde queda retratado de cuerpo entero, de acuerdo a la cortesía y buenos modales, que la sociedad nos enseña a conducirnos con la decencia y moderación que distinguen a una persona civilizada y culta. 79

80 Basta con observar la grandeza de la creación y los grandes inventos que en forma rápida y permanente se realizan en el mundo de hoy, para concebir y reconocer la sabiduría y grandeza de Dios, para amarlo, reconocerlo y adorarlo como ser Supremo y autor de tantas maravillas. Dios, reúne una inmensa grandeza y perfección, por lo que es nuestro deber moral alabarlo permanentemente y reconocerlo sin condiciones ni cuestionamientos. La patria es el territorio donde nacemos y vivimos, formando con nuestros conciudadanos una gran sociedad de intereses y sentimientos nacionales, por lo que un profundo afecto nos une al país, a la región, a la tierra que nos vio nacer o donde por cualquier circunstancia hemos fijado residencia permanente. A la patria debemos amor y respeto, que deben manifestarse, principalmente, por el cumplimiento de los deberes que nos impone el patriotismo. Lo noble y lo sublime se encuentran conjugados en el dulce nombre de la patria, por lo que a ella debemos respeto, amor y servicio en el momento que lo necesite y lo reclame. Constituye una obligación nuestro amor, respeto y veneración hacia nuestros padres, autores de nuestros días y quienes con gran amor y sacrificio enjugaron nuestras primeras lágrimas y se dedicaron al cuidado de nuestra infancia, consagrando sus desvelos a la ardua y difícil tarea de nuestra educación. El amor materno lo encontramos sintetizados en la Virgen María, quien dedicó su vida al cuido de su hijo Jesús con puro entusiasmo hasta encontrarla en la sangrienta escena de la cruz donde exhibió el cuadro más perfecto y patético del amor materno. Son nuestros padres, nuestros primeros y más sinceros amigos así como nuestros naturales consultores y leales confidentes, lo que nos impulsa a brindarles el amor y respeto que ellos merecen. 80

81 Se expresa en los libros Sagrados que los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, se pueden refundir en dos: Amar a Dios sobre todas las cosas, de lo cual comentamos al principio de este tema y amar al prójimo como a si mismo. De manera que el amor a nuestros semejantes es un reflejo que emana del supremo deber de amar a Dios, por lo que el amor al prójimo es un mandato divino que ayuda a la suprema conquista de tener un mundo de paz. Es una norma de buen comportamiento el respeto a las personas mayores y envejecientes; consideración a las mujeres, consideración y cuidado a los niños y adolescentes, para lo cual en nuestro país se emitió la ley No. 14-94 que trata ampliamente sobre el tema, indicando las sanciones a que se hacen acreedores quienes la violen. Constituye una norma de buenos principios conducirse dignamente ante el público, de tal manera que el comportamiento no sea ofensivo al prójimo y refleje el respeto y la consideración que debemos a los demás, aunque no se les conozca personalmente. También es recomendable mantener una esmerada higiene en nuestro cuerpo, de forma tal, que toda persona al levantarse y al acostarse debe cumplir con las normas del aseo personal, especialmente, cepillarse los dientes y bañarse, pues el aseo es una gran base de estimación social, comunicando así en nosotros un irresistible atractivo, asumiendo en nosotros cualidades adecuadas en el sentido de que la pulcritud es un signo altamente positivo en el aspecto personal. Se afirma que la mesa es uno de los lugares donde con más claridad se revela el grado de educación y cultura de los individuos, pues al comer y hasta en la manera de sentarse a la mesa denotan su alto o bajo nivel educativo. 81

82 Como norma esencial de urbanidad nadie debe hablar mientras tenga alimentos en la boca pues incluso puede despedir parte de la comida, lo que denota un desagradable descuido. Conviene advertir que muchos de los excesos y desaciertos en que se incurre en las reuniones de mesa tienen su origen en el gravísimo error de pensar que en la mesa privada o familiar puede hacerse uso de una amplia e ilimitada libertad. Finalmente, no debe tomarse asiento en la mesa antes de que lo hayan hecho nuestros padres, los invitados si los hay así como cualquier otra persona de mayor respeto que nos acompañe. Es tradicional la costumbre de saludar y despedirse de cualquier visita o reunión que hagamos a nuestros familiares y amigos, así como también que al conversar con ellos utilicemos los buenos modales que deben acompañar a todo hombre o mujer de buena educación. 14.4 Rectitud de la moral, generalidad y pureza de la religión Si la religión y la moral influyen en la conducta personal, también influyen en el comportamiento de la sociedad en general, lo que constituye una efectiva contribución para la comprensión y la paz mundial. Por esta razón, debemos estimular que toda persona profese una religión o un credo determinado, para que no existan en la sociedad personas indiferentes ante los males que nos aquejan, como guerra, odios e intranquilidad. La rectitud moral y la pureza de la religión, son factores positivos en la organización y dirección de los pueblos. Ambas contribuyen a la integración social de los seres humanos y de las naciones para el mantenimiento de la paz, la comprensión y la concordia. 82

83 CAPÍTULO VII Algunas ideas sobre los gobiernos Los gobiernos están constituidos por el conjunto de funcionarios del más alto nivel que orientan y dirigen la vida del Estado, principalmente en sus relaciones con las personas e instituciones que forman la nación. Muchos estadistas sitúan el origen del gobierno en la organización familiar. Políticamente, el origen del gobierno lo encontramos en la experiencia de las ciudades-estados griegos, sobre las cuales Aristóteles manifiesta en su famosa obra Política, que el poder supremo pertenece a uno solo, a algunos o a la mayoría, y de acuerdo con esto aparecen la Monarquía, la Aristocracia y la República, que degeneran en tiranía, oligarquía o demagogia, cuando olvidan el interés colectivo. TEMA NO. 15 EL GOBIERNO NACIONAL El Gobierno Nacional está definido en el artículo 4 de la nueva Constitución, cuyo contenido se incluye a continuación: Artículo 4. Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son 83

84 independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. El Gobierno dominicano es civil porque las autoridades elegidas son personalidades de la vida civil, y los militares, para poder presentarse como candidatos a un cargo electivo no pueden estar en servicio militar o policial activo, por lo menos durante un año antes de las elecciones. Es republicano por tener un régimen civil y democrático dividido en provincias que dependen directamente del Poder Ejecutivo, cuyos representantes (gobernadores) en algunos países, son designados por el Presidente de la República, y en otros, escogidos por el pueblo en elecciones generales, libres y secretas. Es democrático porque su Ley Fundamental establece que debe expresar la voluntad de la mayoría de los dominicanos, por medio del voto, para la elección de los principales funcionarios que han de dirigir y administrar los intereses de la Nación. La voluntad de la mayoría, y el alto interés de la colectividad, son característicos del régimen democrático. Es representativo porque nuestra legislación dispone que los funcionarios que lo integran sólo actúen en representación del pueblo. Cualquier gobierno que en nuestro país no posea las cuatro características explicadas anteriormente, es un gobierno inconstitucional. El Gobierno Nacional está representado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independiente uno de otro, los cuales se definen en otro capítulo de este mismo Manual. 84

85 15.1 Diferentes sistemas de gobiernos Al explicar este tema señalamos que el número de personas que ejerzan el poder y el criterio de voluntad de esas personas para dirigirlo, es lo que determina la forma de gobierno de cada país, a algunos de los cuales nos referimos a continuación: Monarquía. Es el Estado regido por un monarca, donde éste gobierna solo según leyes establecidas. Generalmente el monarca es designado por orden hereditario y a veces por elección. El gran filósofo griego Aristóteles define la monarquía como Gobierno de uno solo, en oposición a oligarquía gobierno de unos pocos y democracia gobierno de muchos. La monarquía absoluta es aquella en que toda la soberanía reposa en el monarca, con un absolutismo pleno. Ejemplo de esta forma de gobierno la podemos observar en algunos países del Medio Oriente, pero, debido a su propia estructura, esta forma de gobierno tiende a desaparecer. Monarquía constitucional es aquella en que la soberanía reside en el pueblo y el monarca es una figura simbólica, cuyas funciones están delimitadas jurídicamente por una Constitución, como en Holanda, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Inglaterra, etc., pues en realidad quien gobierna es el Parlamento y los primeros ministros. Son características generales de la monarquía su carácter vitalicio y su continuidad. La monarquía es uno de los sistemas de gobierno más antiguos que se conocen. Imperio. Un imperio está gobernado por un Soberano con poderes especiales sobre uno o varios Estados que se unen para reforzar su poderío. Como ejemplo, podemos mencionar el Imperio Británico. Los estados de un imperio conservan su autonomía, es decir, su independencia en los asuntos internos. 85

86 15.2 Definición y conceptos básicos sobre: a) Estado: Conjunto de personas establecidas sobre un territorio determinado y sujetas a la autoridad de un mismo gobierno. b) Nación: Entidad jurídica del Estado, formada por el conjunto de habitantes de un país con cierta unidad de raza, lengua, religión, historia y cultura, que les crea conciencia de un destino común. c) País: Territorio, comarca, lugar. Parte física del Estado o Nación. d) Pueblo: Conjunto de los habitantes de un lugar, región o país. e) Patria: País habitado por el grupo social al que una persona siente que pertenece. f) Oligarquía: Régimen político en el cual la soberanía se halla en manos de algunas personas, familias o una clase social. g) Aristocracia: Grupo de ciudadanos a quienes se consideran como los más selectos de la sociedad. Régimen político en el cual la autoridad es ejercida de manera exclusiva por una categoría de ciudadanos considerados como los más selectos de la sociedad en razón de su nacimiento, su talento o su fortuna. h) República: Forma de gobierno representativo en el que el poder reside en el pueblo, personificado éste por un presidente elegido por la ciudadanía. 86

87 CAPÍTULO VIII Definición y concepto sobre la democracia TEMA NO. 16 EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Este sistema político se caracteriza porque favorece la participación del pueblo en el gobierno, la cual tendrá predominio en el gobierno político del Estado. Partiendo de este contenido filosófico, el gran norteamericano Abraham Lincoln definió la Democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El término democracia proviene de dos palabras griegas: demos pueblo; y kratos autoridad. Democracia es, entonces, la autoridad del pueblo, es decir, gobierno del pueblo. La democracia, como forma de gobierno y vida social, tuvo sus orígenes en las antiguas ciudades-estados de Grecia, y a ello contribuyó la genialidad del pueblo griego, las condiciones económicas y el hecho de que los ciudadanos podían, por su escaso número, reunirse en asambleas para elegir sus propios magistrados y elaborar sus propias leyes. Dentro de la democracia encontramos las siguientes designaciones: Democracia directa, en la que la asamblea de los ciudadanos vota las leyes y designa a los titulares del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Democracia representativa, en la que los ciudadanos eligen una o varias asambleas que dictan las leyes y designan 87

88 los responsables del Poder Ejecutivo. Cuando en este tipo de Democracia hay una sola asamblea, ésta recibe el nombre de unicameral, pero si tiene dos asambleas, recibe el nombre de bicameral. Una se llama Cámara Alta, y la otra Cámara Baja. Ejemplo: la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que existen en la mayoría de los países latinoamericanos, entre los cuales está incluida la República Dominicana. Aunque la democracia presenta muchas ventajas y es el sistema de gobierno que más tranquilidad y sosiego puede dar a los pueblos, encontramos que también presenta algunos inconvenientes, y aunque su fundamento está en el respeto a las libertades públicas, en muchos países, principalmente los que se alinean en contra de la doctrina socialista, el respeto a las libertades sólo figura en las páginas de la Constitución y las leyes, violándose con frecuencia los derechos humanos y surgiendo, en nombre de la democracia muchos tiranos y autócratas. Otro sistema de gobierno es la República regida por un Consejo de Gobierno, formado por varios miembros, como sucede en Suiza, que evita la centralización del poder en un solo ciudadano y constituye una de las formas de gobierno más democráticas. 16.1 Diferencia entre tiranía y dictadura Aunque por su similitud, hay cierta tendencia a identificar la tiranía y la dictadura, llamando a un gobierno tiránico como si fuera dictatorial y viceversa, realmente no tienen la misma significación, pues los gobiernos tiránicos y los dictatoriales operan de manera diferente. La tiranía se caracteriza por la imposición en grado extraordinario de cualquier poder o fuerza. Por eso el tirano es quien obtiene y mantiene contra derecho el gobierno del Estado, 88

89 gobernando sin justicia y según su voluntad. Ejemplo de tiranía lo encontramos en el gobierno de Trujillo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, no podemos decir que Trujillo fue un dictador, pues, en la dictadura no existe la división de los tres poderes, lo que sí mantuvo Trujillo, aunque los representantes de esos poderes tenían que hacer lo que él disponía a su antojo, so pena de perder la posición y hasta la vida. La dictadura se caracteriza por la falta de límites en el ejercicio de las facultades políticas, pues, las funciones ejecutivas y legislativas están en manos de uno o más hombres, y éstos intervienen, directa o indirectamente en la designación o destitución de los miembros del Poder Judicial. Históricamente, encontramos que en Roma, en algunas épocas, la dictadura fue una forma de gobierno legal. La dictadura se caracteriza por la falta de límites en el ejercicio de las facultades políticas, y porque las funciones ejecutivas y legislativas están en manos de un hombre. El dictador reconoce los derechos y libertades de los ciudadanos; el tirano pisotea esos derechos y suprime esas libertades. Indudablemente, los pueblos que sufren estas formas de gobierno retroceden en el campo cultural, social, económico y político, porque los tiranos sólo se ocupan del bienestar y enriquecimiento ilícito de sus familiares o de la camarilla de personas que los rodean, causando profundos males sociales a toda la colectividad. Se dice que los países que padecen tiranos progresan desde el punto de vista material, porque la egolatría de éstos los lleva tan lejos que disponen la construcción de obras suntuosas, pensando que con ellas serán recordados perennemente por el pueblo que sojuzgaron. Pero ese progreso es aparente. Además, desde el punto de vista moral, hay un retroceso, porque, ante el ejemplo de los que dirigen, mucha gente del pueblo se corrompe en el robo y el crimen. 89

90 En la República Dominicana encontramos que el Gobierno del Consejo de Estado (1962) y el Gobierno Provisional de 1965-1966, tuvieron en sus manos el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y gobernaron el país con decretos-leyes, características de las dictaduras. Sin embargo, no podemos afirmar que los hombres que dirigieron el país en esos gobiernos, fueron dictadores, pero tampoco fueron tiranos. A estas clases de gobiernos se les suele llamar gobierno de transición. Los tratadistas modernos conciben dos tipos de dictaduras: la constitucional, semejante a la romana, que surge por voluntad del pueblo en situaciones catastróficas para el país (cataclismos, guerras), pero con una duración limitada y la inconstitucional que se impone y se mantiene indefinidamente en contra de la voluntad popular. 16.2 Breve historia de las tiranías latinoamericanas Para respetar el principio de no ingerencia en los asuntos de otros pueblos, no vamos a hacer historia sobre lo que han hecho y hacen las diferentes dictaduras y tiranías que ha sufrido nuestro continente, pero, como su existencia no es un secreto para nadie, nos limitaremos exclusivamente a señalar algunas de ellas: 1. En Argentina: General Juan Domingo Perón (1946-1955). 2. En Chile: General Augusto Pinochet, desde 1973 hasta 1990 encabezó el gobierno militar que inmoló y derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. 3. En Brasil: Getulio Vargas Dornelles (1930-1945 y 1951-1954). 4. En Paraguay: General Alfredo Stroessner (1954-1989). 5. En Perú: General Juan Velasco Alvarado (1968-1976). 6. En Venezuela: General Juan Vicente Gómez (1908-1931). 90

91 7. En Venezuela: General Marcos Pérez Jiménez (1952-1957). 8. En Colombia: General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1958). 9. En Nicaragua: Anastasio Somoza (padre) (1937-1947; 1950-1956). 10. En Nicaragua: Luís Somoza Debayle (1956-1967). 11. En Nicaragua: Anastasio Somoza Debayle (1967-1979). 12. En Haití: François Duvalier (1957-1971). 13. En Haití: Jean Claude Duvalier (1971-1986). 14. En Cuba: Gerardo Machado y Morales (1925-1933). 15. En Cuba: General Fulgencio Batista y Saldívar (1940-1944 y 1952-1958). 16. En Cuba: Fidel Castro Ruz (1959 hasta la fecha). 17. En República Dominicana: Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961). 16.3 La soberanía y su principio constitucional Políticamente, la soberanía se define como el poder supremo que caracteriza y tipifica el Estado, siendo al mismo tiempo la fuente de todos los poderes públicos. A través de la soberanía, el Estado puede mantener una posición suprema sobre todos los grupos y poderes del orden social. Siempre ha existido un profundo respeto por el significado jurídico de la soberanía, y se le considera de tanta importancia, que se la define como el poder absoluto y perpetuo de una república. Modernamente, la soberanía ha perdido parte de su fuerza y significación, y con frecuencia vemos cómo se viola la soberanía de los pueblos, o soberanía nacional, que según algunas teorías de derecho político, pertenece al pueblo, del que deben emanar todos los poderes del Estado, aunque los mismos se 91

92 ejerzan por representación, pero siempre a través de los poderes reconocidos por la Constitución, pues ahí es donde debe reposar el principio constitucional de la soberanía. La fuerza constitutiva de la soberanía nacional reside en la inviolabilidad del territorio, expresamente consagrado como principio constitucional. En nuestro país, dice la Carta Magna: la República es, será y deberá ser libre e independiente de todo poder extranjero, disponiendo que ninguno de los poderes públicos organizados por la Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una ingerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en su Constitución. No obstante el significado del párrafo anterior, si estudiamos la historia vemos que en más de una ocasión se ha violado el contenido del artículo constitucional, y el país ha sido víctima de varias intervenciones extranjeras, las cuales jamás encontrarán justificación en aquellos que real y efectivamente sientan la nacionalidad. 16.4 El amor patrio, el amor provincial y el amor municipal Tres grandes amores representan el profundo afecto que nos une al país, a la región o a la tierra que nos vio nacer, o donde por una u otra circunstancia hemos fijado residencia permanente. Este amor también puede manifestarse por aquellos lugares donde las circunstancias de la vida nos han llevado a recibir nuestra formación y educación. La Patria es el país donde nacemos, crecemos y nos desenvolvemos con nuestra familia. A ella le debemos respeto, 92

93 manifestado con el cumplimiento de los deberes que nos impone el patriotismo. Todo buen patriota debe estar listo para defender su país tanto de las agresiones físicas como morales que pueda recibir de dentro o de fuera del territorio. Cómo expresamos nuestro amor a la Patria? Observando una buena conducta en todo momento y en toda oportunidad. Un buen ciudadano debe preocuparse y ayudar al desarrollo integral de su Patria, tratando de impulsar su educación y su cultura, pues, de acuerdo con su mayor o menor índice cultural, será juzgada en el extranjero. El amor a la Patria es tan intenso que cuando nos encontramos fuera de ella, aunque sea por propia voluntad, la añoramos y anhelamos retornar, porque la gente y los bellos paisajes constituyen realidades inolvidables. Vivir apegado al recuerdo de la Patria es una acción tan íntima de cada hombre, que cuando estamos lejos de ella y nos encontramos con un compatriota, lo abrazamos y saludamos como si fuera miembro de la familia. El haber nacido en un país determinado forma parte de la propia vida. Por eso vivimos pensando en ese territorio con puro amor y con orgullo repetimos el nombre de ese territorio cuando nos preguntan nuestro origen. Aunque otros pueblos nos acojan fraternalmente, seguimos pensando en el lugar donde nacimos. 93

95 CAPÍTULO IX El poder TEMA NO. 17 CóMO SE EJERCE Y EN QUIéN RESIDE EL PODER Se entiende por poder el dominio o facultad que uno tiene para ejecutar una cosa. El poder también se traduce como las fuerzas de un Estado. En un Estado, el poder se ejerce a través de los representantes de los tres poderes tradicionales que caracterizan los pueblos fundamentados en la doctrina política de la democracia, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además de los tres poderes tradicionales, en la República de Taiwán, existen el poder-control, el poder-examinador, con la misma jerarquía que los demás. El poder-control vigila las cuentas públicas, uso y aplicación de los fondos, el examinador provee y supervisa los funcionarios y empleados de todas las agencias gubernamentales. Se afirma con razón que el poder reside en el pueblo. Aunque para otros el poder del Estado reside en la fuerza, lo que constituye un hecho y no un derecho, pues es a todas luces, contrario a los principios y a las características de la democracia representativa. Indudablemente que el poder es aquel que emana de la voluntad libre del pueblo, manifestado a través del sufragio, en elecciones generales y libres. En oposición al poder legal, 95

96 está el que se escuda en el poder de la fuerza, cuya característica principal es el golpe de Estado. Las presentes generaciones hemos sido testigos de golpes de Estado, como el que se dio en 1963, contra el gobierno legal y democrático que presidió el Profesor Juan Bosch. 17.1 Cuándo el poder es legal y cuándo es ilegal? El sistema democrático solo reconoce la vía del sufragio para llegar al poder. Por tanto, el poder emanado de la voluntad popular, mediante el voto libre y secreto en elecciones competitivas debe ser respetado y garantizado tanto por el pueblo como por las Fuerzas Armadas. Por el contrario, el poder que surge a espaldas del pueblo por el golpe de Estado, la agitación, la revolución, etc., es un poder usurpado e ilegal, y según lo establece la propia Constitución, el pueblo no está obligado a respetarlo, ni mucho menos a mantenerlo. Podemos distinguir tres clases de golpes de Estado: El civil, que surge de un ala del mismo gobierno, pero integrado por civiles; El militar, que surge de las Fuerzas Armadas; y El cívico-militar, que es una combinación de las dos formas anteriores, o sea, lo integran civiles y militares. 17.2 La División del poder en los sistemas democráticos Cuando hablamos de democracia representativa nos estamos refiriendo a los países donde el gobierno es elegido libremente por el pueblo, mediante elecciones generales y libres. El partido que resulta vencedor en las elecciones es el encargado de dirigir los destinos de la Patria por el tiempo establecido en la Constitución de cada país. En la República Dominicana, la Constitución establece un período constitucional de cuatro años. 96

97 En otros países este período es de cinco, o de seis años, pero siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes. Los gobiernos fundamentados en el sistema de la Democracia Representativa orientan sus actividades mediante tres poderes, completamente independientes entre sí. Cada uno de esos poderes cumple con las funciones que le señala la Constitución. Estos son: El Poder Ejecutivo, encargado de ejecutar y cumplir lo que las Cámaras Legislativas dispongan. La máxima autoridad del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República. Son sus colaboradores inmediatos el Vicepresidente de la República y los ministros. El Poder Legislativo es el encargado de dictar las leyes que necesita el país. Dichas leyes, de acuerdo con lo que establece la Constitución, deben estar orientadas a proporcionar beneficios y felicidad a todos los habitantes del país. Por otra parte, todos los ciudadanos están en la obligación de cumplirlas. El Poder Judicial está constituido por los Tribunales de Justicia y es el encargado de sancionar a quienes violan las leyes. 17.3 La independencia y la armonía que debe existir entre los poderes del Estado La división e independencia de los tres poderes del Estado que caracteriza la Democracia Representativa es la base del régimen constitucional moderno, que garantiza las libertades públicas. El principio e independencia de los tres Poderes del Estado para la garantía de las libertades públicas facilita el desenvolvimiento del sistema y contribuye a que los ciudadanos se sientan satisfechos de haber depositado el voto a favor de quienes velan por su bienestar y seguridad. La democracia representativa reconoce como única autoridad al pueblo, a través de sus representantes libremente 97

98 elegidos. Democracia quiere decir, autoridad del pueblo. Por eso el pueblo elige a quienes considera con calidad para representarlo. Por su parte, las personas elegidas para desempeñar una función pública están sujetas a la crítica pública, a través de la prensa y otros medios de comunicación. Quien ha disfrutado de los favores del pueblo asume la responsabilidad de desempeñar el cargo con capacidad y honestidad y siempre pensando en el bienestar de quienes le otorgaron su voto. Para hacer más comprensible lo explicado precedentemente aparece más abajo un cuadro que indica cómo están organizados los poderes del Estado, así como el nombre de los cargos e instituciones que los representan. GOBIERNO DEL ESTADO PODER poder poder EJecutivo legislativo JUDICIAL PRESIDENTE congreso SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE la nacional y TRIBUNALES CREADOS república por LA CONSTITUCIÓN y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA 98

99 CAPÍTULO X Ejercicio y constitución del Poder Ejecutivo: su representante El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, que de acuerdo con nuestra Constitución permanece cuatro años en sus funciones, después de haber sido elegido libremente por el pueblo, mediante el voto directo y secreto, en elecciones generales. El Presidente es responsable absoluto de sus decisiones. Tradicionalmente, en nuestro país las elecciones generales se celebran el 16 de mayo, cada cuatro años, y las autoridades elegidas toman posesión de sus cargos el 16 de agosto, fecha en que se conmemora la Restauración de la República. En 1994 la Asamblea Revisora, integrada por los Senadores y Diputados de la República, para resolver la difícil situación política que se presentó en el proceso electoral celebrado en ese mismo año, introdujo una modificación constitucional, aprobando celebrar elecciones generales en 1996 para elegir nuevamente al Presidente y al Vicepresidente de la República, acortando en dos años el período presidencial, no así a los miembros del Congreso Nacional, ni a los del régimen municipal. También se modificó la Constitución para que las elecciones de 1996 se celebraran mediante el moderno sistema de dos vueltas electorales, igual a como lo hacen varios países latinoamericanos y europeos. 99

100 Esta modificación determinó que para alcanzar la presidencia de la República, el candidato debía obtener el 50% más uno de los votos emitidos y en caso contrario concurrir a una segunda vuelta electoral, únicamente con el candidato que quedara en segundo lugar. Estas elecciones se efectuarían 45 días después. En 1996 el doctor Joaquín Balaguer, con su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), apoyó en la segunda vuelta al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) integrando el denominado Frente Patriótico, resultando victorioso el candidato de ese partido doctor Leonel Fernández Reyna, quien gobernó al país en el período 1996-2000, derrotando al candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez. En el año 2000 ganó en la primera vuelta, el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, candidato del PRD, quien derrotó al candidato del PLD, licenciado Danilo Medina. El doctor Leonel Fernández fue elegido nuevamente para los períodos 2004-2008 y 2008-2012. En la última elección tuvo como contendores, por el PRSC al señor Amable Aristy Castro, mientras que el candidato del PRD fue el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. También forma parte del Poder Ejecutivo el Vicepresidente de la República, quien no tiene funciones señaladas en la Constitución, a no ser la de sustituir al Presidente Constitucional de la República de manera temporal o permanente, en los casos de ausencia, incapacidad o muerte. Por otra parte, los Ministros son colaboradores del Presidente en las diferentes áreas en que se estructura la Administración Pública (Educación, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, etc.,) pero los mismos no forman parte del Poder Ejecutivo. 100

101 TEMA NO. 18 REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Nuestra Constitución determina en su artículo 123 que para ser Presidente de la República, es necesario reunir los siguientes requisitos: 1. Ser dominicano de nacimiento u origen; 2. Haber cumplido 30 años de edad; 3. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 4. No estar en servicio militar o policial activo, por lo menos durante el año que preceda a la elección. En razón de que el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República está llamado a sustituir al Presidente de la República, en los casos previstos por la misma Constitución, éste se elige por el mismo tiempo y debe reunir los mismos requisitos exigidos para ser Presidente de la República. Tanto el Presidente, como el Vicepresidente, antes de entrar en funciones deberán prestar ante la Asamblea Nacional el siguiente juramento: Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar sus derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. El Vicepresidente o Vicepresidenta de la República debe reunir los mismos requisitos que para ser Presidente de la República y se elige por igual período y por voto directo (artículo No. 125). Sin embargo, nuestra Carta Magna tiene previstos los casos especiales cuando por algunas circunstancia el Presidente de la República no pueda juramentarse, según consta en el artículo 126, que transcribimos a continuación: 101

102 1. Cuando el Presidente de la República no pueda juramentarse, por encontrarse fuera del país, por enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor, será juramentado el Vicepresidente de la República, quien ejercerá de forma interina las funciones de Presidente de la República, y a falta de éste, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez cese la causa que haya impedido al Presidente o al Vicepresidente electos asumir sus cargos, éstos serán juramentados y entrarán en funciones de inmediato; 2. Si el Presidente de la República electo faltare de forma definitiva sin prestar juramento a su cargo, y esa falta fuese así reconocida por la Asamblea Nacional, lo sustituirá el Vicepresidente de la República electo y a falta de éste, se procederá en la forma indicada precedentemente. 18.1 Funciones y atribuciones del presidente de la República Importantes sectores de la vida nacional, especialmente los agrupados en el sector político, tradicionalmente han criticado que el artículo 55 de la anterior Constitución de la República le daba poderes casi omnímodos al Presidente de la República y han venido pidiendo un estudio exhaustivo del mismo para su revisión y modificación. Previo a la realización de la Asamblea Revisora de la Constitución, el Presidente Fernández Reyna designó una comisión de prestigiosos abogados especialistas en asuntos constitucionales, quienes llevaron a cabo una extensa consulta popular en todo el país para que los sectores sociales, políticos, económicos, empresariales, educativos, congresionales, judiciales, municipales, etc., expresaran sus opiniones sobre los temas a incluir en la nueva Carta Magna. En base a las sugerencias vertidas por los consultados se modificó sustancialmente el referido artículo 55 102

103 y se incluyeron algunos de los puntos que gran parte del pueblo reclamaba que fueran modificados. Las funciones y atribuciones del Presidente de la República aparecen en el artículo 128 de la Constitución y se leen como sigue: 1. En su condición de Jefe de Estado le corresponde: a) Presidir los actos solemnes de la Nación; b) Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario; c) Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial; d) Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República; e) Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el contingente de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público; f) Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la Nación, en caso de ataque armado actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de Estado de Defensa si fuere procedente; g) Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 de esta Constitución; h) Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las disposiciones del artículo 103

104 62, numeral 6 de esta Constitución que perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas y que no constituyan los hechos previstos en los artículos 262 al 266 de esta Constitución; i) Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares, y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas; j) Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales; k) Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o la seguridad nacional; l) Prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional. 2. En su condición de Jefe de Gobierno tiene la facultad de: a) Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos; b) Designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad con la ley; c) Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario; d) Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la 104

105 afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de doscientos salarios mínimos del sector público; e) Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales; f) Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior; g) Someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente. 3. Como Jefe de Estado y de Gobierno le corresponde: a) Designar, con la aprobación del Senado de la República, los embajadores acreditados en el exterior y los jefes de misiones permanentes ante organismos internacionales, así como nombrar los demás miembros del cuerpo diplomático, de conformidad con la Ley de Servicio Exterior, aceptarles su renuncia y removerlos; b) Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus representantes; c) Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones internacionales en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros; d) Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar inmuebles y aprobar o no los contratos que hagan, cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales; 105

106 las leyes. e) Las demás atribuciones previstas en la Constitución y 18.2 La sucesión presidencial Este importante aspecto está regido en el artículo 129 de la nueva Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, del cual hemos preparado una síntesis, que pasamos a detallar a continuación: El Presidente de la República no puede salir del territorio nacional por más de quince días sin autorización del Congreso, y tanto él como el Vicepresidente, no pueden renunciar sino es ante la Asamblea Nacional, debidamente integrada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Ante la falta temporal del Presidente, el Poder Ejecutivo es ejercido por el Vicepresidente, y si también éste falta, lo ejerce el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si la falta del Presidente de la República es definitiva, la Presidencia es desempeñada por el Vicepresidente, durante el tiempo que falte para la terminación del período presidencial, pero si también faltare definitivamente el Vicepresidente de la República, el Poder Ejecutivo es asumido interinamente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien a los 15 días de haber asumido esas funciones, deberá convocar a la Asamblea Nacional para que en el plazo de los 15 días siguientes, elija al sustituto definitivo en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso, hasta haber realizado la elección del nuevo Presidente. Si por cualquier circunstancia, no pudiere hacerse la convocatoria arriba indicada, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho, para efectuar la elección en la forma más arriba explicada. 106

107 18.3 El Ejecutivo como jefe de la administración pública El artículo 128 de nuestra Constitución establece con claridad que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de todas las Fuerzas Armadas de la República y de los Cuerpos Policiales, y responsable de la política interior y exterior de la administración pública. Esta disposición constitucional pone sobre el Presidente de la República una gran responsabilidad, obligándole a preocuparse por la buena organización, y buen funcionamiento de los servicios públicos, tales como la educación, la salud, la asistencia social. También deberá estar vigilante para que el manejo de los fondos nacionales se haga con la mayor honestidad. 18.4 Auxiliares del Poder Ejecutivo Para facilitar y descentralizar el gran trabajo que se produce en la Administración Pública, el Presidente de la República designa colaboradores o ministros, los cuales son colocados al frente de los diferentes ministerios, cuyas sedes están localizadas en la capital de la República, pero con dependencias en casi todas las provincias y municipios del territorio nacional. El objetivo es atender a los ciudadanos en general para los diferentes asuntos de la vida pública. Cada ministerio tiene funciones específicas y en sus nombres puede advertirse la finalidad de las mismas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, tiene como objetivo dirigir y supervigilar la educación nacional y el Ministerio de Agricultura tiene a su cargo los asuntos agropecuarios. Los ministerios sin Cartera son aquellos que no tienen un campo de acción determinado, pudiendo ser utilizados en tareas específicas, pero al terminar su encargo nuevamente quedan a disposición del Presidente de la República. 107

108 Actualmente existen los siguientes ministerios, frente a cada uno de los cuales hay un funcionario que tiene el título de Ministro. 1. Ministerio de las Fuerzas Armadas. 2. Ministerio de Interior y Policía. 3. Ministerio de la Presidencia. 4. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 5. Ministerio Administrativo de la Presidencia. 6. Ministerio de Relaciones Exteriores. 7. Ministerio de Educación. 8. Ministerio de Agricultura. 9. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 10. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 11. Ministerio de Industria y Comercio. 12. Ministerio de Trabajo. 13. Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación. 14. Ministerio de Medio Ambiente. 15. Ministerio de Hacienda. 16. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 17. Ministerio de Administración Publica. 18. Ministerio de la Mujer. 19. Ministerio de la Juventud. La Ley establece las atribuciones de los ministros y viceministros, según lo establecido en el artículo 136 de nuestra Carta Fundamental. En otras oportunidades estas dependencias del Estado, se llamaban ministerios, como sucedió en 1963 en el gobierno del Profesor Juan Bosch, y en 1965 en el gobierno provisional que presidió el doctor Héctor García Godoy. La Constitución también permite la creación de los viceministerios necesarios con el fin de que cada ministerio goce 108

109 de un colaborador o sustituto para desempeñar las delicadas e importantes funciones del titular, cuando éste se enferma o se ausenta temporalmente del cargo. El artículo 130 dispone que el Presidente de la República no puede viajar al extranjero por más de 15 días sin el permiso del Congreso Nacional y para renunciar, tanto él como el Vicepresidente, solo pueden hacerlo ante la Asamblea Nacional. Ambos funcionarios, tampoco pueden ser privados de libertad, según lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna. 18.5 Requisitos necesarios para ser ministro de Estado: su responsabilidad administrativa Para ser ministro de Estado la Constitución exige que la persona designada reúna los siguientes requisitos: 1. Ser dominicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Haber cumplido 25 años de edad; 3. Los naturalizados sólo podrán ser ministros, después de transcurridos diez años de haber adquirido la nacionalidad dominicana. En vista de que en determinados momentos los viceministros pueden sustituir a los ministros, para desempeñar esa función, hay que reunir los mismos requisitos que para ser ministro. Las funciones de los ministros de Estado están determinadas en la ley de ministros, antiguos secretarios de Estado. Así como el Presidente de la República es el Jefe de la Administración Pública, también el ministro, en representación del Presidente, es el responsable del buen funcionamiento administrativo del ministerio que se ha puesto bajo su responsabilidad, y en consecuencia debe velar por su buena organización y funcionamiento. 109

110 18.6 Relación de los presidentes de la República, desde 1844 hasta el año 2008 y la forma como fueron elegidos o impuestos AÑOS PRESIDENTE ELEGIDO O IMPUESTO POR 1844 1848 1848-1849 1849 1849-1853 1853-1856 1856 1856-1857 1857-1858 1858-1861 1861-1865 1865 1865-1866 Junta Central Gubernativa Pedro Santana (1ra. vez) Manuel Jiménez González Santiago Espaillat V. Buenaventura Báez (1ra. vez) Pedro Santana (2da. vez) Manuel de Regla Mota Buenaventura Báez (2da. vez) Pedro Santana (3ra. vez) (ANEXIÓN A ESPAÑA). Se turnan en la Presidencia los generales José Antonio Salcedo (Pepillo), Gaspar Polanco y Pedro A. Pimentel. José María Cabral Buenaventura Báez (3ra. vez) Asamblea Constituyente Congreso Nacional (53 de 71 Electores) Voto indirecto. Primer y único dominicano que elegido por la Asamblea Constituyente declinó ser Presidente. Asamblea Constituyente: Asamblea Constituyente: 72 de 73 electores. Al ser vicepresidente sustituye a Santana que renunció. Asamblea Constituyente: al ser vicepresidente sustituye a Manuel de Regla Mota, quien renunció. Revolución del 7 de julio en el Cibao. Se constituye un Gobierno en Santiago presidido por el General José Desiderio Valverde, pero había otro en Santo Domingo. Asamblea Constituyente Golpe Militar Asamblea Constituyente 110

111 AÑOS PRESIDENTE ELEGIDO O IMPUESTO POR 1866 1867-1868 1868-1873 1873-1876 1876 1876 1877-1878 1878 1879-… 1879-1880 1880 Triunvirato integrado por los generales Gregorio Luperón, Pedro A. Pimentel y Federico de J. García. José María Cabral Buenaventura Báez (4ta, vez) Gral. Ignacio M. González Ulises Francisco Espaillat Gral. Ignacio M. González Buenaventura Báez (5ta. vez) Jacinto de Castro Se encarga del Gobierno el Consejo de Secretarios de Estado. Cesáreo Guillermo Gregorio Luperón Voto directo; 4,389 de los 5,047 emitidos. Asamblea Constituyente Voto directo: 15,533 de 19,342 votos emitidos. Dejó el mando. Voto directo: 24,329 de 26,410 votos emitidos. Fue derrocado por partidarios de Báez. 6,203 votos, pero al no obtener mayoría absoluta, las Cámaras Legislativas concretan su elección entre él y Luperón. Fue derrocado al mes. Convención Nacional. Gobernó sólo 22 días. Voto directo: 18,344 de 18,656 votos emitidos. 1880-1882 1882-1884 1884-1885 1887-1892 Fernando A. de Meriño Ulises Heureaux Francisco G. Billini Ulises Heureaux- Segundo Imbert Voto directo: 17,398 de 19,011 votos emitidos. Voto directo: 25,682 votos. Voto directo: 34,951 ocho meses de gobierno. Era vicepresidente y al declinar Woss y Gil, Billini ocupó la Presidencia y convocan a elecciones. Se retarda esta toma de posesión porque los opositores alegaron fraude. 111

112 AÑOS PRESIDENTE ELEGIDO O IMPUESTO POR 1892-1892 1896-1899 1899 1899-1903 1903-1906 1906-1908 1908-1911 1911 1912 1912-1914 1914-1916 1916-… Ulises Heureaux Ulises Heureaux Wenceslao Figuereo Horacio Vásquez Se suceden en el mando Horacio Vásquez, Juan Isidro Jimenes, Horacio Vásquez (2da. vez) Alejandro Woss y Gil, Carlos P. Morales y Ramón Cáceres. Carlos Morales Languasco y Ramón Cáceres Ramón Cáceres Eladio Victoria Mons. Adolfo A. Nouel José Bordas Valdez Juan Isidro Jimenes Consejo de Secretarios de Estado. Gobernaron dos meses y medio. Sólo le faltó un voto para la unanimidad. Al ser vicepresidente sustituyó a Heureaux que murió víctima de un atentado. Sucesor de Figuereo que fue sucesor de Heureaux. Hubo un levantamiento contra Morales y Cáceres, que era el vicepresidente, termina el período. 508 votos indirectos. Lo matan en 1911. Al no existir la Vicepresidencia, el Congreso Nacional lo elige para sustituir a Cáceres. Nominado para dos años, renuncia a los cinco meses y medio. Congreso Nacional. Elegido por el sistema del doble voto electoral y popular con 36,406 de 76,363 votos emitidos. Renunció tras la rebelión del Ministro de Guerra, General Desiderio Arias. 112

113 AÑOS PRESIDENTE ELEGIDO O IMPUESTO POR 1916 1916-1922 1922-1924 1924-1930 1930 1930-1934 1934-1938 Francisco Henriquez y Carvajal Almirante Knapp Juan Bautista Vicini Burgos Horacio Vásquez Rafael Estrella Ureña Rafael L. Trujillo Rafael L. Trujillo Molina Elegido por el Congreso para una interinidad de 5 meses que se interrumpe con la primera ocupación militar norteamericana, ocurrida el 29 de noviembre de 1916. Primera intervención norteamericana Gobierno Provisional que, para rescatar la soberanía, celebró elecciones generales por el voto directo e indirecto el 15 de marzo de 1924. La designación de Vicini se hizo en cumplimiento del Plan de Liberación suscrito por Francisco J. Peynado, Horacio Vásquez, Monseñor Nouel, Federico Velásquez y Elías Brache hijo. 72,094 votos populares de 103,281 emitidos. Aunque elegido por 4 años, sus partidarios alegaron que la Constitución vigente era la de 1908 y lo llevaron hasta 6 años. Gobernó sólo cinco meses. 412,711 electores inscritos; 223,731a favor de Trujillo; 1,883 contra Trujillo. La candidatura Velásquez-Morales de la Alianza Nacional Progresista se abstiene de concurrir a las elecciones alegando atropellos. Es la única vez que Trujillo obtiene votos en su contra. 286,937 electores inscritos; 40% menos que en 1930, lo que parece justificar el fraude que se alegó. 256,423 votos por el Partido Dominicano, casi el 100% a favor de Trujillo, pero se registraron algunas abstenciones. 113

114 AÑOS PRESIDENTE ELEGIDO O IMPUESTO POR 1938-1940 1940-1942 1942-1947 1947-1952 1952-1957 1957-1960 1960-1962 1962-1963 1963 1963-1965 Jacinto B. Peynado Manuel de Js. Troncoso de la Concha Rafael L. Trujillo Rafael L. Trujillo Héctor B. Trujillo M. Héctor B. Trujillo Joaquín Balaguer CONSEJO DE ESTADO Gobierno integrado por 7 miembros, Dr. Joaquín Balaguer, quien luego renuncia, Lic. Rafael F. Bonnelly, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Dr. Nicolás Pichardo, Dr. Manuel Fernández Caminero, Don Luis Amiama Tió, General Antonio Imbert Barreras, Dr. Eduardo Read Barreras. Prof. Juan Bosch TRIUNVIRATO 348,101 electores inscritos; 19,680 Votos a favor del Partido Dominicano con el 100% a favor con algunas abstenciones. Al morir Peynado, y ser el vicepresidente, ocupa la Presidencia, aunque el verdadero Presidente era Trujillo. 581,937 votos para el Partido Dominicano y el Partido Trujillista. El aumento de votos se debe al voto de la mujer. 840,340 votos emitidos; 781,385 para el Partido Dominicano, 29,765 para el Partido Nacional Democrático, 29,186 para el Partido Laborista Nacional. 1,038,816 votos. La unanimidad es perfecta. Voto directo. Al ser vicepresidente (Gobierno seleccionado sin intervención del Congreso Nacional ni el voto del pueblo, para preparar elecciones libres). Lo creó el congreso pero inmediatamente entro en receso. Voto directo. Emitidos 1,054,944: PRD obtuvo 619,491 contra 455,453 obtenidos por Unión Cívica Nacional (UCN). Gobierno impuesto por el golpe de Estado de 1963 que derrocó al Prof. Juan Bosch. 114

115 La revuelta de abril que desplazó el gobierno del Triunvirato y trajo como consecuencia la guerra civil y la segunda intervención militar norteamericana. El 28 de abril de 1965 desembarcaron 42 mil soldados que pisotearon la soberanía nacional, en franca violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual el país es signatario. Se suceden algunos acontecimientos, entre los que se destacan: Instalación de una Junta Militar en la Base Aérea de San Isidro, que duró pocos días, encabezada por el coronel Pedro Bartolomé Benoit. Los constitucionalistas proclaman al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó como Presidente de la República, amparándose en la Constitución de 1963, por cuya vigencia se libraba la guerra; Se instala el Gobierno de Reconstrucción Nacional presidido por el general Antonio Imbert Barreras, hecho seguido por la siguiente cronología: 1965-1966 1966-1970 1970-1974 Héctor García Godoy Joaquín Balaguer* Joaquín Balaguer Gobierno Provisional, fruto de las negociaciones entre los bandos en pugna. Voto directo: 1,345,404 votos Emitidos: 799,887 para el Partido Reformista contra 585,517 obtenidos por los partidos: Revolucionario Dominicano; Social Cristiano, Unión Cívica Nacional, Vanguardia Revolucionaria Dominicana y otros. Voto directo: 1,238,205, votos emitidos: 653,565 para el Partido Reformista contra 584,640 repartidos entre los Partidos Quisqueyano Demócrata, Revolucionario Social Cristiano, Movimiento Nacional de la del Pueblo (MMP) 22,331 por el Nacional. *En las elecciones generales de 1970 y en razón de que tanto el Presidente Dr. Joaquín Balaguer quien solicito licencia, como el Vicepresidente Lic. Francisco Augusto Lora, se postularon para la Presidencia de la República, ocupó interinamente el Poder Ejecutivo el Lic. Manuel Ramón Ruiz Tejada, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 115

116 1974-1978 1978-1982 1982-1986 Dr. Joaquín Balaguer. La oposición se organiza para enfrentarse al Dr. Balaguer en el llamado Acuerdo de Santiago, pero esta coalición se retira horas antes de las elecciones, alegando la falta de condiciones y el Partido Reformista concurre teniendo como partido opositor al Partido Demócrata Popular. Don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Dr. Salvador Jorge Blanco Voto Directo: 942,726 votos obtenidos por el Partido Reformista y Movimiento Nacional de la Juventud (PR-MNJ) 170,693 por el Partido Demócrata Popular (PDP) 20,014 por el Movimiento Municipal del Pueblo (MMP) 22,331 por el Movimiento Voluntad Popular (MVP). Voto directo: 865,084 votos obtenidos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); 698,273 por el Partido Reformista(PR); 11,147por la Alianza Social Demócrata (ASD); 12,400 por el Movimiento de Integración Democrática (MIDA), 10,751 por el Partido Comunista Dominicano (PCD); 8,034 por el Movimiento de Conciliación Nacional (MCN; 7,732 por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) y 284 por el Movimiento Municipal del Pueblo (MMP). Voto directo: 854,868 votos obtenidos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); 669,176 por el Partido Reformista (PR); 9,208 por el Partido Alianza Social Demócrata (ASD); 7,853 por el Partido Nacional de Veteranos Civiles (PNVC); 9,033 por el Partido Unión Patriótica (UPA); 35,355 por el Partido Quisqueyano Demócrata (PQD); 7,066 por el Partido Movimiento de Integración Nacional (MIDA); 3,702 por el Partido Acción Nacional (PAN); 179,489 por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); 6.217 por el Bloque Socialista (BS); 11,241 por el Partido Comunista Dominicano (PCD); 7,240 por el Movimiento por el Socialismo (MS); 467 por la agrupación Defensora de 116

117 la Capital (ADECA); 93 por el Movimiento Municipal del Pueblo (MMP); 266 por el Movimiento 30 de octubre; 657 por el Movimiento Independiente del Pueblo (La Romana) (MIP); 239 por el Movimiento Progresista (Vicente Noble) (MIP). Total Votos Nacionales Total Votos Provinciales y Municipales 1986-1990 1990-1994 1996-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 Dr. Joaquín Balaguer Dr. Joaquín Balaguer Dr. Leonel Fernández Reyna Ing. Hipólito Mejía Domínguez Dr. Leonel Fernández Reyna Dr. Leonel Fernandez Reyna 1,830,730 1,807,055 Voto directo: 856.163 obtenidos por el PRSC y 706.210 por el PRD. Voto directo: 615,632, obtenidos Por el PRSC y 606,005 por el PLD. Voto directo: 1,529.93, obtenidos por el PLD-PRSC y 1,336.576 por el PRD. Voto directo: 1,589.386 obtenidos por el PRD y aliados y 795.498 por el PLD y aliados. Voto directo: 2,063.871 obtenidos por el PLD y aliados, 1,215.928, PRD y aliados. Voto directo: PLD y aliados 2,199,734; PRD y aliados 1,654,066; PRSC 187,645. 18.7 Concepto y alcance de importantes disposiciones legales En el sistema jurídico dominicano existen disposiciones legales que emanan de los diferentes poderes públicos, incluyendo el Poder Municipal, las principales de las cuales se explican a continuación: a) LOS DECRETOS. El decreto es una decisión, resolución o disposición del Poder Ejecutivo relacionada con cualquier materia o designación, generalmente aplicado a los asuntos de 117

118 carácter político. El decreto tiene la misma fuerza que la ley, y legisla sobre un asunto determinado. Ejemplos: La designación de un ministro o de un diplomático se hace por decreto; un decreto que trata sobre una materia determinada es el No. 1308, del 27 de julio de 1971 que creó el Sistema de Enseñanza por Correspondencia para Adultos. También reciben el nombre de decretos, las resoluciones que emanan del Papa que como sabemos es el Ejecutivo de la Iglesia Católica. El Decreto-ley es una disposición legislativa que emana del Poder Ejecutivo, en circunstancias excepcionales, o cuando en un país los poderes Ejecutivo y Legislativo están en manos de una o más personas, como ha sucedido en este país cuando los gobiernos del Consejo de Estado, el Triunvirato y el Gobierno Provisional de 1965. b) LOS REGLAMENTOS. Los reglamentos son los diferentes actos de alcance general, que dicta el Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyes. También pueden definirse como la colección ordenada de reglas o preceptos, que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una institución, una dependencia o servicio. Ejemplos: El Reglamento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el de la Policía Nacional, los reglamentos de las Sociedades de Padres y Amigos de la Escuela, etc., son emitidos por el Poder Ejecutivo. Muchas veces los reglamentos, completan la ley, resolviendo diversas dificultades en su aplicación. c) LAS ORDENANZAS. La ordenanza es un conjunto de preceptos referentes a una materia que tiene la misma fuerza que la ley, pero es dictada por un organismo autónomo como son los ayuntamientos, que legislan sobre diferentes materias 118

119 dentro de la jurisdicción municipal y el Consejo Nacional de Educación, que legisla sobre los diferentes aspectos de la problemática educativa nacional. Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, la ordenanza es la disposición legal que tiene como propósito la puesta en práctica de las normas contenidas en una ley o decreto. La diferencia existente entre el decreto, el reglamento, la ordenanza y la ley, es que esta última constituye la manifestación de la voluntad de la autoridad pública, representante del pueblo, en la que se manda o prohibe una cosa. En otro sentido tenemos que la ley es una decisión colectiva mientras que el decreto, el reglamento y la ordenanza son decisiones individuales. d) LAS ÓRDENES DEPARTAMENTALES. La orden departamental es una disposición que tiene menos alcance que el decreto, la ordenanza y el reglamento y es dictada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, cuyo contenido debe ser respetado y obedecido por aquellos a quienes va dirigido. Generalmente esta disposición emana de los ministerios, y se usa con frecuencia para el traslado de funcionarios nacionales y regionales. e) LAS CIRCULARES. La circular es un documento en el que se instruye u orienta sobre un problema determinado. También es una orden que una autoridad dirige a sus subalternos. Se recomienda no tratar más de un asunto en una circular. La circular puede ser telefónica o escrita, y la puede emitir cualquier funcionario, pero tiene menos alcance que todas las disposiciones legales ya explicadas. 119

120 DISPOSICIÓN FUNCIONARIO O INSTITUCIÓN QUE LA EMITE 1. La ley congreso Nacional. 2. Los decretos poder Ejecutivo. 3. Decreto-Ley poder Ejecutivo-Poder Legislativo. 4. Reglamentos poder Ejecutivo. 5. Ordenanzas organismos autónomos, como los ayuntamientos. 6. Órdenes un funcionario en el ejercicio de sus funciones, como departamentales, ministeriales. 7. Circulares cualquier funcionario para instruir y orientar a sus subalternos. 18.8 El Consejo de Ministros El artículo 137 de la Constitución crea el Consejo de Ministros, integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente y los ministros con funciones específicas, para agilizar el despacho de los asuntos concernientes a la Administración Pública. 18.9 La administración pública La Sección III de la Constitución vigente a partir de 2010 recoge importantes aspectos de la Administración Pública entre los cuales cabe señalar los siguientes: 1. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, igualdad, transparencia, etc. en pleno sometimiento al ordenamiento jurídico del Estado (artículo 138). 2. La actuación de la Administración Pública es controlada por los tribunales requeridos por la ciudadanía a través de los procedimientos establecidos por la ley (artículo 139). 3. Se pueden crear por ley organismos autónomos y descentralizados con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, adscritas a la Administración Pública, pero 120

121 compatibles con su actividad y bajo la vigilancia del titular del ministerios donde sean creados. 4. La Constitución prohibe el desempeño simultaneo de más de un cargo remunerado, con excepción de la docencia (artículo 144). 5. Se prohibe la separación de servidores públicos pertenecientes a la carrera administrativa en violación al régimen de la función pública, lo que constituiría un acto contrario a la Constitución y a la ley. 121

123 Capítulo XI El Poder Legislativo TEMA NO. 19 EL PODER LEGISLATIVO: SU ORIGEN, FUNDAMENTO Y COMPOSICIÓN El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, que está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. La elección de los senadores y de los diputados se hace por voto directo, en elecciones generales, y permanecen cuatro años en sus funciones. El voto directo fue consagrado en la Constitución de 1866 por lo que se dice que esta Constitución es una de las más importantes que tiene el país. Las vacantes de senadores o diputados se llenan mediante una terna que se somete a la Cámara correspondiente, dentro de un plazo de treinta días después de ocurrida la vacante, pero si se deja pasar este plazo cada Cámara puede elegir libremente a cualquier ciudadano para sustituir al que dejó de ser miembro de ella. La terna para elegir el sustituto debe ser enviada por el organismo superior del partido que postuló al senador o diputado cuya vacante se ha ocasionado por muerte o renuncia. Las personas elegidas como senadores o diputados no pueden desempeñar otras funciones en la Administración Pública, con excepción del magisterio, el cual es compatible con casi todas las funciones. 123

124 La labor principal del Congreso es hacer todas las leyes indispensables para regir las materias correspondientes a los otros poderes del Estado. Cuando el Senado y la Cámara de Diputados se reúnen conjuntamente en cumplimiento de las disposiciones de la propia Constitución de la República, a esta reunión se le llama Asamblea Nacional. 19.1 Historia y fundamento del sistema legislativo dominicano La historia del sistema legislativo dominicano se inicia poco después del nacimiento de la República, y muy especialmente, el 6 de noviembre de 1844, fecha en que fue proclamada la primera Constitución del país, cuya labor estuvo a cargo de un grupo de connotados ciudadanos. A partir de esa fecha hemos tenido dentro de nuestro sistema legislativo un continuo movimiento, unas veces para la creación de las principales leyes, otras veces en la instalación de las diferentes Asambleas Constituyentes que han introducido modificaciones a nuestra Ley Sustantiva. El fundamento de nuestro sistema legislativo está basado en los principios de la Democracia Representativa, que reconoce la existencia de los tres poderes tradicionales del Estado. En ese sentido, las funciones de las Cámaras Legislativas han cumplido su función de legislar o hacer las leyes que deben observar todos los habitantes del país, las cuales deberán ajustarse a los preceptos constitucionales, propendiendo siempre el beneficio de todos los que residen en el territorio nacional. Las iniciativas de las leyes pueden emanar de cada diputado o senador, del Poder Ejecutivo o de la Suprema Corte de Justicia cuando se trata de materia judicial. 124

125 Generalmente, las leyes se inician en la Cámara Baja pasando al Senado de la República, para su modificación o rechazo. Cuando han sido aprobadas por ambas Cámaras, se envían al Poder Ejecutivo para su promulgación y aplicación dentro de los plazos que la Constitución concede. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede vetar cualquier Ley con cuyo contenido no esté de acuerdo. 19.2 De la Asamblea Nacional y de la reunión conjunta de ambas cámaras En el capítulo VI de la nueva Constitución de la Republica, se detalla la composición y el funcionamiento de la Asamblea Nacional. 19.3 Qué es y cómo funciona la Asamblea Nacional? Cuando el Senado de la República y la Cámara de Diputados se reúnen conjuntamente forman la Asamblea Nacional (artículo 117). La Asamblea Nacional sólo debe reunirse en los casos señalados por la Constitución, y debe contar con la presencia de más de la mitad de sus miembros y las decisiones deben contar con la mayoría absoluta de votos, excepto cuando se convoque para reformar la Constitución (artículo 118). La Cámara de Diputados y el Senado sesionan en Asamblea Nacional el 27 de febrero de cada año, para recibir el mensaje del Presidente de la República y las memorias de los ministros de Estado que establece la Constitución de la República, así como también para celebrar actos conmemorativos a su naturaleza protocolar (artículo 121). Para la validez de las deliberaciones del Senado y la Cámara de Diputados, es necesaria la presencia en cada Cámara de más de la mitad de sus miembros, y las decisiones deben tomarse 125

126 por la mayoría absoluta de votos, a no ser los asuntos declarados previamente de urgencia, los cuales se deciden con las dos terceras partes de los votos, en su segunda discusión. Habrá dos legislaturas ordinarias (artículo 89): Una se inicia el 27 de febrero y la otra el 16 de agosto de cada año, con una duración de 150 días cada una, pero prorrogables hasta por sesenta días más. Sólo se reunirán extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo. El 16 de agosto de cada año ambas Cámaras elegirán sus respectivos Bufetes Directivos, los cuales están formados por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios. Cuando ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Nacional o reunión conjunta, la Presidencia es asumida por el Presidente del Senado y la Vicepresidencia por la persona que en ese momento presida la Cámara de Diputados. La Secretaría es ocupada por las personas que en ese momento desempañan las funciones de Secretarios de cada Cámara. Es atribución de la Asamblea Nacional examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente de la República, proclamarlos y, en su caso, recibirle juramento, aceptarles o rechazarles las renuncias ejerciendo las facultades que confiere la Constitución de la República. Una contribución especial de la Asamblea Nacional es examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente de la República, proclamarlos y, en su caso, recibirle juramento, aceptarles o rechazarles las renuncias, ejerciendo las facultades que le confiere la Constitución de la República. 19.4 Bufete directivo de la Asamblea Nacional El artículo 119 de la Constitución de la República establece que la Asamblea Nacional se rige por su reglamento de 126

127 organización y funcionamiento. La presidencia de la Asamblea queda a cargo del Presidente del Senado, la Vicepresidencia por el de la Cámara de Diputados y la Secretaría es ejercida por las secretarias de ambas cámaras, pero en caso de ausencia temporal o definitiva el mismo artículo, define quienes deberán presidirla en la forma siguiente: En caso de falta temporal o definitiva de la Presidenta o Presidente del Senado y mientras no haya sido elegido su sustituto por dicha Cámara Legislativa, presidirá la Asamblea Nacional o la Reunión Conjunta, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados. En caso de falta temporal o definitiva de la Presidenta o Presidente de ambas cámaras, presidirá la Asamblea Nacional o la Reunión Conjunta, la Vicepresidenta o Vicepresidente del Senado y, en su defecto, la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Cámara de Diputados. 19.5 Atribuciones de la Asamblea Nacional La nueva Constitución establece en su artículo 120 las atribuciones de la Asamblea Nacional, las que por su interés e importancia se incluyen a continuación: 1. Conocer y decidir sobre las reformas constitucionales, actuando en este caso, como Asamblea Nacional Revisora; 2. Examinar las actas de elección de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República; 3. Proclamar a la o al Presidente y Vicepresidente de la República, recibirles su juramento y aceptar o rechazar sus renuncias; 4. Ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución y el reglamento orgánico. 127

128 19.6 La representación funcional Consiste esta representación en llevar al Senado de la República o a la Cámara de Diputados, representantes de los comerciantes, de los agricultores, de las asociaciones culturales, de la prensa, de los obreros, de campesinos, de los profesionales universitarios, de los maestros, etc., para que sean voceros y defensores de la función o actividad que realizan. La representación funcional es de gran utilidad, ya que este grupo de ciudadanos es conveniente que vayan a las cámaras legislativas a defender sus diferentes intereses y al mismo tiempo den su aporte al engrandecimiento y al desarrollo integral del país. Seguimos creyendo que el sistema más práctico es que los políticos lleven sus seguidores y defensores de sus ideologías políticas. Según el número de habitantes que por provincias señale la Constitución del Estado, sería de gran provecho la inclusión en las boletas electorales de todos los partidos, pero también representantes de las numerosas actividades más arriba mencionadas. Además, en algunos países de avanzada tradición democrática se concede en los cargos electivos una denominada representación de las minorías, por considerar que este sistema es justo y se acerca más al ideal de la verdadera representación popular. 19.7 Qué es y cómo funciona la inmunidad legislativa? Nuestra Constitución en su artículo 86 establece que los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados gozarán de la más completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones, así como que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, a no ser que sea aprehendido en flagrante delito, o sea, en el momento que esté cometiendo el crimen o el delito. En caso de que sea detenido fuera de esta 128

129 única situación, el Senado o la Cámara de Diputados, si estuvieran reunidos, o cualquier miembro de la misma, puede exigir su inmediata libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de ella. Las opiniones de los senadores y diputados deben ser respetadas y por eso gozan de inmunidad parlamentaria. Sin embargo, la inmunidad tiene su alcance y limites, la cual está totalmente aclarada cuando en su artículo 87 determina que la misma no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la Cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento. TEMA No. 20 LA CÁMARA DE DIPUTADOS La Cámara de Diputados está integrada por los miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de cada provincia y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de veinticinco mil, pero en ningún caso podrá haber menos de dos Diputados en cada provincia. Para el período 2010-2016 el número de Diputados será de 178, según se indica más adelante, cantidad que ha venido en aumento, pues para el período 1982-1986 solo eran 120. La opinión generalizada es que debe introducirse una modificación constitucional para fijar un número determinado de diputados porque si se continúa con la situación actual llegará un momento en que la cantidad será tan excesiva que los salones 129

130 del Congreso Nacional serán insuficientes para alojarlos y mucho menos para poder sesionar con la tranquilidad y el control que exige y demanda un organismo tan importante como es la Cámara de Diputados. Las propuestas de candidatos para los cargos de diputados se presentan ante la Junta Central Electoral por los organismos directivos centrales de los partidos políticos y de las agrupaciones independientes, los cuales son nominados por las convenciones provinciales y del Distrito Nacional de dichas organizaciones políticas. Como tradicionalmente las elecciones ordinarias se celebran el mes de mayo de cada cuatro años, la fecha para presentar las mencionadas propuestas expira a las doce de la noche del 31 de marzo del año en que se van a celebrar dichas elecciones, es decir 60 días antes del día fijado para los comicios. Anteriormente, los diputados eran elegidos en las mismas elecciones en que se elegía el Presidente y el Vicepresidente de la República, pero con la modificación constitucional realizada en 1994 los mismos se eligen separadamente, de tal manera que en el año 2004 hubo elecciones generales para la elección del Presidente y el Vicepresidente de la República (2004-2008), sin embargo, en el año 2006 fue cuando aconteció la elección de los Diputados para el Período 2006-2010. Mientras el Presidente y el Vicepresidente están sujetos a la modificación constitucional del año 1994 sobre la segunda vuelta electoral, ni los diputados ni los senadores están sometidos a este requisito y ganan por la cantidad de votos que obtienen en el distrito electoral por el cual se postulan. Por otra parte, los candidatos a diputados ganaban su curul de acuerdo al número de votos que obtenía el partido político que le postulaba según el orden en que eran colocados en la lista que 130

131 presentaba su partido, de tal manera, que los que figuraban en los primeros lugares tenían garantizada su elección. Después que se crearon los distritos electorales, la situación ha cambiado, pues en cada distrito electoral el partido presenta el número de candidatos que de acuerdo a la población electoral, demanda el mismo y los ganadores son aquellos candidatos que obtienen el mayor número de votos, de los partidos políticos que lo postularon. 20.1 Composición de la Cámara de Diputados El artículo 81 de la Constitución de la República establece la composición de la Cámara de Diputados en la manera siguiente: 1. Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia; 2. Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución; 3. Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución. 20.2 Requisitos para ser diputado La nueva Constitución establece que para ser Senador o Diputado deben reunirse los siguientes requisitos: 1. Ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 2. Haber cumplido 25 años de edad; 131

132 3. Ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella, por lo menos, 5 años consecutivos. 4. Los naturalizados sólo podrán ser elegidos diputados después de diez años de haber obtenido la nacionalidad y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdicción que los elija, durante los cinco años que precedan a su elección. 20.3 Atribuciones de la Cámara de Diputados Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados figuran en el artículo 83 de la nueva Constitución de la República, y por su importancia e interés se indican a continuación: 1. Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación; 2. Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes; 3. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser más de cinco, con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes. 132

133 CAPÍTULO XII El Senado de la República El Senado vendría a ser la denominada Cámara Alta, pero el artículo No. 21 de la Constitución de la República no lo denomina específicamente como Cámara del Senado sino El Senado de la República (artículo 78). El Senado está integrado por tantos miembros como provincias existentes en el territorio nacional, de tal manera que para el período constitucional 1982-1986 el Senado de la República estuvo integrado por 27 senadores, pero para el período 1986-1990 aumentó a 29 al haberse creado las provincias Monte Plata y Monseñor Nouel. En las elecciones correspondientes al período 2004-2008 fueron elegidos 32 senadores debido a la creación de las provincias Hato Mayor, San José de Ocoa y de la división del Distrito Nacional que dio lugar a la nueva provincia Santo Domingo. Para el período 2010-2016 se escogerán 32 senadores, al igual que en el anterior período. La propuesta de candidatos para los cargos de senadores es presentada ante la Junta Central Electoral por los organismos directivos centrales de los partidos políticos, después de ser debidamente seleccionados por las comisiones provinciales y del Distrito Nacional. 133

134 TEMA NO. 21 REQUISITOS PARA SER SENADOR El artículo 79 de la Constitución de la República establece los requisitos necesarios para ser senador o senadora de la Republica, los cuales son los mismos que para ser diputado o diputada. No los repetimos en razón de que se encuentran detallados en el punto 20.2 del Capítulo XI de este Manual. 21.1 Atribuciones del Senado Las atribuciones del Senado de la República se encuentran taxativamente establecidas en el artículo 80 de nuestra Carta Magna, las que por su importancia e interés se incluyen a continuación: 1. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula; 2. Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República; 3. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes; 4. Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes; 134

135 5. Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes; 6. Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía; 7. Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión. 21.2 Disposiciones comunes a ambas cámaras Los artículos 84 y 92 de nuestra Constitución determinan las disposiciones que son comunes a ambas Cámaras, de las cuales hacemos a continuación una breve síntesis: 1. Quórum de sesiones. Para la validez de las deliberaciones es necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros aprobándose por la mayoría absoluta de votos, excepto en asuntos declarados de urgencia, para cuya aprobación se necesitan las dos terceras partes de los presentes; (artículo 84); 2. Inmunidad por opinión. Los miembros de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las sesiones. (artículo 85). 3. Protección de la función legislativa. (Artículo 86). Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la Cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará 135

136 un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública. 4. Pérdida de investidura (artículo 88). Las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de la cámara legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y los reglamentos y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución. 5. Duración de las legislaturas: Duran 150 días pero el Poder Ejecutivo puede convocarlos de forma extraordinaria (art. 89). 6. Bufetes directivos de las cámaras (artículo 90). Se elegirán el 16 de agosto de cada año y están integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, con las siguientes disposiciones: 1. El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán, durante las sesiones, poderes disciplinarios y representarán a su respectiva cámara en todos los actos legales; 2. Cada cámara designará sus funcionarios, empleados administrativos y auxiliares de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional; 3. Cada cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las sanciones que procedan. 136

137 7. Rendición de cuentas. Dispone el artículo 91 que los presidentes ambas cámaras deben presentar en la primera sesión del mes de agosto de cada año, a los plenos de sus respectivas cámaras un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el período anterior; 8. Rendición de cuentas de legisladores. Deben hacer anualmente, un informe de su gestión a los electores que representan (artículo 92); 9. Atribuciones del Congreso Nacional. Están delimitadas en el artículo 93 de la Constitución de la República y son las siguientes: 1. En materia legislativa: a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes; c) Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico; d) Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación; e) Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución; f) En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas; 137

138 g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería; h) Aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia; i) Votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo; j) Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes; k) Aprobar o desaprobar los contratos que le someta el Presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2), literal d), así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa; l) Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo; m) Declarar por ley la necesidad de la Reforma Constitucional; n) Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a la humanidad; ñ) Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días; o) Decidir el traslado de la sede de las cámaras legislativas por causa de fuerza mayor o por otras circunstancias debidamente motivadas; p) Conceder amnistía por causas políticas; q) Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución; r) Pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la República. 138

139 2. En materia de fiscalización y control: a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas; b) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d); c) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración; d) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes; e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente; f) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. 10. Interpelaciones La interpelación es un derecho inalienable que tienen ambas cámaras, a determinados funcionarios del Estado y en este sentido el artículo 95 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: Interpelar a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, 139

140 así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores. El único Párrafo de este artículo determina que si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad. 140

141 CAPÍTULO XIII Las leyes Podemos definir la ley como un conjunto de normas o como una regla social obligatoria, fundamentada en la voluntad de Dios o emanada de la autoridad pública, en la que se prohibe o se manda algo. La ley está concebida para la persona que vive en sociedad y rige todos los actos que tienen íntima relación con el ordenamiento moral y jurídico de la sociedad propiamente dicha. Por lo tanto, no concebimos la ley para el ser humano que vive aislado, independientemente de la sociedad. Esa persona no existe pues está demostrado que somos entes sociales. Como vemos, la ley está hecha para regir a las personas que viven en sociedad y permitir la solución de los diferentes conflictos que puedan surgir entre ellas. El gran filósofo alemán Kant, distinguía dos tipos generales de leyes: la natural o científica, que no puede ser violada, y la moral que sí puede ser transgredida. TEMA NO. 22 REQUISITOS O CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA LEY La ley debe reunir ciertas condiciones, entre las cuales se destacan las siguientes: a) Debe ser obligatoria, o sea, se impone a todos. En ese sentido, una ley que se dicte en la República Dominicana, tiene 141

142 que ser obedecida y cumplida por todos los residentes en el territorio nacional, sean dominicanos o extranjeros; b) Debe emanar de la autoridad pública. En esta condición está impresa su obligatoriedad. En nuestro país la ley sólo debe emanar del Congreso Nacional por ser el único órgano a quien la Constitución confía esta función; c) Debe ser general en su aplicación. Este es un requisito de fondo, pues, no se concibe dictar una ley que beneficie o perjudique a los habitantes de una región determinada. Por ejemplo en la República Dominicana no es posible dictar una ley para los habitantes de la región del Cibao, excluyendo a los de la otras regiones del país; d) La ley sólo dispone y se aplica para el porvenir, o sea, sólo tiene efecto retroactivo para favorecer al que está subjúdice o cumpliendo condena. 22.1 Personas e instituciones con derecho a la iniciativa de las leyes De la soberanía del pueblo es de donde nace el derecho de hacer las leyes, pues, como se afirma, en el sistema democrático el pueblo elige a las personas que forman el Poder Legislativo, integrado por senadores y diputados, que principalmente, son los llamados a hacer las leyes. Constitucionalmente, el derecho a la iniciativa de las leyes está a cargo de (artículo 96): a) Los senadores y diputados; b) El Presidente de la República; c) La Suprema Corte de Justicia para asuntos judiciales; y d) La Junta Central Electoral para asuntos electorales. e) El artículo 97 de la nueva Constitución permite la iniciativa legislativa popular, mediante la cual un número de ciudadanos 142

143 que no sea menor del 2% de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento a seguir, así como las restricciones para el ejercicio de esa iniciativa. 22.2 Procedimiento constitucional a seguir para la aprobación de una ley. El procedimiento constitucional que se sigue para la aprobación de una ley es el siguiente: Cuando un proyecto de ley es aceptado en una de las cámaras se somete a dos discusiones distintas, debiendo existir un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión; pero si dicho proyecto es declarado, previamente, de urgencia, el mismo tiene que ser discutido en dos sesiones consecutivas. (Artículo 98) Cuando se aprueba un proyecto de ley en cualquiera de las cámaras, de inmediato pasa a la otra cámara para su discusión en la misma forma constitucional en que se hizo en la cámara de donde proviene. Si se hacen modificaciones, el proyecto retorna a la Cámara en que fue iniciado, con las observaciones y, si son aceptadas la ley es enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación; pero si se rechazan las observaciones, el proyecto de ley se considera desechado. (Artículo 99). 22.3 Procedimiento a seguir cuando el Congreso Nacional aprueba una ley El artículo 101 de nuestra Carta Magna establece el procedimiento a seguir cuando ambas cámaras aprueban una Ley y en ese sentido dispone lo siguiente: Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el 143

144 asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará. 22.4 Procedimiento a seguir cuando el Poder Ejecutivo veta y observa la ley El artículo 102 de la Constitución de la República establece claramente el procedimiento a seguir cuando el Poder Ejecutivo veta u observa una ley y en ese sentido dispone lo siguiente: Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. La ley observada por el Poder Ejecutivo tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla, de lo contrario se considerará aprobada la observación. (Artículo 103). 144

145 Sin embargo, las legislaturas extraordinarias, no cuentan para los fines de perención de los proyectos de ley en tratarse. (Artículo 100). 22.5 Procedimiento a seguir cuando la Cámara recibe la ley observada La Cámara que recibe la ley observada le dará el siguiente tratamiento: a) Consignarla en el orden del día de su próxima sesión para discutirla de nuevo. b) Si las dos terceras partes del número total de los miembros de dicha Cámara la prueba nuevamente, entonces la ley observada se remite a la otra Cámara. c) Si esta Cámara también aprueba la ley observada por el Poder Ejecutivo con igual mayoría que la cámara anterior, entonces la misma se convierte definitivamente en ley. d) Ante estas circunstancias la ley observada se remite nuevamente al Poder Ejecutivo, quien estará obligado a promulgarla y a publicarla dentro de los plazos establecidos por la Constitución de la República, y los cuales se indican al principio de este mismo tema. Después de promulgadas, las leyes se publican en los órganos de circulación nacional, pero transcurridos los plazos que determina la ley para que se consideren conocidas en todo el territorio nacional, el cumplimiento de las mismas se hace obligatorio para todos los habitantes de la República. El plazo que concede la ley para que las mismas se reputen conocidas, después de publicadas, es de tres días francos, que en definitiva se convierten en cinco días, pues no se cuentan el primero ni el último día. 145

146 22.6 Diferentes categorías de leyes En nuestro sistema jurídico existen diferentes categorías de leyes, como las siguientes: a) Leyes de orden público. Son las que obligan a todos los habitantes del país, las cuales no pueden derogarse por convenciones particulares; (artículo III). b) Leyes orgánicas. Son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras (artículo 112). c) Leyes ordinarias. Son las que por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los legisladores presentes (artículo 113). d) Leyes especiales. Están destinadas a organizar o reglamentar todo lo concerniente en materias especiales, como es la ley de Impuestos Internos, que trata sobre el pago de impuestos al Estado; la ley del Seguro Social, que trata del pago de impuestos del Seguro Social, así como los derechos que tienen los obreros asegurados. e) Ley general. Es la que se emite para ser aplicada tanto a nivel nacional como provincial o local. Ejemplo: la ley 140 que obliga a distribuir el 20% de los ingresos por concepto de impuestos internos entre todos los ayuntamientos del país, según la cantidad de habitantes que posean; sin embargo, también puede dictarse una ley destinada exclusivamente para ser aplicada 146

147 en el territorio de una provincia o un municipio determinado, y en cuyo caso sólo abarcará a los habitantes residentes en esa jurisdicción geográfica. f) La ley temporal. Es la que solo rige por un tiempo determinado. Ejemplo: La Ley del Presupuesto Nacional para el año 2010 es una ley temporal porque sólo rige los gastos públicos del país durante ese año, y, transcurrido ese período dicha ley desaparece. 147

149 CAPÍTULO XIV El Poder Judicial Todo lo relacionado con el Poder Judicial está contenido en la nueva Constitución, proclamada el 26 de enero del año 2010, desde el Título V al VIII, Capítulos I al VI, artículos desde el 152 al 192. Con el fin de que el ciudadano comprenda con la mayor facilidad los principios y definiciones que conforman este importante Poder del Estado, se ofrecen a continuación aspectos vitales del mismo. TEMA NO. 23 ASPECTOS VITALES DEL PODER JUDICIAL a) Establece el artículo 149 de la Constitución que la administración judicial es gratuita y que este poder se ejerce a través de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales creados por la Constitución y las leyes. El Párrafo I de dicho artículo define en qué consiste la función judicial, que entre otros aspectos es para dirimir los conflictos entre las personas físicas y sociales, tanto en derecho público como privado. Asimismo, se establece que el Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. 149

150 De acuerdo con las disposiciones vigentes, los tribunales solo pueden ejecutar las funciones que les asignan la Constitución y las leyes, y sus decisiones pueden ser recurridas ante un Tribunal Superior. b) Este Poder del Estado se rige por la carrera judicial a que están sometidos sus miembros, lo que determina el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro de los jueces y el régimen de jubilaciones y pensiones de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial (artículo 180). Este artículo establece en su Párrafo I que la Escuela Nacional de la Judicatura, creada por la Ley de Carrera Judicial en su artículo 70 está regulada por esa misma Ley. Para dar la importancia que merece la Escuela Nacional de la Judicatura los aspirantes a los cargos de jueces y del Ministerio Público deben someterse a concurso, bajo la responsabilidad de la referida Escuela y aprobar el programa de formación dicha Escuela, quedando exentos solamente los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección. c) La Constitución establece la independencia del Poder Judicial y su inamovilidad, pero los mismos no podían ser removidos ni separados de su cargo de no ser por las causas establecidas y con las garantías previstas por la ley, y en ese sentido el artículo 151 determina lo siguiente: 1. La ley establecerá el régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de jueces y funcionarios del Poder Judicial. El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo público, ni participar en actividad político partidista; 150

151 2. La edad de retiro obligatoria para los jueces de la Suprema Corte de Justicia es de 75 años. Para los demás jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial se establecerá de acuerdo con la ley que rige la materia. Como el Poder Judicial reside en los Tribunales de la República, vamos señalarlos a continuación, destacando sus principales características, así como la designación, duración, y las condiciones ciudadanas y profesionales que se requieren para ser miembro de cada uno de ellos. 23.1 La Suprema Corte de Justicia La Suprema Corte de Justicia es el tribunal de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial, y está compuesta por no menos de 16 jueces, pero podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum que determina la ley, que reglamenta su organización. Está dividida en salas de conformidad con ley (artículo 152). Hasta 1994 los jueces de la Suprema Corte de Justicia eran designados por el Senado de la República, pero por la modificación constitucional que se hizo en ese año, actualmente estos jueces son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura que encabeza el Presidente de la República. En la nueva Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 se introducen situaciones importantes sobre la Suprema Corte de Justicia como las siguientes: 1. Se mantendrán las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta que se integren ambas instancias; 2. Los actuales jueces que serán retirados por haber cumplido los 75 años serán evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura para determinar su confirmación. 151

152 23.2 Requisitos legales para ser juez de la Suprema Corte de Justicia Para ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia deben reunirse las siguientes condiciones ciudadanas y profesionales: (artículo 153). 1. Ser dominicano de nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho; 4. Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos períodos podrán acumularse. El Ministerio Público está representado ante la Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la República personalmente o por medio de los sustitutos que la ley pueda crearle, y tendrá la misma categoría que el Presidente de dicha Corte y las atribuciones que le confieren las leyes. 23.3 Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia Corresponden en exclusividad a este alto Tribunal, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, las siguientes atribuciones: (artículo 154). 1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores 152

153 de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria; 2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley; 3. Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes; 4. Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquiera otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes. 23.4 Otras atribuciones de la Suprema Corte de Justicia La Ley de Organización Judicial pone bajo la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia otras atribuciones entre las cuales se destacan las siguientes: 1. Cuidar el mantenimiento estricto de la disciplina judicial, e imponer penas disciplinarias conforme a las reglas que se establecen en la presente ley; 2. Ordenar siempre que lo estime conveniente la inspección de las Cortes de Apelación, los Tribunales de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción, y de cualesquiera otras oficinas sometidas a la vigilancia de la autoridad judicial; 3. Dirimir los conflictos que ocurran entre funcionarios judiciales entre sí y entre éstos y funcionarios de otras ramas cuando no sean de la competencia de otra autoridad. 153

154 23.5 Competencia de la Suprema Corte de Justicia El nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana dispone en su Artículo 70 aspectos importantes que debe conocer este Alto Tribunal del Poder Judicial. Artículo 70. Suprema Corte de Justicia. Además de los casos que expresamente le atribuyen la Constitución de la República y las leyes, es competencia de la Suprema Corte de Justicia conocer: 1. Del recurso de casación; 2. Del recurso de revisión; 3. Del procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de Apelación o entre jueces o tribunales de distintos departamentos judiciales; 4. De la recusación de los jueces de Corte de Apelación; 5. De las quejas por demora procesal o denegación de justicia contra las Cortes de Apelación; 6. Del procedimiento de solicitud de extradición. 23.6 El Consejo del Poder Judicial La nueva Constitución crea en su artículo 155 el Consejo del Poder Judicial, cuya integración es la siguiente: 1. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá; 2. Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma; 3. Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares; 4. Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares; 5. Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares. Párrafo I. Los integrantes de este consejo, con excepción del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán 154

155 en estas funciones por cinco años, cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sean miembros de dicho consejo y no podrán optar por un nuevo período en el consejo. Párrafo II. La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo. 23.7 Atribuciones administrativas y disciplinarias del Poder Judicial El artículo 156 de nuestra Constitución establece que el Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial, teniendo como funciones las que se indican a continuación: 1. Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 2. La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 3. El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; 4. La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial; 5. El traslado de los jueces del Poder Judicial; 6. La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 7. El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial; 8. Las demás funciones que le confiera la ley. 155

156 De acuerdo a la primera disposición transitoria el Consejo del Poder Judicial será creado dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución. 23.8 Las Cortes de Apelación La Corte de Apelación es una instancia permanente de segunda instancia que puede tener una o más cámaras y cuyas atribuciones son: (artículos 158 y 159). 1. Conocer de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley; 2. Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios; 3. Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes. 23.9 Requisitos para ser juez de una Corte de Apelación Los requisitos para ser juez de una Corte de Apelación son los siguientes: (artículo 158). 1. Ser dominicano o dominicana; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho; 4. Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempeñado como juez de Primera Instancia durante el tiempo que determine la ley. En las Cortes de Apelación, el Ministerio Público está representado por un Procurador General, o por los sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberán reunir las mismas condiciones que los jueces de esas cortes. 156

157 23.10 Asientos de las cortes de apelación Se detallan a continuación los asientos de las nueve cortes de apelación existentes en el país: ASIENTO JURISDICCIÓN 1. Santo Domingo, D. N. a) Distrito Nacional. Santo Domingo Este b) Provincia Santo Domingo. 2. Santiago de los Caballeros a) Santiago de los Caballeros. b) Puerto Plata. c) Valverde. 3. Concepción de La Vega a) La Vega. b) Espaillat. c) Sánchez Ramírez. d) Monseñor Nouel. 4. San Francisco de Macorís a) Duarte. b) Salcedo. c) María Trinidad Sánchez. d) Samaná. 5. San Pedro de Macorís a) San Pedro de Macorís. b) La Romana. c) La Altagracia. d) Hato Mayor. e) El Seibo. 6. San Cristóbal a) San Cristóbal. b) Peravia. c) Azua. d) Monte Plata. e) San José de Ocoa. 7. Barahona a) Barahona. b) Independencia. c) Bahoruco. d) Pedernales. 8. San Juan de la Maguana a) San Juan de la Maguana. b) Elías Piña. 9. Montecristi a) Montecristi. b) Dajabón. c) Santiago Rodríguez. 157

158 23.11 División y constitución de la Corte de Apelación La Corte de Apelación de Santo Domingo, Distrito Nacional, se divide en dos Cámaras: una para asuntos civiles y la otra para asuntos penales. La Ley de Organización Judicial establece que cada corte estará constituida por cuatro jueces, con excepción de la de Santo Domingo que tendrá cinco, pero no podrán funcionar con menos de tres jueces. Al designar estos jueces también se dispone cuál deberá ocupar la presidencia y designar un primer y un segundo sustituto para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. 23.12 El nuevo Código Procesal Penal Según nuevo Código Procesal Penal establece que estas Cortes son competentes para conocer: 1. De los recursos de apelación. 2. De los conflictos de competencia dentro de su jurisdicción, salvo los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia; 3. De las recusaciones de los jueces; 4. De las quejas por demora procesal o denegación de justicia; 5. De las causas penales seguidas a los jueces de primera instancia, jueces de jurisdicción original del Tribunal de Tierras, procuradores fiscales y gobernadores provinciales. 23.13 Los juzgados de Primera Instancia El artículo 160 de la Constitución de la República establece la existencia de juzgados de Primera Instancia o sus equivalentes con el número de jueces y la competencia territorial que determine la ley. 158

159 Los requisitos necesarios para ser juez de Primera Instancia son los siguientes: (artículo 161) 1. Ser dominicano o dominicana; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho; 4. Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempeñado como Juez de Paz durante el tiempo que determine la ley. 23.14 Constitución de los tribunales de Primera Instancia El nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana establece en su Artículo 72 la constitución de los Tribunales de Primera Instancia en la forma siguiente: Artículo 72. Jueces de Primera Instancia. Los jueces de primera instancia conocen de modo unipersonal del juicio por hechos punibles que conlleven penas pecuniarias o penas privativas de libertad cuyo máximo previsto sea de dos años, o ambas penas a la vez. Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de las acciones de hábeas corpus que les sean planteadas y de los hechos punibles de acción privada. Para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años, el tribunal se integra con tres jueces de primera instancia. La ley determina el número de cámaras en que deben dividirse estos juzgados, pero en nuestro país, generalmente, se dividen en Cámara Civil, Penal y Comercial, con excepción del Distrito Nacional y varias provincias como Santiago, Duarte, La Vega, etc., donde se han organizado juzgados dejando otros juzgados de Primera Instancia exclusivamente con Cámara Penal. Esta situación se presenta para facilitar la gran cantidad de expedientes que usualmente tienen los juzgados 159

160 de Primera Instancia de las demarcaciones provinciales de muchos habitantes. 23.15 Juzgados de la Instrucción La ley determina que por lo menos funcionaría un Juzgado de la Instrucción en cada Distrito Judicial, cuya función principal es calificar los delitos cometidos por los ciudadanos y según su veredicto determinar si el inculpado debe ser enviado o no al Tribunal Criminal para que responda por el crimen o delito cometido. Sin embargo, el Artículo 73 del nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana establece lo siguiente sobre los Jueces de la Instrucción. Artículo 73. Jueces de la Instrucción. Corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado. Actualmente el procedimiento seguido en estos juzgados ya no es secreto, como sucedía anteriormente, de tal manera que el acusado es interrogado delante de su abogado y se pueden oír los testimonios de los testigos que pueda hacer citar dicho juez. Mientras tanto, el acusado se considerará inocente mientras no sea declarado culpable en un juicio oral, público y contradictorio. En la actualidad si el juez encuentra que hay indicios de que una persona pudiera tener alguna responsabilidad en la acusación que le hacen, puede dictar medidas de coerción, consistentes en asignarle una fianza, ponerle impedimento 160

161 de salida del país, presentarse periódicamente ante el juzgado cuando se le ha fijado fianza y en último caso enviarlo a la cárcel como prisión preventiva por el tiempo que el juez considere oportuno. 23.16 Requisitos o condiciones para ser Juez de la Instrucción Para ser Juez de la Instrucción deben reunirse las siguientes condiciones ciudadanas y profesionales: 1. Ser dominicano; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho; 4. Haber ejercido la profesión de abogado durante dos años o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Paz o de Fiscalizador. 23.17 Los Juzgados de Paz Dice nuestra Carta Magna, en el artículo 162 que la ley determinará el número de juzgados de paz o sus equivalentes, sus atribuciones, competencia territorial y la forma como estarán organizados. Dentro del orden judicial, el Juzgado de Paz es el tribunal de menor jerarquía. Hay tantos juzgados de paz como fueren necesarios en el Distrito Nacional y en cada municipio del país. Este tribunal, que anteriormente se llamaba Alcaldía conoce las violaciones de simple policía que cometen los ciudadanos, así como las atribuciones que la ley determine. Los juzgados de paz están integrados por un juez de paz y un fiscalizador. El Ministerio Público en estos tribunales es desempeñado por el fiscalizador. 161

162 23.18 Requisitos o condiciones para ser juez de paz o fiscalizador Para ser juez de paz o fiscalizador hay que reunir las siguientes condiciones ciudadanas y profesionales: 1. Ser dominicano. 2. Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 3. Ser licenciado o doctor en Derecho. 23.19 Función principal de los juzgados de paz 1. Conocer los asuntos civiles de las demandas cuyo interés no pase de RD$100.00 con apelación y hasta RD$25.00 sin apelación; 2. Conocer de las demandas de desalojo de inquilinos cuando el alquiler no pase de RD$300.00 anuales; 3. Conocer de las demandas en conciliación que se producen antes de una demanda ante el juzgado de la Primera Instancia a fin de que el juez de paz trate de conciliar a las partes; Conocer, como juzgados de policía las causas seguidas a los autores de contravenciones o infracciones a ciertas leyes especiales, tales como la Ley de Carreteras. El Art. 75 del nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana establece la competencia de los jueces de paz en la forma siguiente: Artículo 75. Jueces de Paz. Los jueces de paz son competentes para conocer y fallar: 1. Del juicio por contravenciones; 2. Del juicio por infracciones relativas al tránsito de vehículos de motor; 3. Del juicio por infracciones relativas a asuntos municipales. 162

163 4. Del control de la investigación en los casos que no admitan demora y sea posible lograr la intervención inmediata del juez de la instrucción competente; 5. De las solicitudes de medidas de coerción, en los casos que no admitan demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del juez de la instrucción, o que resulte conveniente para facilitar la participación de todos los intervinientes. 23.20 Tribunal de Tierras La función de este tribunal es dirimir todos los conflictos que puedan surgir en relación con la tenencia de tierras, así como para evitar la existencia de títulos dudosos y confusos que puedan prestarse a discusión o fraude, saneando en forma legal y definitiva el derecho de propiedad. Este es un tribunal especial que tiene a su cargo todos los procedimientos relacionados con la Ley de Registro de Tierras. La Ley de Registro de Tierras ha organizado estos Tribunales de la manera siguiente: 1. Tribunal de Jurisdicción Original, en el cual se conoce por primera vez la reclamación sobre el derecho de propiedad de cualquier terreno; 2. Tribunal Superior de Tierras, en el cual se conocen las apelaciones interpuestas contra las sentencias del Tribunal de Jurisdicción Original, y cuyos fallos son definitivos; 3. La Corte de Casación, a la cual se recurre cuando se alega que ha habido violación de la Ley, en las reclamaciones de terrenos hechas en los tribunales anteriormente señalados. 163

164 23.21 Requisitos o condiciones para ser juez del Tribunal de Tierras Para ser Juez del Tribunal Superior de Tierras, deben reunirse los siguientes requisitos: 1. Ser dominicano; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho; 4. Haber ejercido durante cuatro años la profesión de abogado, o haber desempeñado por igual tiempo, las funciones de Juez de Primera Instancia, de representante del Ministerio Público ante los Tribunales y Juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse. 23.22 Requisitos o condiciones para ser juez de Jurisdicción Original Para ser Juez de Jurisdicción Original, deben reunirse las siguientes condiciones ciudadanas y profesionales: 1. Ser dominicano; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho; 4. Haber ejercido la profesión de abogado durante dos años o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez de paz o fiscalizador. 23.23 La Cámara de Cuentas La Constitución determina la existencia permanente de una Cámara de Cuentas, integrada por cinco miembros por lo menos, los cuales elige el Senado de las ternas que le presenta la Cámara 164

165 de Diputados. Por la nueva disposición transitoria de la actual Constitución de la República sus miembros elegidos en agosto del 2010 durarán en sus cargos excepcionalmente hasta el año 2016. El carácter de esta Cámara es eminentemente técnico. Las atribuciones de la Cámara Cuentas, además de las que le confiere la Ley, son las siguientes: 1. Examinar las cuentas generales y particulares de la República; 2. Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria de cada año el informe respecto de las cuentes del año anterior. Para ser miembro de la Cámara de Cuentas, deben reunirse las siguientes condiciones ciudadanas y profesionales: 1. Ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 2. Haber cumplido 25 años de edad; 3. Ser licenciado o doctor en Derecho, licenciado en Finanzas o Contador Público Autorizado; 4. Otras condiciones para ser miembro de esta Cámara podrán ser determinadas por la ley. 23.24 Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes Estos tribunales son creados por la Ley No. 14-94 del año 1994, con la finalidad de proteger a los niños, las niñas y los adolescentes que son objeto de malos tratos por los adultos y/o aquellos o aquellas que cometen delitos. Dicha Ley dispone lo siguiente: Artículo 257. Se crean los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, y tendrán a su cargo la protección judicial de ellos. Estarán compuestos por: a) Juez de Niños, Niñas y Adolescentes. 165

166 b) Sociólogo, educador y trabajador social. c) Defensor o defensora de Niños, Niñas y Adolescentes que actúan como ministerio público en representación de la sociedad defendiendo a los niños, niñas y adolescentes. d) Otros Auxiliares profesionales. Artículo 259. Se crean las Cortes de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes. El número de estas Cortes de Apelación se corresponderá con las jurisdicciones establecidas por la Ley de Organización Judicial para las cortes de apelación existentes en el país. Cada corte está constituida por lo menos con tres (3) jueces de ambos sexos. Estos tribunales sustituyen a los tradicionales tribunales tutelares de menores, siguiendo las recomendaciones internacionales y a la Convención de Viena a favor de niños, niñas y adolescentes. 23.25 La función social de la justicia Se afirma que la justicia es una virtud cuyo objetivo esencial es dar a cada uno lo suyo, y en base a esta idea Ulpiano la define como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que es suyo o le pertenece. Si la justicia establece una relación entre quien la recibe y quien la da, y la misma puede hacerla el Estado con los particulares, o éstos entre sí, nos encontramos con que la función de la justicia es altamente social, porque trata de crear un régimen de igualdad para todos. De ahí la necesidad de que los gobiernos lleven a cabo programas que hagan honor a la justicia social, muy especialmente, aquellos programas que ayudan al desarrollo social y económico de personas y pueblos, tales como: una científica reforma agraria en la que haya una razonable distribución de las tierras y riquezas nacionales; 166

167 un plan nacional de vivienda que dote a cada hombre de una casa higiénica y confortable, oportunidad de trabajo para que el ser humano pueda ganarse honradamente el sustento de su familia, etc. Cumpliendo lo anteriormente expuesto, las personas podrán llenar sus necesidades vitales, como es el comer, vestir, educarse y tener un techo, derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y de esta manera habremos contribuido al desarrollo armónico e integral de nuestros pueblos, muy especialmente, de los llamados países del tercer mundo o en vías de desarrollo. 167

169 CAPÍTULO XV Jurisdicciones especializadas TEMA NO. 24 JURISDICCIÓN CONTENCIOSo ADMINISTRATIVA La actual Constitución crea en su Capítulo IV las denominadas Jurisdicciones Especializadas y en sus artículos 164 y 167 define todo lo concerniente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la forma siguiente: 1. Integración: La Jurisdicción Contencioso Administrativa estará integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso administrativos de primera instancia, afirmando que sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos serán determinados por una ley, disponiendo que los tribunales superiores podrán dividirse en salas y que sus decisiones son susceptibles de ser recurridas en casación. En la sexta disposición transitoria de la Constitución de la República se dispone que el actual Tribunal Superior Administrativo y Tributario pase a ser Tribunal Superior Administrativo. También ordena esta sexta disposición que la Suprema Corte de Justicia dispondrá las medidas necesarias para su adecuación hasta tanto sea integrado el Consejo del Poder Judicial. 2. Requisitos: La ley y los jueces de estos tribunales deben reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de la Corte de Apelación, los cuales figuran en el tema 23.9 de este Manual (artículo 164, Párrafo I). 169

170 En cuanto a los jueces de los tribunales contencioso y administrativos deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los Jueces de Primera Instancia, los cuales figuran en el tema 23.13 de este Manual (artículo 164 Párrafo II). 3. Atribuciones: Están especificadas en el artículo 165 de la Constitución de la República y son las siguientes: 1. Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2. Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3. Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4. Las demás atribuciones conferidas por la ley. 4. Procurador General Adjunto: El artículo No. 166 de la Constitución de la República dispone que la administración publica estará representada ante la Jurisdicción descrita por el Procurador General Administrativo o por los abogados que ésta designe cuando considere que proceda. Este artículo, también, establece que este funcionario es designado por el Poder Ejecutivo y que la ley regulará la representación de los demás órganos y organizaciones del Estado. 5. Los requisitos que debe reunir este funcionario son los mismos que se exigen para ser Procurador General de la Corte de Apelación (artículo 167), los cuales aparecen en el tema No. 25.3 de este Manual. 170

171 CAPÍTULO XVI El Ministerio Público TEMA NO. 25 LA ORGANIZACIÓN El Ministerio Público es una función judicial que tiene como fin perseguir las infracciones cuyo castigo corresponde a los Tribunales Judiciales, así como también proteger los derechos de los incapaces y de los ausentes. También se le llama Representante de la Sociedad. Este funcionario no es elegido, sino designado por el Poder Ejecutivo. La competencia del Ministerio Público se circunscribe a la jurisdicción del tribunal en el cual ejerce sus funciones, y tiene la misma categoría que el presidente de la Corte o el Juez ante quien ejerce sus funciones. Según la categoría del tribunal donde presta sus servicios, el Ministerio Público es desempeñado por diferentes funcionarios los cuales se indican a continuación: La Constitución del año 2010 define y establece los más importantes asuntos relacionados con el Ministerio Público a partir de su Capítulo V y el artículo 169, algunos de los cuales se explican a continuación: 1. Definición y funciones: El artículo No. 169 define el Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. 171

172 Párrafo I. establece que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Párrafo II. La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya. 2. Autonomía y principios de actuación. Ésta figura en el artículo No. 170 de la Constitución al afirmar que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. 25.1 Procurador General de la República Este funcionario ejerce las funciones de Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia. Desde 1964, y por ley No. 485, fue suprimida la Secretaría de Estado de Justicia pasando todas sus atribuciones a la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República tiene la supervigilancia de los demás funcionarios del Ministerio Público y por tanto, puede dar instrucciones, dirigir requerimientos, hacer observaciones y perseguir disciplinariamente a dichos funcionarios, cuando fuere procedente. Los requisitos para ser Procurador General de la República o Adjunto son los mismos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, y se detallan en el tema No. 23.2 de este Manual. Por otra parte, el artículo 171 de la Constitución de la República establece que el Procurador General es designado por el Presidente de la República. 172

173 El Ministerio Público lo encabeza el Procurador General de la República, y está integrado por los demás representantes establecidos por la ley (artículo 172). El Párrafo I de este artículo dispone que el Procurador General de la República represente al Ministerio Público junto a los procuradores adjuntos, disponiendo además, que su representación ante otras instancias sea dispuesta por ley. Finalmente, el Párrafo II del referido artículo establece que la función del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, con excepción de la docencia. 25.2 Procuradores generales de las cortes de Apelación Estos funcionarios son quienes ejercen las funciones del Ministerio Público ante las Cortes de Apelación, y tienen la vigilancia de los demás funcionarios del Ministerio Público en la jurisdicción de sus Cortes respectivas. Estos funcionarios tienen las vigilancias de las cárceles y de las casas de detención de su circunscripción. También perseguirán o harán perseguir disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio Público de su circunscripción, si fuere procedente. 25.3 Requisitos o condiciones para ser procurador de una Corte de Apelación 1. Ser dominicano; 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3. Ser licenciado o doctor en derecho; 4. Haber ejercido durante cuatro años la profesión de abogado, o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de Juez de Primera Instancia, de representante del Ministerio Público ante los Tribunales y de juez de Jurisdicción Original del 173

174 Tribunal de Tierras. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales se pueden acumular. Estos mismos requisitos son los que se exigen para ser juez de las cortes de Apelación. 25.4 Procuradores fiscales Estos funcionarios son los que ejercen las funciones del Ministerio Público ante los juzgados de Primera Instancia, y tienen la vigilancia de las cárceles y de las casas de detención de su circunscripción. El fiscalizador. Este funcionario ejerce las funciones de Ministerio Público ante los Juzgados de Paz, y para ocupar este cargo es necesario reunir determinadas condiciones ciudadanas y profesionales; Los abogados. Las personas que abrazan esta profesión se consideran como verdaderos auxiliares de la justicia, y su función es defender en cualquier materia a las personas acusadas de violar la ley, o de haber cometido algún crimen o delito, no importa la trascendencia del mismo, ya que mientras un ciudadano no sea condenado irrevocablemente por un tribunal, se considerará inocente. 25.5 El doble grado de jurisdicción Con el fin de asegurar una buena administración de la justicia y dar oportunidades a las personas que alegan ser inocentes de las imputaciones que se les hacen, existe en el Derecho dominicano el doble grado de jurisdicción, mediante el cual las partes tienen el derecho de apelar contra la sentencia pronunciada por un tribunal cualquiera, llevando su caso ante un tribunal más elevado. Por esta razón, los tribunales dominicanos están organizados en pares, uno para el primer grado y otro para el segundo grado de jurisdicción. 174

175 Ejemplo: Si no está de acuerdo con la decisión de un Juzgado de Paz, que en este caso viene a ser un tribunal de primer grado, entonces el inconforme apela la decisión, la cual es conocida por el Juzgado de Primera Instancia, que en este caso viene a ser un tribunal de segundo grado. Las decisiones de este tribunal pueden a su vez ser apeladas ante la Corte de Apelación y las decisiones de ésta se pueden apelar por ante la Suprema Corte de Justicia. En algunos procesos señalados expresamente por la ley, se suprime la facultad de apelar, o sea, el segundo grado de jurisdicción. En este caso el asunto es decidido por el tribunal apoderado en primera y última instancia, o en instancia única. Ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia juzga como tribunal de Primera Instancia a determinados funcionarios que la Constitución prevé, como son los ministros y los legisladores. 25.6 El nuevo Código Procesal Dominicano Este Código, aprobado por las cámaras legislativas, integra los aportes de un nutrido grupo de juristas, jueces, fiscales, defensores, policías, militares, sociólogos, sicólogos, legisladores, economistas, ingenieros, administradores de empresas, contadores, comunicadores sociales, activistas de derechos humanos y profesionales de otras ramas, que constituyen el Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal, como espacio de acompañamiento desde la sociedad civil a las tareas que por Decreto 104-97, del 27 de febrero de 1997, el entonces ciudadano Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, asignó a una comisión de distinguidos juristas y académicos integrada por el doctor César Pina Toribio, el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, la magistrada Miriam Germán Brito y el licenciado Guillermo Moreno García. 175

176 Lo que más puede valorarse de la llegada de este código es el conjunto de libertades individuales que guarda íntima relación entre el Estado, los ciudadanos y la democracia, poniendo límite a los poderes públicos en su relación con los ciudadanos y ciudadanas. El concepto libertad individual implica que la libertad es la regla y la prisión es la excepción, es decir, que los presos carcelarios del país sean condenados y no preventivos en espera de que algún día su proceso penal se conozca. El nuevo proceso penal es una manera distinta de administrar justicia, en que los actores estelares son los jueces, los fiscales, los defensores y la Policía. El rol de cada actor es estrictamente definido. El juez no es persecutor de la pena como en el sistema inquisitorial que además de acusar al imputado tenía que juzgar. Su labor consiste en garantizar el respeto a los derechos de las partes durante la investigación penal y juzgar en virtud de los antecedentes que las partes exponen en forma oral en las audiencias públicas. El fiscal dirige el proceso de investigación y la exclusividad de la persecución penal en aquellos casos de acción pública, existe una relación entre fiscales y policías. Hay publicidad en las decisiones judiciales. En cuanto a los derechos del imputado uno de los cambios culturales de mayor importancia es el hecho de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que deben ser respetados y promovidos, expresándose este derecho en el cumplimiento de plazos para el que haya sido detenido y su puesta a disposición de un juez quien decidirá si se le aplican algunas medidas de coerción. No obstante las bondades que muchos asignan al nuevo Código Procesal Penal, también hay muchos e importantes sectores del país que lo han criticado fuertemente, por razones como las siguientes: 176

177 a) Porque ha sido adaptado de países que tienen un desarrollo de siglos sobre nosotros y no se hicieron las adaptaciones necesarias para ajustarlo a una sociedad subdesarrollada como la nuestra. b) Porque brinda una excesiva protección a los infractores pues con frecuencia se ven casos de violadores y criminales que al aplicarles las medidas de coerción los dejan sueltos con fianza o sin fianza, partiendo del principio de este Código de que la prisión es la excepción hasta que no se pruebe el crimen imputado. c) Que en ambos casos las víctimas o sus familiares corren el riesgo de ser atacados nuevamente por los victimarios, muchas veces para impedir que las víctimas mantengan su acusación contra ellos. d) Hay otras motivaciones que se expresan contra este nuevo Código, de tal manera que actualmente cursa el Congreso Nacional una modificación, principalmente, para impedir la impunidad de los violadores y que gocen de libertad, no obstante el horrendo hecho cometido. 25.7 Qué es la coerción? La legislación procesal penal que hasta ahora hemos tenido los dominicanos concede muy pocas opciones a los operadores del sistema de justicia en las ocasiones que deben adoptar una medida de coerción antes del juicio. En efecto, el sistema abusa de la prisión preventiva o provisional como único medio para asegurar la presencia del imputado en los procedimientos. No por casualidad la proporción de presos preventivos se mantiene constante entre 77% al 87%, según se considere como preventivos o condenados a los sentenciados en primer grado que ejercen el recurso de apelación. 177

178 La prisión preventiva y provisional, lejos de ser considerada una medida de coerción extrema de naturaleza excepcional, es, en el sistema del antiguo Código de Procedimiento Criminal, aplicada como un acto de instrucción mediante el cual se regulariza el arresto operado por la policía o el ministerio público. De hecho, los jueces de instrucción trancan para investigar de manera administrativa a la generalidad de las personas que les son remitidas como imputadas o sospechosas de hechos criminales. Por lo regular se descarta la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares menos gravosas o en todo caso, reconocer el derecho de todo imputado de esperar el juicio en libertad. La vigencia del síndrome de la prisión preventiva, verdadera enfermedad que afecta a la mayor parte de los sistemas penales latinoamericanos y al francés, nos obliga a examinar los presupuestos materiales y formales que autorizan la excepcional medida de privar preventiva o provisionalmente a una persona de su libertad. La prisión preventiva o provisional es la intervención más grave que el Estado está autorizado a adoptar en ausencia de juicio en nuestro ordenamiento jurídico. En razón de que la misma implica la privación total de libertad física sin un juicio definitivo, debe ser rodeada de la más estricta garantía y reservada. No por casualidad la seguridad personal ocupa el centro del Artículo 8 de nuestra carta sustantiva. 178

179 CAPÍTULO XVII Consejo Superior del Ministerio Público TEMA NO. 26 INTEGRACIÓN Y FUNCIONES El artículo 174 de la Constitución de la República está integrado de la manera siguiente: 1. El Procurador General de la República, quien lo presidirá; 2. Un Procurador Adjunto del Procurador General de la República elegido por sus pares; 3. Un Procurador General de Corte de Apelación elegido por sus pares; 4. Un Procurador Fiscal o su equivalente elegido por sus pares; 5. Un Fiscalizador elegido por sus pares. Párrafo. La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo. Por otra parte, el artículo 175 establece sus funciones, que son las siguientes: 1. Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público; 2. La administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público; 3. Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República; 179

180 4. Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran; 5. Trasladar a representantes del Ministerio Público, provisional o definitivamente, de una jurisdicción a otra cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y garantías previstas en la ley, con excepción de las y los procuradores adjuntos del Procurador General de la República; 6. Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Ministerio Público pueda cumplir las atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes; 7. Las demás funciones que le confiera la ley. Según la 5ta. disposición transitoria este Consejo desempeñara las funciones establecidas en esta Constitución dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma. 26.1 De la defensa pública y la asistencia legal gratuita La tradición reconoce lo que en la justicia es conocido como el Abogado de Oficio, cuya función esencial era defender a las personas que por sus precarias condiciones económicas no podían pagar los servicios de un abogado. Sin embargo, la nueva Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, trae en su artículo 176 el servicio de defensa pública que propiamente tiene a su cargo las mismas funciones de lo que anteriormente se llamó el Abogado de Oficio. Este servicio está dotado de autonomía administrativa y funcional, con la finalidad de garantizar la tutela ejecutiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio se ofrece a nivel nacional, es gratuito, igualitario, eficiente y de calidad para todas las personas que no estén asistidas por abogado (artículo 176). 180

181 El artículo 177 ratifica lo establecido en el artículo anterior para ofrecer servicios legales gratuitos a quienes carezcan de recursos económicos que les permitan obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para proteger los derechos de la víctima, sin perjuicio de lo que legalmente le corresponde al Ministerio Público. 26.2 El Consejo Nacional de la Magistratura El título VI de la nueva Constitución recoge lo concerniente al Consejo Nacional de la Magistratura, que fue creado a través de la reforma constitucional del año 1997. El artículo 178 de la Constitución detalla su integración de la manera siguiente: 1. El Presidente de la República, quien lo presidirá y, en su ausencia, por el Vicepresidente de la República; 2. El Presidente del Senado; 3. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría; 4. El Presidente de la Cámara de Diputados; 5. Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría; 6. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 7. Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de secretario; 8. El Procurador General de la República. La ley No. 169-97 que creó el Consejo solo contempla siete miembros, pero la nueva Constitución lo elevó a ocho al añadir al Procurador General de la República. 181

182 Por otra parte el artículo 179 traza las funciones de este importante organismo, las cuales se indican a continuación: 1. Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia; 2. Designar los jueces del Tribunal Constitucional; 3. Designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes; 4. Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los artículos 180 al 183 establecen algunos aspectos importantes del Consejo Nacional de la Magistratura como son: Criterios para la escogencia; Evaluación de desempeño y Escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que por su valor e interés se copian textualmente a continuación: Artículo 180. Criterios para la escogencia. El Consejo Nacional de la Magistratura al conformar la Suprema Corte de Justicia deberá seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. Párrafo I. El Consejo Nacional de la Magistratura, al designar las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento. El Presidente y sus sustitutos ejercerán esas funciones por un período de siete años, al término del cual, y previa evaluación de su desempeño realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, podrán ser elegidos por un nuevo período. Párrafo II. En caso de vacante de un juez investido con una de las calidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la 182

183 Magistratura designará a un nuevo juez con igual calidad o atribuirá ésta a otro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 181. Evaluación de desempeño. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia. Artículo 182. Escogencia jueces Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura al conformar el Tribunal Constitucional dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente, en caso de falta o impedimento. Artículo 183. Escogencia jueces Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura al designar los jueces y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia. 26.3 Del control constitucional El Título VII de la nueva Constitución dejó creada una nueva instancia que es el Tribunal Constitucional que está definido en su artículo 184 para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Las atribuciones de este Tribunal están consignadas en el artículo 185 de la Constitución de la República y son las siguientes: 183

184 1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; 3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4. Cualquier otra materia que disponga la ley. Conviene destacar otros aspectos importantes del Tribunal Constitucional, como los siguientes: 1. Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. (artículo 186) La segunda disposición transitoria establece que este Tribunal deberá integrarse dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. 2. Requisitos y renovación. Para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sus integrantes serán inamovibles durante el tiempo de su mandato. La condición de juez sólo se pierde por muerte, renuncia o destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se podrá designar una persona para completar el período. (artículo 187). Párrafo. Los jueces de este tribunal serán designados por un único período de nueve años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de cinco años. La 19na. disposición 184

185 transitoria establece el procedimiento a seguir en las sustituciones de los jueces. El artículo 189 de la Constitución de la República determina que la ley regulará los procedimientos constitucionales y todo lo relativo a la organización y al funcionamiento de este Tribunal Constitucional. 26.4 El Defensor del Pueblo Desde hace unos ocho años se ha venido debatiendo la creación del denominado Defensor del Pueblo, llamado también como el obusman, existente en varios países europeos y latinoamericanos como Puerto Rico, Perú, etc., pero ahora en la nueva Constitución del año 2010 es cuando realmente se aprobó y sus disposiciones y aspectos básicos aparecen en el Título VIII, artículos 190 al 192, los cuales transcribo en extenso a continuación: TíTULO VIII DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Artículo 190. Autonomía del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes. Artículo 191. Funciones esenciales. La función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento. 185

186 Artículo 192. Elección. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos. La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días siguientes a su aprobación. El Senado de la República efectuará la elección antes de los treinta días siguientes. Párrafo. Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados. 186

187 CAPÍTULO XVIII Otros poderes Independientemente de los tres poderes en que se estructura el sistema democrático, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los investigadores reconocen otros poderes, que en forma positiva inciden en el desarrollo democrático de cada país, como son el Poder Electoral, el de la Prensa y el Municipal, sobre cada uno de los cuales se presentan algunos aspectos importantes. TEMA NO. 27 EL PODER ELECTORAL Y SU IMPORTANCIA EN LAS CONSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Comúnmente se habla de Poder Electoral y del Poder de la Prensa, como los representantes del Cuarto Poder del Estado, queriendo significar con esto la gran importancia y fuerza que tienen dentro de la comunidad nacional, por ser ambos fuertes soportes de la maquinaria que integra el Sistema Democrático Representativo. El Poder Electoral es el encargado de organizar y dirigir todo lo relacionado con el proceso electoral para que las elecciones sean libres, secretas y efectivamente democráticas. Para destacar la importancia que tiene el Poder Electoral en nuestro país, vamos a explicar su organización y efectividad al 187

188 amparo de nuestra Carta Magna y de la Ley No. 275-97, llamada Ley Electoral, y sus últimas modificaciones. 27.1 Estructura del Poder Electoral El Poder Electoral está constituido por los siguientes organismos: a) Por el pleno de la Junta Central Electoral, con asiento en la ciudad capital y con jurisdicción en todo el territorio nacional. La integración del Pleno en la nueva Constitución estará compuesta solamente por 5 jueces, lo que se hará a partir del 16 de agosto del año 2010 previa aprobación de la ley que se aprobará para la nueva reestructuración total de la Junta Central Electoral; b) Por la Junta Electoral del Distrito Nacional, con asiento en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y jurisdicción en todo el ámbito del Distrito Nacional; c) Por las Juntas Municipales Electorales, con asiento en cada municipio del país y jurisdicción dentro de la demarcación correspondiente. Para atender a diferentes sugerencias, principalmente del sector político, hace algunos años introdujeron modificaciones en la estructura de la Junta, como son las siguientes: 27.2 Nueva estructura de la Junta Central Electoral Hasta el año 2003, la estructura de la Junta Central Electoral se manejaba a través del pleno de la misma en que el presidente y los demás jueces conocían de manera pública oral y contradictoria todos los asuntos de orden administrativo y contencioso que sometían los partidos políticos u otros interesados, aunque algunos asuntos también eran conocidos en Cámara de Consejo por los integrantes de dicha Junta. 188

189 Sin embargo, al promulgarse la Ley No. 2 del 7 de enero del año 2003 la situación cambió, pues esta creó dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa electoral para cumplir con las atribuciones que le confirió la referida ley. 27.3 Cámara Administrativa La Ley No. 2 del 7 de enero del 2003 elevó el pleno de la Junta a nueve (9) miembros, conformado por un (1) presidente y ocho (8) miembros, con sus respectivos suplentes, designados por el Senado de la República por un período de cuatro (4) años. La nueva Constitución redujo a cinco (5) el Pleno de la Junta Central Electoral, a partir del 16 de agosto del año 2010, cuando desaparezca esta Cámara Administrativa. La Cámara Administrativa estará integrada por tres miembros, cuyo presidente es seleccionado por el pleno de la Junta y sus funciones figuran en el Artículo 6 de la Ley No. 2, de las cuales destacamos los siguientes: Recomendar al Pleno, para su designación, todos los funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral y sus dependencias, y fijarles sus remuneraciones. El Director de Elecciones, el Director de Cómputos, el Director Nacional de Registro del estado Civil y el Director de la Cédula de Identidad y Electoral, que estará a cargo del Registro Electoral, los cuales serán designados previa consulta con los partidos políticos; Crear los Colegios Electorales que estime necesarios para cada elección, determinando su ubicación y jurisdicción territorial; disponer el traslado, la refundición o la supresión de Colegios Electorales cuando lo juzgue necesario o conveniente; Fiscalizar, cuando lo estime necesario o conveniente, por iniciativa propia o por solicitud, las asambleas y convenciones que celebren los partidos para elegir sus autoridades y/o 189

190 nombrar sus candidatos a cargos electivos, procurando en todo momento que éstas sean efectuadas con estricto apego a lo que disponen la ley, los reglamentos y los estatutos, sin lo cual serán nulas; Tomar las medidas de lugar, en coordinación con las autoridades que correspondan, con miras a que la propaganda mural no afecte el medio ambiente, ni dañe o lesione la propiedad privada, ni las edificaciones y monumentos públicos. En la nueva Constitución las funciones de esta Cámara pasarán a ser competencia del Tribunal Superior Electoral. 27.4 Cámara Contenciosa La Cámara Contenciosa está integrada por cinco (5) miembros, cuyo presidente es seleccionado por el pleno de la Junta y sus funciones figuran en el Artículo 6 de la ley No. 2 de las cuales destacamos las que aparecen debajo, hasta el 16 de agosto del año 2010, pues para esa fecha sus funciones pasaran al Tribunal Superior Electoral, para aprobación de la ley correspondiente. I. Conocer y decidir en instancia única a) De las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las Juntas Electorales, de conformidad con lo que dispone esta ley; suspender en el ejercicio de sus funciones a los que sean objeto de tales impugnaciones o recusaciones, hasta tanto se haya decidido definitivamente respecto de las mismas, en los casos de notoria urgencia y gravedad; b) Respecto de los recursos de revisión previstos en la ley contra sus propias decisiones; c) De las impugnaciones y otras acciones previstas en esta ley y promovidas de conformidad con los procedimientos establecidos en la misma; 190

191 d) De los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas, y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos dictados por la Junta Central Electoral o los estatutos partidarios. No se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos del partido tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltas discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos; e) De cualesquier otros recursos en materia electoral, previstos en esta ley, no atribuidos en primer grado a las Juntas Electorales; II. Como jurisdicción de segundo y último grado a) Resolver acerca de la nulidad de las elecciones en uno o más colegios electorales, cuando esa nulidad haya sido pronunciada por las respectivas juntas electorales; b) Conocer y decidir de las impugnaciones, apelaciones, protestas, reclamaciones u otros recursos que se produzcan a causa de fallos en primer grado de las juntas electorales; c) De los casos de protestas en el proceso de votación ante los colegios electorales, de conformidad con la presente ley; d) Conocer de cualesquier otros recursos de alzada previstos en esta ley; e) Conocer y decidir, ya sea en única o en última instancia, de todo cuanto se relaciona con los actos y procedimientos electorales y sobre la validez de toda elección. En la nueva Constitución esta Cámara desaparecerá y sus principales funciones pasarán a ser competencia de los tribunales ordinarios. 191

192 27.5 Las elecciones en la República Dominicana Para que el ciudadano tenga información sobre las elecciones en nuestro país, vamos a hacer una breve explicación de las mismas, a la luz de la Ley Electoral que rige esta materia. Las elecciones ordinarias son las que se verifican periódicamente y en fechas previamente determinadas por la Constitución, como son las que tradicionalmente se celebran el 16 de mayo, cada cuatro años, para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, así como a los senadores, diputados y a los síndicos y regidores de los ayuntamientos del país. En cambio, las elecciones extraordinarias son las que se verifican por disposición de una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas no determinadas de antemano por la Constitución. Generalmente, las elecciones que antes se hacían para seleccionar los miembros de la Constituyente para reformar la Constitución, se hacían por elecciones extraordinarias. Elecciones generales son las que se celebran en todo el territorio nacional, y las parciales las que se limitan a una o varias regiones del territorio nacional. En la República Dominicana, toda elección debe estar presidida de una proclama, que para las elecciones ordinarias tiene que publicarse a más tardar dos meses antes de la fecha de su celebración, y las elecciones extraordinarias se efectuarán cinco días después de la publicación de la ley que las convoca o de la resolución de la Junta Central Electoral que dispuso su celebración. La modificación constitucional efectuada en 1994 introdujo una profunda variación en el desarrollo de las elecciones del país, pues a partir de esa fecha, para ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República hay que alcanzar en la primera 192

193 vuelta electoral el 50% más un voto de los emitidos, o de lo contrario, es preciso celebrar a los 45 días una segunda vuelta electoral, con la participación exclusiva de los candidatos que quedaron en los dos primeros lugares, siendo triunfante el candidato que obtenga el mayor número de votos, sin tomar en cuenta el porcentaje alcanzado. 27.6 La proclama electoral Antes de la celebración de cualquier tipo de elección la Junta Central Electoral debe emitir la denominada proclama electoral, con la cual queda abierto el proceso electoral, y anunciar en dicha proclama, los siguientes aspectos. a) Clase de elección y extensión territorial que abarcará; b) Disposiciones constitucionales o legislativas en que se fundamente su verificación; c) Fecha de celebración; d) Cargos a ser provistos y duración de los mismos. Se inserta a continuación el reporte de prensa aparecido en el periódico Listín Diario de fecha 12 de febrero del año 2010 al dejar abierta la campaña electoral para las elecciones congresuales y municipales a celebrarse el 16 de mayo de este mismo año. La Junta Central Electoral (JCE) emitió ayer la proclama que dejó oficialmente abierta la campaña electoral para las elecciones del próximo 16 de mayo, en la que se contempla la escogencia de cinco diputados nacionales, cuya ley fue promulgada el 11 de enero por el presidente Leonel Fernández, y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) e igual número de suplentes, establecidos en la nueva Constitución. En los comicios del próximo 16 de mayo, en la que 6,611,397 ciudadanos están aptos para ejercer el sufragio en 193

194 13,250 colegios electorales, serán elegidas las autoridades congresionales y municipales en el periodo 2010-2016. El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, tuvo a su cargo las palabras de apertura del evento al que fueron invitados los partidos políticos reconocidos. Castaños Guzmán precisó que de los electores aptos para ejercer el voto, 3,092,201 son mujeres (50.56%), y 3,024,196, son hombres (49.44%), en tanto que del total general, dos millones 542 mil 835 electores, cuyas edades son entre 18 y 35 años, decidirán el futuro político inmediato. A nivel congresional en la elecciones del 16 de mayo serán elegidos 32 senadores, uno por cada provincia y el Distrito Nacional; 178 diputados en representación del Distrito Nacional y las provincias. Castaños Guzmán explicó que también serán elegidos cinco diputados a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de 1% de los votos válidos emitidos. Asimismo serán elegidos 155 alcaldes y 155 vice-alcaldes, 1,149 regidores, 229 directores y 229 subdirectores en los Distritos Municipales, así como 715 vocales de esos distritos, lo que equivale a 4,036 puestos electivos que resultarán del certamen electoral. Los candidatos habrán de ser propuestos, hasta ahora, por 26 partidos políticos con alcance nacional y un movimiento de carácter municipal, expresó. Advirtió a los partidos que la ley establece plazos legales para las alianzas, por lo que 75 días antes de las elecciones, el 2 de marzo, los pactos de alianzas, coaliciones y fusiones deben ser depositadas en la JCE. Recordó que 60 194

195 días antes, a más tardar el 17 de marzo, deben haber inscritos a sus candidatos. Para conocer la opinión de los partidos acerca del reglamento de la Ley aprobada el jueves por el Congreso, que establece la forma de distribución de los diputados nacionales y al Parlacen, la JCE los convocó a una reunión para el 17 de este mes. 27.7 Algunas disposiciones de la Junta Central Electoral para asegurar el libre ejercicio del voto 1. Declarar como no laborable el día en que se celebren elecciones de cualquier naturaleza en el territorio donde las mismas tendrán efecto; 2. Impedir que se estorbe la libertad de tránsito de los electores, desde sus hogares hasta los lugares de votación, así como para regresar a sus domicilios o puntos de partida; 3. Prohibir todo espectáculo público o manifestaciones, 24 horas antes de las elecciones y no permitir el uso de la prensa, radio, televisión, avisos, carteles, telones y otros medios similares para la propaganda electoral; 4. Prohibir, veinticuatro horas antes de las elecciones y tres después de terminadas las mismas, el expendio de ninguna clase de bebidas alcohólicas; 5. Disponer el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas durante el acto eleccionario, con excepción del personal militar que para resguardar las mesas electorales se utilizará, y los cuales, durante ese proceso cívico, estarán bajo la dependencia de la Junta Central Electoral. 27.8 Procedimiento para ejercer el sufragio 1. El elector al llegar al centro de votación, busca el lugar donde está funcionando su mesa o Colegio Electoral, cuyo 195

196 número encuentras en el margen izquierdo de la Cédula de Identidad y Electoral, con la siguiente inscripción. a) Cédula anterior No. b) Colegio Electoral No. c) Ubicación del Colegio. Al identificar el número de la mesa o Colegio Electoral, se pone en la fila y un miembro de la mesa o Colegio Electoral recogerá la cédula y en breves minutos, busca el nombre en el Libro de Registro, que previamente entregó el organismo electoral al presidente de esa mesa o Colegio Electoral. 2. Si el elector figura en el Libro de Registro Electoral, pasará frente a un miembro de la mesa, quien le entregaría una boleta que tiene conjuntamente las candidaturas de los diferentes partidos que concurren a las elecciones para que el votante ponga una señal en la candidatura del partido político de su preferencia. 3. Con la boleta, el elector penetra solo a la caseta y selecciona la candidatura del partido de su predilección. Si algún elector, por alguna incapacidad física, pidiera ayuda, el presidente de la mesa puede autorizar que una persona de su confianza le preste ayuda para seleccionar el voto del partido de su simpatía. 4. El elector sale de la caseta de selección y deposita en la urna la boleta del partido político por él seleccionado. 5. Cumplidos todos estos pasos el elector será inducido a introducir en un frasco que contenga tinta indeleble, el dedo índice de su mano derecha hasta la segunda coyuntura, luego se le entregarán sus documentos y de esa manera y habrá cumplido con la disposición constitucional del sufragio, establecida en el Artículo 120 de la Ley electoral No. 275-97 y la Resolución de la Junta Central Electoral de fecha 5 de julio de 1977. 196

197 27.9 El Poder Electoral a la luz de la nueva Constitución El tema electoral es tratado en la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010 en su Título X, Capítulos I, II y III. En su Capítulo I trata el tema de las Asambleas Electorales según puede verse a continuación: CAPÍTULO I DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES Artículo 208. Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Párrafo. No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. Artículo 209. Asambleas electorales. Las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero. 1. Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente de la República y al Vicepresidente ninguna de las candidaturas 197

198 obtenga al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección el último domingo del mes de junio del mismo año. En esta última elección sólo participarán las dos candidaturas que hayan alcanzado el mayor número de votos, y se considerará ganadora la candidatura que obtenga el mayor número de los votos válidos emitidos; 2. Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos; 3. En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las asambleas electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo. Artículo 210. Referendos. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones: 1. No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada; 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara. El Capítulo II versa sobre los Órganos Electorales y la Junta Central Electoral, y el Tribunal Superior Electoral, artículos Nos. 211 al 215 los cuales se detallan debajo: CAPÍTULO II DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES Artículo 211. Organización de las elecciones. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales bajo su dependencia, las cuales 198

199 tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL Artículo 212. Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Párrafo I. La Junta Central Electoral estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, elegidos por un período de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Párrafo II. Serán dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral. Párrafo III. Durante las elecciones la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública, de conformidad con la ley. Párrafo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Artículo 213. Juntas Electorales. En el Distrito Nacional y en cada municipio habrá una Junta Electoral con funciones administrativas y contenciosas. En materia administrativa estarán 199

200 subordinadas a la Junta Central Electoral. En materia contenciosa sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral, de conformidad con la ley. DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Artículo 214. Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Artículo 215. Integración. El Tribunal estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y sus suplentes, designados por un período de cuatro años por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indicará cuál de entre ellos ocupará la presidencia. El Capítulo III versa sobre los partidos políticos que como todos sabemos son agrupaciones de gran valor e importancia porque de entre sus miembros salen los candidatos a los más encumbrados cargos electivos, como son el Presidente y Vicepresidente de la República, así como los senadores, diputados, síndicos y regidores, los cuales están definidos y regulados en el artículo 216 que se transcribe a continuación: CAPÍTULO III DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Artículo 216. Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los 121 principios establecidos en esta Constitución. Su 200

201 conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1. Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2. Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3. Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. TEMA NO. 28 EL PODER DE LA PRENSA Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO El poder de la prensa y su importancia se acentúa cada día más, pues abarca todos los medios impresos, la radio y la televisión que, además de vehículos de información, también son medios de educación y propaganda que han dado resultados tan positivos que se están utilizando con bastante éxito en el campo político, comercial, educativo, religioso, etc. Estos medios de comunicación social, como modernamente se les llama, pueden realizar una importante labor a favor del pueblo, como la que realiza la escuela al formar y moldear la conciencia de los futuros ciudadanos. En la República Dominicana, tanto la prensa escrita, como la radial y televisada han alcanzado un auge extraordinario, de manera tal, que hasta se afirma que este país es uno de los mejor informados que hay en el Continente Americano. 201

202 A nivel nacional circulan los siguientes periódicos: el Listín Diario, El Caribe, Hoy, Nuevo Diario, La Información, El Nacional, Primicias, La Tarde Alegre, y El Camino, que es una publicación semanal de la Iglesia Católica. Una nueva modalidad periodística ha surgido en la República Dominicana recientemente: el periódico gratuito. Esta modalidad de la prensa escrita es muy importante para la difusión cultural, pues llega a amplios sectores sin acceso a los periódicos vendidos, incrementándose de ese modo el número de lectores. Entre estas publicaciones están Diario Libre, El Día y Clave Digital. También circulan interesantes revistas semanales, quincenales y mensuales. Existen varias plantas televisivas y más de 200 emisoras de radio que cubren los 48 mil kilómetros cuadrados que mide el país. Entre las principales plantas televisivas podemos destacar las siguientes: 1. Canal 2 de Tele Antillas. 2. Canales 4-5- y 12 de Corporación Dominicana de Radio y Televisión (CERTV) que al mismo tiempo es el canal Estatal o del Gobierno. 3. Canal 5 Telemicro. 4. Canal 6 Globovisión. 5. Canal 7 Antena Latina. 6. Canal 8 Coral. 7. Canal 9 Color Visión., nacida en Santiago de los Caballeros y luego trasladada a la capital de la República, cabiéndole el honor de ser la primera planta televisora que salió al aire en colores, el 30 de noviembre del año 1969. 8. Canal 11 Telesistema Dominicano. 9. Canal 13, Telecentro. 202

203 10. Canal 15 Digital 15. 11. Canal 23. Telefuturo. 12. Canal 27 R.N.N. 13. Canal 37 Cadena Nacional de Noticias. 14. Y otros. Al desarrollarse en forma significativa la televisión por cable, pueden verse muchos canales de televisión, tanto nacionales como internacionales. Además, la mayoría de las provincias y municipios del país poseen televisión por cable con incidencia a nivel local y regional. En un sistema democrático como el que impera en República Dominicana, la prensa, ya sea escrita, radial o televisiva, representa un cuarto poder, toda vez que sirve no sólo como medio de información sino como instancia de control, pues con sus denuncias, comentarios y orientaciones constituye un efectivo mecanismo de contención a violaciones, errores, desmanes, cohechos y acciones dañinas para y por las instancias gubernamentales, los sectores productivos y de servicio y la sociedad en general. La prensa en los países, es libre, como puede apreciarse en nuestro país. La Constitución dominicana consagra la libertad de prensa, pero esta debe ajustar su función a las regulaciones de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. 203

205 CAPÍTULO XIX Valor e importancia del Poder Municipal Tradicionalmente ha sido muy importante la labor y la influencia que en el campo social, político, económico, educativo y comunitario desarrolla la municipalidad, de tal manera, que el patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la República, llegó a denominarlo como El Poder Municipal, pero con la incidencia política que en los últimos años han alcanzado los partidos políticos, esta labor e influencia ha aumentado considerablemente, de tal manera, que se ha desatado una inusitada aspiración por lograr la elección como Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, que es el organismo que reglamenta, dirige, controla y asesora, la vida de los ayuntamientos del país, como se explicará más adelante. TEMA NO. 29 BREVE HISTORIA SOBRE EL ORIGEN DEL AYUNTAMIENTO El Ayuntamiento es una institución de gran tradición en la organización municipal, que fue traído a América por los españoles, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, cuando el cabildo español estaba en plena decadencia y había perdido su gran fuerza y prestigio. Sobre el origen del ayuntamiento se han tejido varias teorías pero la más aceptable es la que lo ubica en el municipio romano. 205

206 Antiguamente, las ciudades que eran conquistadas por los romanos, gozaban de cierta autonomía, se les otorgaba el nombre de municipio y sus habitantes tenían los mismos derechos del ciudadano romano, a excepción del derecho político. La autoridad de que gozaban para resolver los problemas locales y el hecho de formar parte de un régimen político superior, nos señalan las dos características esenciales del Consejo o Ayuntamiento Español. 29.1 Nacimiento y composición del municipio en la República Dominicana Nuestra Constitución determina que el gobierno municipal está a cargo de un ayuntamiento. La Ley de Organización Municipal No. 3455 del año 1953, establece la formación, organización, funcionamiento, atribuciones, etc. de los diferentes municipios que integran el territorio nacional. Antes de 1953 los municipios recibían el nombre de Comunes, y se regían por la Ley de Organización Comunal No. 37 del año 1923. Sólo por ley podrá ser creado, suprimido o modificado un municipio, cuyo nombre y límites, también serán indicados por ley. El Ayuntamiento está compuesto por el alcalde, el vicealcalde y los regidores, los cuales son elegidos cada cuatro años, directamente por el pueblo, entre las candidaturas propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas nacionales, provinciales o municipales. Para cada regidor, así como para el alcalde, se elige un suplente, al mismo tiempo y en igual forma que el titular. Por cada cinco mil habitantes, o fracción mayor de tres mil, se elige un regidor, pero ningún ayuntamiento podrá tener menos de cinco regidores. 206

207 29.2 Requisitos o condiciones para ser miembro de un ayuntamiento Para poder ser miembro de un ayuntamiento es imprescindible llenar los siguientes requisitos: a) Tener más de 21 años de edad. b) Saber leer y escribir, c) Tener su domicilio en el municipio y por lo menos un año de residencia en el mismo. d) Gozar de buena reputación. Los extranjeros sólo podrán ser miembros de los Ayuntamientos cuando llenen los requisitos prescritos por la Constitución y las leyes, siempre que tengan más de 10 años residiendo en el municipio del ayuntamiento del que van a ser miembros. Las personas que sean parientes o afines en línea directa en cualquier grado, no pueden ser miembros de un mismo ayuntamiento, y el cargo de regidor y el de alcalde son incompatibles con los de: Presidente de la República, ministro o viceministro, juez de cualquier corte o tribunal, representante del Ministerio Público, miembro de la Cámara de Cuentas, gobernador, auditor y contralor General de la República, miembro de la Policía o de las Fuerzas Armadas en actividad de servicio, secretario de gobernación, Director del Registro y Conservador de Hipotecas. El cargo de regidor es honorífico y gratuito pero en cambio, el alcalde goza de un sueldo que le es fijado en el presupuesto anual correspondiente a los gastos del municipio. Sin embargo, conviene hacer notar que con el paso de los años los ayuntamientos se han inventado asignar dietas por cada una de las sesiones celebradas que en el fondo constituyen, en algunos casos, sumas elevadas que pueden equipararse a altos salarios que se devengan por los honoríficos servicios prestados. 207

208 Anteriormente ser regidor constituía una alta y honrosa distinción honorífica para lo cual se buscaban los hombres más serios de cada comunidad, que se hubieren distinguido por su honestidad, capacidad, buen comportamiento y servicios rendidos a favor de sus semejantes. 29.3 Nombramientos y funciones principales de las autoridades municipales Cada ayuntamiento elige anualmente de su seno un presidente y un vicepresidente, y deberá celebrar sesiones por lo menos dos veces al mes, las cuales serán públicas. Para decidir los asuntos tratados es necesario obtener más de la mitad de los votos de los regidores presentes, debiendo abstenerse los miembros de los ayuntamientos en la deliberación y votación de aquellos asuntos en que estuvieren interesados, sea personalmente o como mandatarios. Los ayuntamientos reglamentarán todo lo relativo a su organización interior a la del personal, las oficinas y los servicios que de él dependen, en cuanto no esté previsto por la ley. Las oficinas, los libros y documentos municipales son públicos, y en consecuencia, cualquier persona puede hacerse expedir copias y certificaciones, mediante el pago de los impuestos, derechos y honorarios legalmente establecidos. Los ayuntamientos, pueden dictar ordenanzas, resoluciones y reglamentos, cuya publicación hará el alcalde en un diario del municipio, si lo hubiere, y en caso contrario en un diario de circulación nacional de Santo Domingo, reputándose reconocido y obligatorio de cumplimiento al día siguiente de su publicación, salvo que se señale otro plazo. Mediante los documentos señalados en el párrafo anterior los ayuntamientos pueden establecer penas en multas de uno 208

209 a diez pesos o arresto de uno a diez días, o ambas penas a la vez, y confiscar las cosas que las infrinjan, y está a cargo de la Policía Nacional hacer cumplir todas las disposiciones legales que emanen de los ayuntamientos, y en caso contrario perseguir y someter a la acción judicial a quienes las infrinjan. 29.4 Deberes de los ayuntamientos Es deber de los ayuntamientos ordenar, reglamentar y resolver todo lo conveniente y necesario para enfrentar las necesidades del municipio, principalmente, en lo que respecta a su bienestar, prosperidad y cultura, para lo cual están investidos de cuantas atribuciones fueran necesarias, entre las que destacan las siguientes: 1. Establecer los límites de las zonas urbanas y sub-urbanas de las ciudades, villas y poblados, y modificarlos cuando hubiere lugar a ello, así como establecer normas y planos reguladores para la urbanización, del ensanche y la zonificación de las ciudades, villas y poblados. 2. Reglamentar todo lo concerniente a construcción de calles, viviendas, edificios, aceras, contenes, etc. dentro de la jurisdicción del municipio. 3. Organizar y sostener al Cuerpo de Bomberos, o ayudar a su creación para prevención y combate de fuegos, siniestros y salvamentos de personas y bienes. 4. Asegurar el abastecimiento de agua de calidad y en cantidad suficiente para el consumo público y de los particulares. 5. Resolver las solicitudes para conceder el establecimiento de servicios telegráficos o telefónicos dentro de los límites urbanos. 6. Crear o sostener escuelas, bibliotecas, museos, parques o jardines zoológicos y botánicos, academias y bandas de música, 209

210 salas para actos y conciertos, teatros, campos para deportes, y otros establecimientos de educación y recreo. 29.5 Atribuciones del alcalde Bajo la vigilancia del ayuntamiento, el alcalde está encargado de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones referentes a la administración de los bienes municipales, por cuya conservación debe velar. El alcalde deberá firmar en representación del ayuntamiento, los contratos que hayan sido debidamente autorizados, así como velar por su fiel ejecución. También, dirigir y supervigilar los trabajos municipales, y el funcionamiento de los establecimientos y servicios del municipio. Este funcionario está autorizado para representar el municipio en justicia, ya sea como demandante o como demandado. Dirigirá la recaudación de las rentas y supervigilará en el ejercicio de sus funciones a los alcaldes pedáneos. En las decisiones del ayuntamiento el alcalde tendrá voz deliberativa, pero no voto, y no podrá ausentarse de su jurisdicción sin permiso del ayuntamiento o del ministro de Interior y Policía. En ausencia del alcalde, sus funciones son asumidas por el vicealcalde, y si esta ausencia excede de un mes, el suplente gozará del mismo sueldo que tuviere el alcalde. La Disposición Transitoria No. 14 de la nueva Constitución dispone que las asambleas electorales para elegir las autoridades municipales en los años 2010 y 2016 sean celebradas el tercer domingo de mayo. 29.6 La Liga Municipal Dominicana Para facilitar la realización de las obras de cada ayuntamiento, así como para propiciar la cooperación entre los 210

211 municipios de la República, estimulando y favoreciendo la cooperación municipal internacional, recomendada en la Resolución No. 2 votada por el Primer Congreso Panamericano de Municipios, que tuvo efecto en la ciudad de La Habana, República de Cuba, en 1938, el Gobierno dominicano creó mediante la Ley No. 49, de ese mismo año, la Liga Municipal Dominicana. Se destacan entre sus principales funciones, la promoción de las mejores relaciones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios de la República, con el fin de que puedan prestarse la mejor ayuda mutua en la realización de sus funciones, en la solución de sus problemas, en el desarrollo de sus planes de progreso, y en todo cuanto propenda al mayor bienestar de sus respectivas localidades. Por ley No. 3896 de 1954 la Liga Municipal Dominicana fue investida de personalidad jurídica. La Liga se rige por un Reglamento, que en su artículo 3 establece que la misma está constituida por la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Indica ese mismo Reglamento las atribuciones y deberes de cada uno de estos órganos directivos. La Liga Municipal Dominicana está constituida por el Ministerio de Interior y Policía, quien la preside, el presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, así como por otros presidentes de ayuntamientos que representan las regiones Norte, Este y Sur del país. Un secretario general es el encargado da dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Liga Municipal Dominicana. El Gobierno central concede anualmente a la Liga Municipal Dominicana una subvención de muchos millones de pesos que se consignan en la ley de Gastos Públicos a favor de los ayuntamientos, de la cual recibe la Liga la duodécima parte. 211

212 Posteriormente se aprobó una nueva ley que determina que estos recursos se entregarán directamente a los ayuntamientos del país a través de la Tesorería Nacional. Mediante la ley No. 624 del 28 de diciembre de 1973, se establecieron las sumas fijas que debían recibir los Ayuntamientos del país, autorizando el artículo 2 de esa misma ley al Poder Ejecutivo, aumentar los subsidios ordinarios según las necesidades de cada ayuntamiento y las posibilidades económicas del Estado. Sin embargo, personalidades y miembros de diferentes ayuntamientos del país se quejaban por el poco monto que recibían sus respectivos municipios, los que confrontaban serias dificultades económicas al no poder atender ni facilitar a sus habitantes los servicios más indispensables para el desenvolvimiento de la vida diaria. Por estas circunstancias, y ante los justos reclamos que hacían los representantes de los ayuntamientos de la República, el Gobierno de Concentración Nacional, triunfador en las elecciones ordinarias de 1982, sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley que en gran parte solucionaba esta situación. Después de algunas enmiendas hechas por los diputados y senadores, el mencionado proyecto se convirtió en la ley No. 140, que fue promulgada el 24 de junio de 1983, mediante la cual se destinó a favor de los ayuntamientos del país el veinte por ciento (20%) de los ingresos del Estado por concepto de Impuestos de Rentas Internas, incluyendo los impuestos adicionales y los recargos. En su artículo 1ro., la ley destina el veinte por ciento (20%) de los ingresos del Estado por concepto de Impuestos de Rentas Internas, incluyendo los impuestos adicionales y los recargos; gravando con el mismo veinte por ciento (20%) los fondos por 212

213 concepto de Rentas Internas que ingresen directamente a la Tesorería Nacional. El artículo 3ro. establece que la suma resultante del veinte por ciento (20%) será distribuida entre todos los municipios del país, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga cada uno, tomando como base el porcentaje que representa la población de cada municipio en relación con el número de habitantes del país. Los porcentajes de esta distribución se modificarán en consonancia con la tasa de crecimiento anual de la población, para lo cual se tomará como referencia el último Censo Nacional y las proyecciones anuales que garantice técnicamente la Oficina Nacional de Estadísticas. Indudablemente que esta ley ha sido beneficiosa para los ayuntamientos del país. 29.7 Del régimen de los municipios La Constitución del año 2010 incluye innovaciones importantes sobre el régimen municipal, las cuales aparecen en su título IX, específicamente en su Sección II y III, artículos 199 al 207, algunas de las cuales, por su incidencia en la vida municipal comentamos a continuación: 1. Administración local: Está determinada en el artículo 199 al establecer que: El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de usos de suelo, fijados de manera expresa por la ley y sujetos al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes. 213

214 2. Arbitrios: La Constitución en su artículo 201 autoriza a los ayuntamientos a establecer arbitrios conforme a la ley sin colindar con los impuestos nacionales, ni con la Constitución o las leyes. La solución de las controversias que surjan con este motivo serán resueltas por los tribunales competentes (artículo 200). 3. Gobiernos locales: El gobierno municipal está bajo la responsabilidad del ayuntamiento constituido por el Consejo de Regidores y la Alcaldía, antigua Sindicatura Municipal, que actúa como órgano ejecutivo encabezado por el alcalde anteriormente denominado síndico municipal (artículo 201). 4. En su único Párrafo se establece que tanto los alcaldes como los regidores se elegirán a través de las candidaturas que presenten los partidos o agrupaciones políticas legalmente reconocidas. 5. El artículo 203 de la nueva Constitución de la República crea la moderna iniciativa del referendo, plebiscito e iniciativa normativa municipal, cuyos requisitos y condiciones para su ejecución serán creadas por la Ley Orgánica de Administración Local. 6. El artículo 206 de la Constitución de la República pasa la obligación económica de los municipios a dar participación a la comunidad en el desarrollo progresivo de los denominados presupuestos participativos, propiciando la integración y responsabilidad ciudadana para la ejecución y control de las políticas de desarrollo local. 29.8 Organización y gobierno de las provincias Hemos explicado con claridad lo que es el municipio, así como la corporación que rige su vida institucional, o sea, el ayuntamiento. Uno o más municipios forman la comunidad territorial llamada provincia, que viene a ser la división política intermedia entre el Municipio y el país. 214

215 La provincia constituía cada una de las grandes divisiones del imperio romano con respecto a los territorios conquistados fuera de la península italiana y cuyo gobierno correspondía a un pretor. Cuando en 1844 nacimos a la vida independiente, el territorio nacional fue dividido en cinco provincias, para lo cual se tomó como base el número de partidos existentes en esa fecha. Terminada la guerra de Restauración, que nos retornó la libertad, se fueron creando los distritos hasta llegar al número de doce entre provincias y distritos. Gradualmente se han ido creando otras provincias. Para el año 2004 el país tenía 31 provincias y el Distrito Nacional, que a juicio de muchas personas e instituciones resultan numerosas para la extensión de 48 mil kilómetros cuadrados que conforman el territorio nacional. El artículo 197 de la nueva Constitución de la República define la provincia como la demarcación política intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes. La ley definirá todo lo relativo a su composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas. El funcionario principal de la demarcación es el gobernador provincial, quien es designado por el Poder Ejecutivo del cual es representante. Para ser gobernador civil se requiere ser dominicano o dominicana, mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Sus atribuciones y deberes serán determinados por la ley. Sin embargo, pueden señalarse sus principales funciones: 1. Velar por el cumplimiento de las leyes. 2. Cooperar con el mantenimiento del orden público. 3. Disponer lo relativo a la apertura, construcción, instrucción, inspección y reparación de caminos intermunicipales. 4. Representar en su jurisdicción al Poder Ejecutivo. 215

217 CAPÍTULO XX La Carta Magna o Constitución de la República La Constitución del Estado es el centro normativo sobre el cual se basan las demás leyes. Los preceptos jurídicos singulares se ordenan todos alrededor de la Constitución, pues ella contiene las normas por las cuales deben guiarse todos los ciudadanos. En todo Estado independiente la Constitución es un orden supremo cuya validez no depende de ningún otro. Por eso, la Constitución también recibe los nombres de Ley Sustantiva, Ley Fundamental y Ley de Leyes, cualquier disposición que le sea contraria es inconstitucional, y, en consecuencia, los ciudadanos no están en la obligación de respetarla. Por encima de la constitución de un estado soberano sólo está la voluntad popular. En la Constitución está contenida la organización del propio Estado, y modernamente también contiene una enumeración detallada de los derechos y deberes del ciudadano, y algunas también establecen la forma en que dicha ley fundamental pueda modificarse. Hasta 1914 las constituciones solían ser documentos breves, pero después de 1918 ha progresado la tendencia que incluye en los mismos principios sociales, económicos y políticos que antes no se dejaban para ser tratados en las leyes ordinarias. Una de las primeras constituciones en hacer uso de esta práctica fue la Constitución de México en 1917. 217

218 Las constituciones suelen constar de dos partes fundamentales: la dogmática y la orgánica. En la primera se declaran los derechos y deberes de los ciudadanos, y en la segunda, se establece la organización del Estado, comprendiendo los principios fundamentales del sistema representativo, la organización particular de cada uno de los poderes públicos, la determinación de sus respectivos límites y el modo de resolver los conflictos que entre ellos se produzcan. TEMA NO. 30 PRIMERA CONSTITUCIÓN DOMINICANA La Constitución de la República Dominicana fue discutida y aprobada por vez primera en la ciudad de San Cristóbal y firmada por los diputados el día 6 de noviembre del 1844, quedando consagrada dicha fecha como Día de la Constitución, naciendo a la vida jurídica del país el Estado Dominicano. Durante los meses que transcurrieron desde la proclamación de nuestra Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844, hasta que se proclamó nuestra Constitución, se hizo uso, para regir el país, de los principios contenidos en el documento firmado el 16 de enero de 1844, que recogía la idea de muchas personas para nuestra separación de Haití. Muchos dominicanos se preguntan por qué los constituyentes no discutían la Constitución en la capital de la República y en cambio, lo hicieron en una ciudad de menos importancia. La respuesta es que ellos trataron de evadir las presiones de los dirigentes políticos y militares más sobresalientes de esa época, pero esto fue inútil ya que el general Pedro Santana obtuvo la inclusión de un artículo que permitía al Presidente de la República actuar como un dictador. Ese artículo fue el 210. 218

219 Hay personas que dicen: La primera Constitución se firmó en San Cristóbal, pero otros no están de acuerdo con esta expresión, pues, consideran que lo correcto es decir: la Constitución se firmó en San Cristóbal, al considerar que no ha habido la primera, segunda, tercera, etc., sino una sola Constitución que ha sufrido diferentes modificaciones a través de la vida de la República. Al desaparecer el gobierno de Trujillo en 1961, una de las primeras demandas fue la revisión y modificación de la Constitución de la República para que el país se encauzara por el sendero de la democracia representativa. 30.1 La Constitución de 1963 El gobierno surgido de la voluntad popular en 1962 y que perteneció al Partido Revolucionario Dominicano, redactó una nueva Constitución, aplaudida por unos y criticada por otros, la cual fue proclamada el 29 de abril de 1963, pero ésta fue desconocida por el golpe militar acontecido el 25 de septiembre de 1963, volviendo a ser utilizada la Constitución anterior. En parte, esta Constitución fue el fruto de la experiencia y la capacidad del Profesor Juan Bosch y de otros connotados exiliados políticos que vinieron al país a la caída de Trujillo, la cual incluyó principios de avanzada índole social y política, lo que fue motivo para el derrocamiento del gobierno. 30.2 El Acta Institucional y la Constitución de 1966 Como consecuencia de los acuerdos tomados después de la guerra civil de 1965, surgió el llamado Gobierno Provisional que utilizó como Constitución para regirse la denominada Acta Institucional; pero el gobierno surgido por la voluntad popular en 1966 y perteneciente al Partido Reformista, redactó una nueva 219

220 Constitución, también aplaudida por unos y criticada por otros, la cual fue proclamada el 28 de noviembre de 1966, rigiendo la vida del país hasta 1994, por lo que es considerada como la de más larga duración y por la que se guiaron las autoridades elegidas y designadas para el cumplimiento de sus funciones. Muchas personas pedían la modificación de esta Constitución para que se consagrara la no reelección presidencial. 30.3 Fuentes y principios de nuestra Constitución Las fuentes principales de nuestra Carta Magna fueron la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, proclamada en Filadelfia, las leyes de Francia y la Constitución de Cádiz de 1812. Nuestra Constitución fue el conjunto de principios políticos y promesas en las manifestaciones dirigidas al pueblo por los Trinitarios el 16 de enero de 1844, donde se anunció que el propósito del grupo separatista era convertir la nación dominicana en un Estado Unitario, respetuoso de la Religión Católica, Republicano, Democrático y Representativo, al formarse la Junta Central Gubernativa, días después de la proclamación de la independencia el 27 de febrero, para asegurar el orden interno, la administración de los servicios públicos más esenciales, la obtención de recursos humanos y económicos con qué proveer la defensa del nuevo Estado con relación de Haití. 30.4 Condiciones de una ley constitucional Si la Constitución es la Carta Magna de un Estado, y por su magnitud, trascendencia e importancia se le llama Ley Fundamental o Ley Sustantiva, sus condiciones serán tan superiores que estará por encima de todas las demás leyes, ya que es la Ley de Leyes, y cualquier ley que sea contraria a ella será declarada nula por inconstitucional. La ley constitucional no es interpretativa. 220

221 30.5 Mecanismos para la reforma constitucional En razón de que una reforma constitucional es una medida de trascendencia, debe rodearse de toda seriedad por la importancia que tiene para la vida del país y en consecuencia, la propia Constitución señala las condiciones y el procedimiento de cómo debe efectuarse esa reforma. En la República Dominicana la actual Constitución indica que para su modificación es necesario obtener en el Congreso Nacional el apoyo de la tercera parte de los miembros de ambas cámaras. La reforma a la Constitución debe declararse por una ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, y que ordenará la reunión de la Asamblea General, determinando el objeto de la reforma e indicando los artículos a ser modificados. Dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declare la necesidad de la reforma, la Asamblea Nacional deberá reunirse con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Una vez votadas y proclamadas las reformas por la Asamblea Nacional, la Constitución se publicará íntegramente con los textos reformados. Las decisiones que se tomen, cuando se trate de reformar la Constitución, deben contar con las dos terceras partes de los votos. La reforma nunca podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Dicha reforma sólo puede hacerse en la forma indicada por ella misma, y no podrá ser suspendida ni anulada por ningún poder, autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. 221

222 30.6 Asamblea Revisora o Asamblea Constituyente? Fruto del desarrollo político que indudablemente hemos logrado en los últimos años, diferentes grupos, representativos de la vida nacional, incluyendo senadores y diputados, propugnaban por la modificación de la Constitución de la República, para entre otras cosas, consagrar el principio de la no reelección para los cargos electivos. Esto se logró con la reforma de 1994, la cual, entre otros aspectos establece, la no reelección del Presidente de la República, disposición que fue anulada en una nueva reforma constitucional. Con motivo de la nueva reforma a nuestra Carta Sustantiva, surgió una polémica en el sentido de que si al conjunto de ciudadanos reunidos con este propósito se les debe llamar Asamblea Constituyente o Asamblea Revisora. El Senado y la Cámara de Diputados generalmente sesionan separadamente, pero cuando lo hacen juntos forman lo que se denomina la Asamblea Nacional, lo que sólo pueden hacer en los casos señalados por la misma Constitución. Algunas personas e instituciones consideran que son iguales la Asamblea Constituyente y la Asamblea Revisora. Pero aunque en el fondo tienen el mismo propósito, como es el de reformar la Constitución, se advierten algunas diferencias, entre las cuales figura el hecho que los integrantes de una Asamblea Constituyente necesariamente no son los mismos que integran una Asamblea Revisora y viceversa. La Asamblea Constituyente está formada por representantes elegidos por el pueblo mediante el voto directo, con la exclusiva misión de reformar la Constitución del Estado, y ahí estriba su diferencia con la Asamblea Revisora. Los miembros de la Asamblea Constituyente se seleccionan según el número de habitantes por cada provincia y el Distrito 222

223 Nacional, y en la misma proporción que la cantidad de diputados existentes por cada demarcación provincial. Los integrantes deben reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ser diputado, y gozan de la misma inmunidad que ellos mientras dure el proceso de reforma. Los miembros que integran una Asamblea Constituyente necesariamente no tienen que ser miembros de un partido político determinado. Quizás sea ésta una de las razones fundamentales para que la Constitución de la República sea revisada por personas ajenas a todo sectarismo partidista, destacadas en cada demarcación provincial por sus altas condiciones morales e intelectuales. Una vez terminado el mandato de revisar la Constitución, los miembros de la Asamblea Constituyente cesan en sus funciones. En cambio la Asamblea Revisora está integrada por los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, elegidos en las 31 provincias y en el Distrito Nacional, en representación de los partidos políticos que debidamente reconocidos participan en las elecciones generales, celebradas cada cuatro años en el país. Una vez terminado el mandato que por ley se les da a los diputados y senadores para integrar la Asamblea Revisora, para revisar o modificar la Constitución, éstos vuelven a integrarse a sus respectivas cámaras para seguir cumpliendo la misión de elaborar las leyes que deben regir la vida jurídica de la nación. Mientras no se efectúe otra modificación, la actual Constitución solo puede ser revisada por los diputados y senadores elegidos, quienes, de aprobarse la ley correspondiente, integrarán la Asamblea Revisora, ya que constitucionalmente ha sido eliminada la práctica de integrar la Asamblea Constituyente 223

224 por otros ciudadanos que no sean los miembros del Congreso Nacional, alegándose para ello que el procedimiento es largo y costoso para el Estado. 30.7 Posición de diferentes e importantes sectores nacionales sobre el tema anterior Al asumir la Presidencia de la República en agosto del año 2004, el doctor Leonel Fernández Reyna manifestó a la comunidad nacional la necesidad de hacer una profunda reforma a la Constitución de la República con el fin, entre otras motivaciones de ajustarla a la modernidad que exigen los nuevos tiempos, tal como lo vienen haciendo otros países de la región latinoamericana, así como también para recoger las continuas sugerencias que en este mismo sentido vienen haciendo valiosos representativos de la vida nacional, quienes han sugerido modificaciones específicas sobre temas importantes como la nacionalidad, la no reelección, modificación del artículo 55 de la Constitución de la República, introducción del referéndum y otros aspectos no menos importantes. Para este propósito, el Presidente Fernández designó una comisión integrada por reconocidos expertos en el área constitucional, sin importar su militancia política, con la coordinación de monseñor Agripino Núñez Collado, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Esta comisión, con el apoyo del Poder Ejecutivo, dedicó buena parte de su tiempo en organizar la denominada Consulta Popular, para obtener la reacción de sectores de la comunidad nacional, entre ellos representativos de los poderes políticos, de los empresarios, sindicatos, educadores, políticos, economistas, etc. La consulta fue exitosa, a juzgar por las reseñas publicadas 224

225 por los principales medios de comunicación y de los comentarios vertidos a través de la radio y la televisión. Las opiniones externadas en esta consulta fueron procesadas y entregadas a la Asamblea Revisora, para ser tomadas en cuenta durante el proceso de la reforma constitucional. Surgieron divergencias de opiniones en lo que respecta al medio a utilizar para la reforma, en el sentido de si se hacía a través de la Asamblea Revisora o una Asamblea Constituyente. Sin embargo, las modificaciones a la Constitución solo pueden hacerse por medio de la Asamblea Revisora, pues para hacerlo por otra vía sería necesario proceder a modificar la propia Constitución. Entre los sectores seguidores de la Asamblea Revisora se encontraban los propios legisladores (senadores y diputados) y el actual Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, quienes consideraban que con ella no había que introducir modificaciones a la Constitución, y que si se hacía una Constituyente era necesario realizar un proceso electoral igual al que se efectúa para elegir a los senadores y diputados, además de invertir una suma millonaria y de la dificultad de encontrar para la Constituyente candidatos imparciales, revestidos de una alta moralidad, imparcialidad y honestidad, porque de cualquier manera esos candidatos tendrían que ser presentados por los partidos del actual sistema político. Finalmente, los senadores y diputados se constituyeron en Asamblea Revisora para proceder a reformar nuestra Carta Magna, lo que produjo la nueva Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010. 225

227 CAPÍTULO XXI La nueva Constitución El 26 de enero de 2010, con motivo de la celebración del 197 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria junto los mártires Matías Ramón Mella y Francisco Del Rosario Sánchez, fue proclamada la nueva Constitución de la República, que viene a ser la reforma No. 38 desde su introducción el 06 de noviembre de 1844, en un acto profundamente solemne en el auditorio del Congreso Nacional, al que asistieron el Presidente y el Vicepresidente de la República, los senadores y diputados, del periodo 2006-2010, quienes se constituyeron en Asamblea Revisora para esta reforma, en trabajos iniciados el 24 de marzo del año 2009, para una labor que extendió por más de nueve (9) meses. Fueron invitados los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta Central Electoral y los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, así como también funcionarios de la Administración Pública y representantes del empresariado. Los asambleístas se reunieron desde las 9:00 de la mañana para que los secretarios dieran lectura al texto completo de la Reforma Constitucional y a las 4:00 de la tarde se inició la segunda parte consistente en la proclamación, con discurso del Presidente de la Asamblea Revisora, doctor Reinaldo Pared Pérez y del honorable señor Presidente de la República doctor Leonel Fernández Reyna. 227

228 Esta reforma constitucional de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias, deroga la anterior Carta Magna, cuya última modificación fue en el año 2002, para introducir nuevamente la reelección presidencial. El doctor Leonel Fernández Reyna manifestó que con esta Constitución se produce un salto cualitativo al introducir elementos propios de una democracia directa y participativa. Por otra parte el doctor Reinaldo Pared Pérez la calificó como la más avanzada de la vida democrática nacional. Como señalamos, previo al sometimiento de las iniciativas, el Poder Ejecutivo agotó un largo proceso de consultas populares en el que distintos sectores opinaron sobre la Carta Magna que debía tener el país. Los resultados de esas consultas fueron plasmados en un anteproyecto elaborado por la comisión de juristas integrada por Milton Ray Guevara, César Pina Toribio, Adriano Miguel Tejada, Licelott Marte de Barrios, Aura Celeste Fernández, Leyda Margarita Piña, Julio César Castaños Espaillat, Eduardo Jorge Prats, Flavio Darío Espinal, Pelegrín Castillo, Luis Gómez Pérez, Raymundo Guzmán, José Darío Suárez y monseñor Agripino Núñez Collado, quien la coordinó. Una vez en el Congreso, se integró una comisión bicameral, que estudió ambas iniciativas y además se iniciaron los foros por la reforma, organizados por el Ejecutivo. La referida comisión comenzó un proceso de consultas, conversatorios y vistas públicas, donde recibió propuestas y sugerencias de diversos sectores de la sociedad. Igualmente se celebraron reuniones con la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el empresariado, las iglesias y diversas agrupaciones de la sociedad civil. 228

229 En otra parte de su discurso, el Presidente Fernández calificó el nuevo texto constitucional proclamado por la Asamblea Nacional, como la Constitución del Siglo XXI, la cual dijo será garantía de la paz, la democracia, la libertad, la justicia social, el bienestar y la prosperidad de la familia dominicana. Hoy ya tenemos esa nueva Constitución. Hela aquí. Es un nuevo texto del cual debemos sentirnos profundamente orgullosos, porque a fin de cuentas es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo dominicano, expresó el mandatario al pronunciar su discurso en la ceremonia de proclamación de la Carta Magna, que entró en vigor a partir de esa fecha. Definió como profundos y radicales los cambios en el ámbito del Poder Judicial, con la creación del Consejo del Poder Judicial, así como del Consejo Superior del Ministerio Público. Además, el mandatario consideró la creación del Tribunal Constitucional, como la gran novedad del actual texto de la Ley Suprema. El Presidente Fernández citó estos avances en materia constitucional para desmentir lo sustentado por algunos círculos de la opinión pública, en el sentido de que la última reforma a la Constitución se realizaba con el propósito de ampliar las prerrogativas a favor del Poder Ejecutivo. Nada más incierto. Es todo lo contrario, pues, además de no adicionar ninguna nueva potestad en su favor, lo que verdaderamente ha ocurrido con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, es una disminución de algunos poderes tradicionalmente otorgados al titular del Ejecutivo, argumentó. El gobernante agregó que en la nueva Carta Sustantiva ya no queda en manos del Presidente de la República la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, sino de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. 229

230 Asimismo, el Presidente Leonel Fernández, dijo que de ahora en adelante el Ejecutivo ya no dispondrá de la prerrogativa para autorizar la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio nacional, ni de aprobar el envío al extranjero de tropas nacionales en misión de paz. Y se le despojó de la facultad para anular los arbitrios municipales, entre otras disposiciones. Hay que destacar que el presidente de la Asamblea Revisora y presidente del Senado doctor Reinaldo Pared Pérez manifestó en su discurso que la Constitución no es perfecta y elogió el trabajo de los asambleístas para dotar al país de la nueva Constitución, que calificó de la más avanzada de la vida democrática nacional. Para el legislador, la Constitución es el fruto de un prolongado proceso, durante el cual se conjugaron las voluntades de muy diversos sectores para encontrar las mejores propuestas. La Constitución que hemos proclamado en el día de hoy, no es una obra perfecta ni un instrumento ideal, ya que ha sido hecha por el ser humano, pero constituye un paso de avance legislativo de consideración sin precedentes en la República Dominicana, agregó. Más adelante destacó que la presente Carta Magna no solo surgió en un contexto propicio, sino que cuando se compara con las tres últimas constituciones dominicanas, es decir, las de 1966, 1994 y 2002, presenta novedades que aquellas no contemplaron, y que permiten resaltar diferencias significativas que la coloca a la altura de los nuevos tiempos y circunstancias del país y del mundo. El Presidente Leonel Fernández enumeró y valoró las ventajas que representa para el orden jurídico e institucional del país, la nueva Constitución de la República. 230

231 El mandatario resaltó la creación del Tribunal Constitucional que tendrá como atribución conocer las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes. Asimismo, confió en que con la nueva Carta Magna el país avanzara en la dirección de una auténtica, genuina y verdadera revolución democrática institucional, lo que entiende es la gran herencia que dejarán a las futuras generaciones para que puedan vivir en un país que les permita sentirse orgullosos. Al pronunciar el discurso central de proclamación del nuevo texto constitucional, Fernández sostuvo que el país debe sentirse profundamente orgulloso del mismo, porque a fin de cuentas es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo dominicano. Esta nueva constitución forma parte de una moderna tendencia constitucionalista que ha ido ganando fuerza en el ámbito iberoamericano durante las últimas tres décadas, como consecuencia directa del proceso de transición de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios a sistemas democráticos, dijo. La nueva Constitución quedó proclamada a las 5:05 de la tarde, con una salva de 21 cañonazos. Los Cambios El Presidente Fernández afirmó que el constitucionalismo iberoamericano se ha nutrido, a su vez, de los cambios en el diseño constitucional de Europa en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se evidencia en las constituciones de Italia y Alemania. Jamás se producirá un golpe de Estado en República Dominicana El Presidente Leonel Fernández expresó que en el país jamás se producirá un golpe de Estado, y que prevalecerá 231

232 para siempre la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la independencia y el respeto a la dignidad de los hombres y mujeres, que fue lo que desde principio soñaron nuestros padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco Sánchez del Rosario. También destacó que los ciudadanos tengan la potestad de presentar proyectos de leyes al Congreso y el referéndum, a través del cual el pueblo podrá decidir de manera soberana sobre cualquier asunto que sea sometido a su consideración. Además, citó que se prohibe el reingreso de oficiales y alistados de los institutos castrenses y policiales que hayan sido retirados de sus filas, lo cual es una garantía de que las Fuerzas Armadas y la Policía queden al margen de las disputas políticas. Se destacan a continuación algunos reportes de la prensa nacional sobre el trabajo llevado a cabo por la Asamblea Revisora para dar al país una nueva Constitución: El Diario Libre, jueves 17 de diciembre de 2009 publicó el siguiente reporte: CONSTITUCIÓN CENTRÓ DEBATES El Congreso en el centro de la controversia con la reforma constitucional Por Socorro Arias La población dominicana fijó su atención en el Congreso Nacional, al iniciarse el proceso de la trigésimo octava modificación a la Constitución de la República, proceso que se aperturó en ese organismo en septiembre de 2008 cuando el presidente Leonel Fernández sometió el proyecto de Ley que declaró la necesidad de la reforma. 232

233 El proceso se inició con la celebración de vistas públicas, consultas a diversas instituciones y entidades de la sociedad civil, los empresarios, religiosos y la ciudadanía en general. La modificación de la Constitución necesitó de 58 sesiones y del trabajo constante de 15 comisiones que estudiaron el proyecto por temas, agotándose una jornada de casi siete meses, en los que la presión de diversos sectores se impuso en importantes temas. Los temas de mayores conflictos fueron el derecho a la vida, que enfrentó a las iglesias con agrupaciones defensoras de las mujeres; la nacionalidad; lo relativo al medio ambiente y los recursos naturales y el libre acceso a las playas, respetando siempre el derecho a la propiedad privada y la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Se destacan además, la unificación de las elecciones congresuales y municipales, el carácter legal a los matrimonios oficiados por los evangélicos, la creación del Tribunal Constitucional, otorgar más poderes al Congreso e incrementar su matrícula, la restauración del referéndum, el plebiscito y la consulta popular. Posteriormente, y para la segunda lectura, el llamado pacto por la reforma fue ampliado, situación que provocó grandes críticas y que avivó en la población el interés perdido por los trabajos de modificación. Otro punto notable fueron los escándalos en que varios asambleístas votaron por sus colegas ausentes, lo que provocó la anulación de la sesión y el conocimiento de nuevo de los temas sancionados. El sábado 13 de febrero, año 2010 el periódico El Nacional se hizo eco de un interesante artículo del licenciado Orión Mejía, titulado De la Nueva Constitución, que por su interés incluyo textualmente a continuación: 233

234 Hay quienes, para estar a la moda o por gadejo, se oponen u objetan proyectos e iniciativas que significan pasos de avance en los ámbitos jurídicos, político e institucional, como es el caso de la nueva Constitución de la República, censurada por muchos que no han leído de ese texto ni el título. La reformada Carta Magna tiene más de un artículo que no representan avance alguno o que bien pueden ser situados en el escaparate del retroceso, pero en términos generales, se trata de una Constitución progresiva, que contiene novedosas figuras y garantías de derechos individuales, colectivos y difusos. El artículo 55, por ejemplo, consolida y amplía el espectro jurídico de la familia, la más sagrada institución de todas las que conforman al Estado, al que la nueva Constitución obliga a garantizar su protección y declara inalienables e inembargables los bienes que se engendran en su seno. La unión libre o consensuada entre un hombre y una mujer, en virtud de la nueva Constitución, genera derechos y deberes en las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, con lo que se erradican irritantes niveles de discriminación jurídica y social de concubinato notorio. Esa Constitución borra los prejuicios y discriminación contra los otrora hijos naturales, a quienes les reconoce derecho a un nombre propio y al apellido de su padre y de su madre, sin importar si la familia ha sido instituida fuera de las formalidades del matrimonio, además de proclamar que todos los hijos son iguales ante la ley. El artículo 56 otorga rango constitucional a los derechos de niños, niñas y adolescentes, se consigna la obligación de asistirles y protegerles y se declara de interés nacional la erradicación del trabajo infantil. 234

235 Creo, sin embargo, que el Constituyente no fue generoso con las personas de la tercera edad o envejecientes, un sector altamente vulnerable, a cuya protección por parte de la familia, Estado y sociedad, apenas dedica un artículo de cuatro lineas que se limita a señalar que los poderes públicos garantizan los servicios se seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia, por lo que el legislador tendrá que suplir tal deficiencia con leyes ampliatorias de los derechos del envejeciente. En sentido general, el Constituyente ha prestado debida atención a la familia, al conceder reconocimiento jurídico a las uniones libres y notorias. Lo mismo puede decirse de la amplitud de protección a niños, a la juventud y en menor nivel a envejecientes y personas con discapacidad, a los que el legislador tendrá que asistir con códigos especiales. Ninguna sociedad puede considerarse como tal si no provee de protección a la familia toda. La nueva Constitución se acerca a ese ideal. Incluyo debajo el comentario hecho por Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo sobre esta Constitución: En cuanto a la nueva Constitución, el cardenal López Rodríguez sostuvo que se ha tratado de hacer lo que se ha podido, pese a las diferencias políticas en el país. Indicó que ha visto los juicios que van de muy buenos hasta pésimos, señalando que eso hay que entenderlo, ya que hay gente que nunca estará satisfecha porque no se ha satisfecho su deseo. Reiteró que no será la mejor constitución igual que la solución de Honduras, que no será la mejor solución, pero que era imposible hacerlo de otra manera. 235

236 Finalmente destaco debajo lo externado en la página de opinión del periódico Hoy, bajo el título La Dogmática en la Constitución 2010. La parte dogmática de la nueva Constitución, que establece los principios, derechos y deberes, está en el Preámbulo y los dos primeros Títulos. El Preámbulo es una iniciativa correcta que existió desde 1844. La propuesta original omitía como valores y principios la igualdad; la soberanía popular y la participación, pero incluía el progreso y el bienestar social, que no son sino fines a alcanzar. La versión aprobada añade la igualdad, pero lo otros dos fueron mencionados por el presidente pero no incluidos. En cambio, permanecieron progreso y bienestar. 1. En el Art. 1 sobre la organización del Estado, omite el nombre del país de donde proviene República Dominicana: Santo Domingo como figuró hasta 1966. 2. El Art. 3 sobre la inviolabilidad de la soberanía; pero el Art. 26 permite que por simple ley, parte de sus competencias se atribuyan a organizaciones supranacionales de América. 3. El Art. 4 califica al gobierno de: civil, republicano, democrático y representativo, sin añadir participativo, como consigna el Art. 2; establece la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, propuesta por Montesquieu hace dos siglos, ya superada, porque hay otros como el Electoral, el Municipal, el de Contraloría (Cámaras de Cuentas) el Monetario y Financiero (Junta Monetaria), el Ciudadano, mediante referendos y plebiscitos, y en el violado Originario o Constituyente. 4. El Art. 7, califica la República de Estado Social, una tantología sacada de otros textos, en lugar de democracia social, y se suprime la expresión descentralizado, que establece el Título IX. 236

237 5. El Art. 9, sobre el Territorio Nacional, denomina la Isla. Santo Domingo, cuando hasta las agencias oficiales la llaman Hispaniola o Española, para incluir los dos países. 6. El Art. 12, sobre la división político-administrativa revisa el error original e incluye las regiones, y el Art. 197 a los distritos municipales, secciones y parajes, que resultarían ilegales sin el suprimido Art. 5. 7. El Art. 18 mantiene el nacimiento como criterio de nacionalidad, con la excepción de los hijos de residentes ilegales, aceptable si se liberaliza la naturalización de los integrados a la vida dominicana. 8. El Art. 35, sobre fiestas patrias, no conmemora la Independencia Efímera de 1821, tal como se hace en toda Latinoamérica, pues la de 1844 fue técnica y formalmente la Separación. La sobrevaloración y el perjuicio hacia Haití ha hecho olvidar esa realidad histórica. 9. El Art. 37, del Título II, sobre la inviolabilidad de la vida incluye la frase: desde la concepción hasta la muerte, que condena a las mujeres que precisan un aborto terapéutico o para casos de violación e incesto, a la manipulación clandestina y la persecución legal. 10. El resto del Título II, dedicado a los derechos fundamentales y sus garantías, suponen un avance y ampliación con respecto a la anterior. Es prolijo y repetitivo, pero quizás es mejor pecar de excesivos que de parcos. Salvo las lamentables objeciones señaladas, la parte dogmática del texto, que pasó de 15 a 75 artículos, puede considerarse positiva, porque sus fallas son más de forma que de fondo. Según manifiesta el distinguido abogado y político doctor Tirso Mejía Ricart, el preámbulo es una iniciativa correcta que existió desde 1844. 237

238 TEMA NO. 31 PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN El Título XIV en sus Capítulos I y II artículos del 267 al 272 establece el procedimiento a seguir en la reforma de la presente Constitución, que por su interés e importancia lo transcribimos a continuación: TÍTULO XIV DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES CAPÍTULO I DE LAS NORMAS GENERALES Artículo 267. Reforma constitucional. La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Artículo 268. Forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Artículo 269. Iniciativa de reforma constitucional. Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo. CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA NACIONAL REVISORA Artículo 270. Convocatoria Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional 238

239 Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Artículo 271. Quórum de la Asamblea Nacional Revisora. Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de las dos terceras partes de los votos. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en el artículo 262. Una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados. 31.1 Otras modificaciones constitucionales En el contenido de este Manual se ha incluido la mayoría de las modificaciones introducidas a nuestra Carta Magna, destinados a modernizar política y democráticamente al Estado dominicano. Sin embargo, hay otras que estimamos necesario e importante señalarlas porque las consideramos progresistas y que ponen a tono nuestro país, con la altura del desarrollo político e institucional de otras naciones. Estas modificaciones se indican a continuación: 1. Cámara de Cuentas: Se mantienen las mismas prerrogativas que tenía en la Constitución modificada con excepción de que sus miembros se redujeron a cinco, los cuales serán elegidos por el Senado de la República, previa presentación de las ternas por la Cámara de Diputados, previamente aprobadas por las dos terceras partes de la misma. (artículo 248). Los artículos 249 y 250 determinan los requisitos para ser miembro de la Cámara de Cuentas, así como sus atribuciones. 239

240 2. Fuerzas Armadas: Los artículos 252 al 254 definen y establecen lo concerniente a las Fuerzas Armadas que por el importante papel que desempeñan en la defensa y el mantenimiento del orden de la nación se transcriben a continuación: Artículo 252. Misión y carácter. La defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto: 1. Su misión es defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República; 2. Podrán, asimismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales; 3. Son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar. Párrafo. Corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley. Artículo 253. Carrera militar. El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohibe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, previa investigación y recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con la ley. 240

241 Artículo 254. Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario. La jurisdicción militar sólo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. 3. Policía Nacional: Los artículos 255 al 257 tratan el tema de la Policía Nacional, cuya función principal es el mantenimiento del orden del país, razón por la cual también los transcribimos a continuación: Artículo 255. Misión. La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar. La Policía Nacional tiene por misión: 1. Salvaguardar la seguridad ciudadana; 2. Prevenir y controlar los delitos; 3. Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; 4. Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes. Artículo 256. Carrera policial. El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohibe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y recomendación del ministerio correspondiente, de conformidad con la ley. 241

242 Artículo 257. Competencia y régimen disciplinario. La jurisdicción policial sólo tiene competencia para conocer de las infracciones policiales previstas en las leyes sobre la materia. La Policía Nacional tendrá un régimen disciplinario policial aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal policial. 31.2 De los Estados de Excepción El Título XIII de la nueva Constitución de la República trae lo que modernamente se denomina Estado de Excepción, en sus diferentes modalidades, las cuales se detallan a continuación: Definición: Los Estados de excepción son las situaciones extraordinarias que podrían afectar grandemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas cuando resulten inútiles las facultades ordinarias. El Presidente de la República, con el permiso del Congreso Nacional podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia (artículo 262). El artículo 263 determina el procedimiento a seguir para la declaración del Estado de Defensa, con la indicación de los derechos que no pueden suspenderse. 1. El derecho a la vida, según las disposiciones del artículo 37; 2. El derecho a la integridad personal, según las disposiciones del artículo 42; 3. La libertad de conciencia y de cultos, según las disposiciones del artículo 45; 4. La protección a la familia, según las disposiciones del artículo 55; 242

243 5. El derecho al nombre, según las disposiciones del artículo 55, numeral 7; 6. Los derechos del niño, según las disposiciones del artículo 56; 7. El derecho a la nacionalidad, según las disposiciones del artículo 18; 8. Los derechos de ciudadanía, según las disposiciones del artículo 22; 9. La prohibición de esclavitud y servidumbre, según las disposiciones del artículo 41; 10. El principio de legalidad y de irretroactividad, según se establece en el artículo 40, numerales 13) y 15); 11. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, según las disposiciones de los artículos 43 y 55, numeral 7); 12. Las garantías judiciales, procesales e institucionales indispensables para la protección de estos derechos, según las disposiciones de los artículos 69, 71 y 72. Los artículos 264 y 265 definen los Estados de Conmoción Interior y los Estados de Emergencia, pero el artículo 266 establece las disposiciones regulatorias para los estados de excepción que son los siguientes: 1. El Presidente deberá obtener la autorización del Congreso para declarar el estado de excepción correspondiente. Si no estuviese reunido el Congreso, el Presidente podrá declararlo, lo que conllevará convocatoria inmediata del mismo para que éste decida al respecto; 2. Mientras permanezca el estado de excepción, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones y el Presidente de la República le informará de forma continua sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos; 243

244 3. Todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción; 4. Los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demás servidores del Estado; 5. La declaratoria de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control constitucional; 6. En los Estados de Conmoción Interior y de Emergencia, sólo podrán suspenderse los siguientes derechos reconocidos por esta Constitución: a) Reducción a prisión, según las disposiciones del artículo 40, numeral 1); b) Privación de libertad sin causa o sin las formalidades legales, según lo dispone el artículo 40, numeral 6); c) Plazos de sometimiento a la autoridad judicial o para la puesta en libertad, establecidos en el artículo 40, numeral 5); d) El traslado desde establecimientos carcelarios u otros lugares, dispuesto en el artículo 40, numeral 12); e) La presentación de detenidos, establecida en el artículo 40, numeral 11); f) Lo relativo al hábeas corpus, regulado en el artículo 71; g) La inviolabilidad del domicilio y de recintos privados, dispuesta en el artículo 44, numeral 1); h) La libertad de tránsito, dispuesta en el artículo 46; i) La libertad de expresión, en los términos dispuestos por el artículo 49; j) Las libertades de asociación y de reunión, establecidas en los artículos 47 y 48; k) La inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 44, numeral 3). 244

245 7. Tan pronto como hayan cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, el Poder Ejecutivo declarará su levantamiento. El Congreso Nacional, habiendo cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, dispondrá su levantamiento si el Poder Ejecutivo se negare a ello. 31.3 Disposiciones generales El Título XV está dedicado a las disposiciones generales y transitorias que tienen un gran valor, pues las transitorias determinan la fecha en que entrarán en vigencia importantes instituciones creadas por esta Constitución, en cuanto a las generales se destacan a continuación las que consideramos de mayor interés. 1. El artículo 273 al tratar los géneros gramaticales traza la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. El 274 establece la terminación de las funciones de los representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales para el 16 de agosto de cada 4 años, porque en esa fecha se inicia el período constitucional correspondiente, con la excepción prevista en esta Constitución. El Párrafo I establece que las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero de cada 4 años toman posesión el 24 de abril del mismo año. El Párrafo II determina que cuando cualquier funcionario electivo cese por cualquier motivo, el sustituto permanecerá solamente para completar el período de quien sustituyó. El artículo 277 sobre las decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, disponiendo lo siguiente: Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad 245

246 hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. La prensa nacional se hizo eco, tanto de la Constitución reformada como del solemne acto de proclamación y recogió las opiniones favorables y las escasas críticas que se han hecho de la misma. Debemos destacar que el nuevo texto constitucional tal como hemos señalado, contiene 19 disposiciones transitorias, que por la complejidad de los cambios, postergan la entrada en vigencia de las reformas. Por considerarlos de alta importancia señalamos a continuación dichas reformas: 31.4 De las Disposiciones Transitorias Primera: El Consejo del Poder Judicial deberá crearse dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente Constitución.. Segunda: El Tribunal Constitucional, establecido en la presente Constitución, deberá integrarse dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma. Tercera: La Suprema Corte de Justicia mantendrá las funciones atribuidas por esta Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias. Cuarta: Los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que no queden en retiro por haber cumplido los setenta y cinco años de edad serán sometidos a una evaluación de desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual determinará sobre su confirmación. 246

247 Quinta: El Consejo Superior del Ministerio Público desempeñará las funciones establecidas en la presente Constitución dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma. Sexta: El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia dispondrá las medidas administrativas necesarias para su adecuación, hasta tanto sea integrado el Consejo del Poder Judicial. Séptima: Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes. Octava: Las disposiciones relativas a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia a partir de la nueva integración que se produzca en el período que inicia el 16 de agosto de 2010. Excepcionalmente, los integrantes de estos órganos electorales ejercerán su mandato hasta el 16 de agosto de 2016. Novena: El procedimiento de designación que se establece en la presente Constitución para los integrantes de la Cámara de Cuentas regirá a partir del 16 de agosto del año 2010. Excepcionalmente, los miembros de este órgano permanecerán en sus cargos hasta el 2016. Décima: Las disposiciones contenidas en el artículo 272 relativas al referendo aprobatorio, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional. Decimoprimera: Las leyes observadas por el Poder Ejecutivo, que no hayan sido decididas por el Congreso Nacional al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución, deberán ser sancionadas en las dos legislaturas ordinarias siguientes a 247

248 la proclamación de la presente Constitución. Vencido este plazo, las mismas se considerarán como no iniciadas. Decimosegunda: Todas las autoridades electas mediante voto directo en las elecciones congresuales y municipales del año 2010, excepcionalmente, durarán en sus funciones hasta el 16 de agosto de 2016. Decimotercera: Los diputados y diputadas a ser electos en representación de las comunidades dominicanas en el exterior serán electos, excepcionalmente, el tercer domingo de mayo del año 2012 por un período de cuatro años. Decimocuarta: Por excepción, las asambleas electorales para elegir las autoridades municipales se celebrarán en el año 2010 y 2016 el tercer domingo de mayo. Decimoquinta: Los contratos pendientes de decisión depositados en el Congreso Nacional al momento de la aprobación de las disposiciones contenidas en el artículo 128, numeral 2), literal d), de esta Constitución agotarán los trámites legislativos dispuestos en la Constitución del año 2002. Decimosexta: La ley que regulará la organización y administración general del Estado dispondrá lo relativo a los ministerios a los que se refiere el artículo 134 de esta Constitución. Esta ley deberá entrar en vigencia a más tardar en octubre de 2011, con el objetivo de que las nuevas disposiciones sean incorporadas en el Presupuesto General del Estado para el siguiente año. Decimoséptima: Lo dispuesto en esta Constitución para la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado entrará en plena vigencia a partir del primero de enero de 2010, de tal forma que para el año 2011 el país cuente con un presupuesto acorde con lo establecido en esta Constitución. Decimoctava: Las previsiones presupuestarias para la implementación de los órganos que se crean en la presente 248

249 Constitución deberán estar contenidas en el presupuesto de 2010, de manera que se asegure su plena entrada en vigencia en el año 2011. Decimonovena: Para garantizar la renovación gradual de la matrícula del Tribunal Constitucional, por excepción de lo dispuesto en el artículo 187, sus primeros trece integrantes se sustituirán en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, a los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente, mediante un procedimiento aleatorio. Los primeros cuatro jueces salientes, por excepción, podrán ser considerados para un único nuevo período. Esta Constitución cambia el nombre de los secretarios de Estado a ministros para entrar en vigencia a más tardar en octubre del año 2011, según lo dispuesto en el artículo No. 139. Para que esta disposición entre en vigencia aunque transitoriamente se emitió el Decreto No. 56-10, cuya reseña periodística se inserta a continuación: De manera transitoria, mediante el decreto 56-10, el presidente Leonel Fernández ordenó que en lo adelante las 19 Secretarías de Estado existentes pasarán a llamarse Ministerios, como lo establece el artículo 139 de la nueva Constitución y de forma tal, que permita la transformación del viejo modelo. Asimismo, la ordenanza presidencial deja creada una Comisión de funcionarios encabezada por el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, para, en un plazo de 180 días, presentar un Proyecto de Ley de Organización Administrativa. La misma deberá entrar en vigencia a más tardar en octubre del 2011. Uno de los considerandos establece lineamientos básicos provisionales que evidencien distorsiones y confusiones en la estructura organizacional del Gobierno central, a la luz de las disposiciones de la Constitución. 249

250 Otro de los considerando leído por Pina Toribio, establece que los subsecretarios pasarán a llamarse viceministros. Pina Toribio aclaró que si se reorientan las funciones propias de las secretarías, habría diversos niveles de jerarquía atendiendo a los elementos de competencia de los ministerios. Sobre si habría Ministerios que quedarían reducidos a dirección, el funcionario expuso que sería adelantarse a los acontecimientos. Esta Constitución no ha dejado de tener opiniones adversas, entre las cuales destaco las emitidas por el reputado, capacitado y honesto ciudadano doctor Ramón Antonio Veras, distinguido abogado de Santiago, quien al poner a circular su libro Los Panfleteros de Santiago: Torturas y desapariciones externó su opinión sobre la nueva Constitución, manifestando lo siguiente: Es el fruto de los intereses de un grupo que no tomó en cuenta el auténtico sentir nacional, añadiendo que hoy el país tiene un traje nuevo para un cuerpo que no han bañado. 250

251 CAPÍTULO XXII Símbolos Nacionales TEMA No. 32 NUESTRA BANDERA Nuestra Constitución determina que la Bandera Nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo de armas de la República. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. Además de símbolo, la bandera es el alma de la Patria. Nuestra Bandera o Enseña Nacional, fue concebida por la mente del inmaculado patricio Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria dominicana, y su diseño fue aprobado por los Trinitarios el 16 de junio de 1838. Por primera vez ondeó airosa el 27 de febrero de 1844, día de nuestra Independencia Nacional. La primera bandera dominicana que se izó con el grito de Viva la República Dominicana!, fue confeccionada por María Trinidad Sánchez y Concepción Bona. Los dominicanos reverenciamos y amamos nuestra bandera, y con orgullo sentimos repercutir en nuestros pensamientos 251

252 los versos significativos del poeta Gastón F. Deligne; en su composición poética Arriba el Pabellón : Qué linda, en el tope estás, dominicana bandera! Quién te viera, quién te viera, más arriba, mucho más. 32.1 Himno a la Bandera Ya empezó su trabajo la escuela Y es preciso elevarte a lo azul, Relicario de viejos amores, Mientras reine la mágica luz. No sentimos arder a tu influjo la luz viva de un fuego interior cuando flotas alegre, besada por los cálidos rayos del sol? Dios! Parece decir, Oh Bandera! La sublime expresión de tu azul; Patria!, el rojo de vívida llama; Libertad!, dice el blanco en la cruz. Mientras haya una escuela que cante Tu grandeza, Bandera de amor, Flotarás con el alma de Duarte, Vivirás con el alma de Dios. Letras: Ramón E. Jiménez 32.2 Nuestro Escudo Artículo 32. Escudo Nacional. El Escudo Nacional tiene los mismos colores de la Bandera Nacional dispuestos en igual 252

253 forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz, los cuales surgen de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho. Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee el lema Dios, Patria y Libertad. En la base hay otra cinta de color rojo bermellón cuyos extremos se orientan hacia arriba con las palabras República Dominicana. La forma del Escudo Nacional es de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base termina en punta, y está dispuesto en forma tal que resulte un cuadrado perfecto al trazar una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde comienzan los ángulos inferiores. 32.3 Nuestro Himno Nacional El Himno Nacional fue escrito por el puertoplateño Emilio Prud Homme en 1833 y corregido en 1897; la música que lo completa es obra del insigne maestro Don José Reyes. Por primera vez fue ejecutado por una orquesta en la Logia Esperanza de Santo Domingo. Sus notas musicales constituyen primero un canto a la Patria que el pueblo entonaba espontáneamente, hasta que fue reconocido oficialmente por la ley como Himno Nacional de la República. Nuestra Carta Magna consagra que el Himno Nacional es la composición musical establecida por la Ley No. 700, de fecha 30 de mayo de 1934 y es invariable, único y eterno, según expresa el artículo 97. El artículo 33 de la nueva Constitución establece que el Himno de José Reyes y Emilio Prud Homme es el único e invariable. 253

254 El Himno es el canto a la Patria y todo ciudadano leal y fiel a su tierra, cuando lo oye entonar, siente con más fuerza y profundidad el patriotismo y está en el deber de rendirle reverencia, ponerse de pie, en atención y silencio y detenerse si conduce un vehículo. A continuación se insertan las letras completas de nuestro Canto a la Patria. HIMNO NACIONAL I Quisqueyanos valientes, alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la faz ostentemos Nuestro invicto glorioso pendón. Salve! el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra a morir se lanzó, Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil; Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya la indómita y brava Siempre altiva la frente alzará; Que si fuere mil veces esclava Otras tantas ser libre sabrá. II Que si dolo y ardid la expusieron De un intruso señor al desdén, Las Carreras! Beller! campos fueron 254

255 Que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima de heroico baluarte De los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en Capotillo La bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas se aleja Donde flota el cruzado pendón. III Compatriotas mostremos erguida Nuestra frente, orgullosa de hoy más, Que Quisqueya será destruida Pero sierva de nuevo, jamás! Que es santuario de amor cada pecho Do la Patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema: se libre o morir. Libertad! Que aún se yergue serena La victoria en su carro triunfal, Y el clarín de la guerra aún resuena Pregonando su gloria inmortal. Libertad! que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad! Libertad! Libertad! 255

256 TEMA NO. 33 LOS PADRES DE LA PATRIA Indudablemente que el sacrificio que en aras de nuestra libertad hicieron los Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte y Diez, Francisco Sánchez del Rosario y Matías Ramón Mella y Castillo, merecen ser recompensados por todos los dominicanos, razón por la cual vivirán por siempre en nuestros corazones agradecidos y el homenaje más sublime y más grande que podamos ofrecerles será mantener en alto sus preclaros nombres y luchar permanentemente por la libertad de la patria que con tanto desprendimiento ellos nos legaron, pues como decía el excelso patricio Juan Pablo Duarte: La nación dominicana tendrá que ser libre de cualquier potencia extranjera o de lo contrario se hunde la Isla. Por lo expuesto precedentemente se destaca a continuación una síntesis de las principales acciones de los Padres de la Patria en el curso de sus vidas, con el fin de mantener vivo su recuerdo y el respeto a su ejemplar existencia. 33.1 Juan Pablo Duarte Nació el 26 de enero de 1813 en el barrio Santa Bárbara de la ciudad de Santo Domingo. En 1824 viaja a Europa a realizar estudios radicándose en Barcelona-España; regresó en 1832, y al preguntársele lo que más le había impresionado, respondió: Los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que espero demos un día a nuestra patria. El 16 de julio de 1838 fundó la Sociedad Patriótica La Trinitaria con un grupo de amigos que al igual que él pensaban en la liberación del yugo haitiano para proclamar la independencia nacional. En el juramento que firmaron con su sangre se comprometían, a luchar por esta causa con Duarte como presidente de la sociedad patriótica. 256

257 El 4 de febrero de 1844, mediante carta dirigida a su madre y hermanos hacía renuncia de sus bienes y los de su familia para ponerlos al servicio de la separación haitiana. Reunidos los trinitarios en la Puerta de El Conde, la noche del 27 de febrero de 1844, en ausencia de Duarte quien se encontraba en Curazao, evadiendo la persecución haitiana, se proclamó la independencia nacional y advino la República Dominicana concebida en el Juramento trinitario del 16 de julio de 1838. El 2 de marzo la Junta Central Gubernativa citada luego de la proclamación de la Independencia, envió una comisión a Curazao, encabezada por el trinitario Juan Nepomuceno Ravelo para buscar a Duarte, quien llegó el 14 de marzo del glorioso año de 1844, siendo recibido en el puerto por una nutrida comisión. Al saludar a Duarte, el arzobispo doctor Tomás de Portes e Infante dijo esta memorable expresión: Salve oh Padre de la Patria. Poeta y gran lector, Duarte aprendió latín, alemán y portugués. También tuvo predilección por la Historia y la Geografía. Luego de proclamada la independencia, Duarte y sus compañeros de lucha fueron expulsados del país por traidores a la patria, el 22 de agosto de 1844. Traidores los que de lealtad sobraban, anota don Emiliano Tejera. Duarte no regresó al país, a pesar de la amnistía de 1849, hasta el inicio de la lucha restauradora en 1863. En 1850 llegó a Venezuela, recorriendo ese país durante 12 años para instalarse definitivamente en los Llanos del Apure, donde hizo una estrecha amistad con el párroco San Gemí, y se afirma asistía diariamente a misa, convirtiéndose en un ayudante del citado sacerdote y exhibiendo un comportamiento profundamente cristiano. Se comenta que las autoridades eclesiásticas le ofrecieron ordenarlo sacerdote, oferta que rehusó con esta 257

258 patriótica respuesta: No puedo tomar estado, mientras mi patria no sea libre. Tal vez aludía al caudillismo continuista de Pedro Santana y Buenaventura Báez. El 10 de abril de 1862 llegó a Caracas donde se encuentra con su hermano Vicente, quien le informa de todo, especialmente de la anexión a España, lo que le impulsa a salir de su retiro del Apure. Falleció el 15 de julio de 1876 y fue enterrado al día siguiente en Caracas-Venezuela a las 11:00 de la mañana. En 1884 la familia Duarte, accede a la solicitud del Ayuntamiento de Santo Domingo para el traslado de los restos del Patricio a Santo Domingo, los cuales llegaron a la capital de la República el 27 de febrero de 1884, siendo recibidos con un discurso apoteósico del Arzobispo Meriño e inhumados en la Capilla de la Altagracia de la Catedral de Santo Domingo, en cuyo acto su amigo íntimo Félix María del Monte, manifestó: Conocí demasiado a ese adalid de la libertad dominicana. El 27 de febrero de 1944, al ser declarada la Puerta del Conde como Altar de la Patria y consagrada por ley de fecha 27 de febrero de 1944, como tumba definitiva de los Padres de la Patria, sus restos, junto a los de Sánchez y Mella, fueron inhumados en ese sagrado lugar. Luego, el 15 de julio del 1976, sus restos fueron depositados en un majestuoso Mausoleo construido en el mismo ámbito del Altar de la Patria, con la presencia del entonces Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, donde al parecer descansarán definitivamente, para recibir el respeto y el eterno homenaje de todo el pueblo dominicano. Como homenaje de admiración cívica transcribimos los significativos versos del Himno a Duarte, fruto de la producción del poeta don Ramón Emilio Jiménez: 258

259 En la fragua de la Escuela nuestra Patria fue forjada: el calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada. La gloriosa Trinitaria que fundara tu heroísmo fue la cátedra primera de moral y de civismo. Fuerza era que un maestro preparara la conciencia donde había de nacer la soñada Independencia. Y es así como cantando tus virtudes halla el estro, junto al Padre de la Patria, la figura del Maestro. En la Escuela se te honra por tus hechos sacrosantos con la letra y las notas encendidas de sus cantos. Y al honrarte recordando tu patriótico heroísmo, es al Prócer y al Maestro, que los dos son uno mismo. La Bandera dice Patria, y al decirlo se revela que es el alma de la Patria señalándonos la Escuela. En el año que se está terminando de escribir este Manual, 2010, el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, acontecido el 26 de enero del año 1813 fue celebrado por el gobierno y el pueblo dominicanos con gran solemnidad, respeto y admiración como lo demuestra la reseña que en este sentido trajo el importante periódico Listín Diario, según se consigna a continuación: El país conmemoró ayer el 197 aniversario del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte, con un desfile y ofrendas florales depositadas por representantes de diferentes instituciones públicas y privadas. El altar de la Patria se vistió de patriotismo con el sentir de un pueblo que acudió en masa al mausoleo donde descansan los restos de quien dió nombre a la República Dominicana, para honrar su memoria. 259

260 El desfile cívico-militar recorrió las calles Isabel la Católica, Las Mercedes, Arzobispo Meriño y El Conde hasta llegar al Altar de la Patria, en el Parque Independencia, donde fue disparada una salva de 21 cañonazos y se entonaron las notas del Himno Nacional, para dar apertura a los actos conmemorativos. El Instituto Duartiano, la Asociación Dominicana de Profesores (APD) y otras instituciones también depositaron ofrendas florales en el Altar de la Patria. El Ministerio de Educación rindió homenaje a Duarte como una forma de enaltecer los Valores Patrios. 33.2 Francisco Sánchez Del Rosario Nació en la Villa de Santo Domingo, el 9 de marzo de 1817. Hijo de la unión de Narciso Sánchez y doña Olaya del Rosario. Entre 1838 y 1839 junto a Duarte y otros compañeros recibió las enseñanzas del sacerdote limeño Gaspar Hernández. Aunque no formó parte de los ocho compañeros que presididos por Duarte fundaron la Sociedad Patriótica La Trinitaria, el 16 de julio de 1838, fue de los más decididos seguidores del ideal duartiano de independencia y libertad. Por ello luchó y por ello murió. Sánchez es de los firmantes del célebre Manifiesto de los pueblos de la parte Este de la isla de Santo Domingo, el 16 de enero de 1843. Estuvo también presente en la reunión celebrada el 24 de febrero de 1844 decidiéndose el pronunciamiento de la República la noche del 27 al 28 de febrero partiendo de la Puerta de la Misericordia a la Puerta del Conde. Se desempeñó como Presidente y Miembro de la Junta Central Gubernativa, primer Gobierno colegiado que tuvo la 260

261 República, en la que tomó valientes decisiones para mantener la disciplina en el país y consolidar la independencia nacional. En 1844 prefirió el destierro antes de renegar de su líder, uniéndose a Mella en sus vehementes deseos de que Duarte, como libertador, fuera Presidente de la República. Tanto Sánchez, como Pedro Alejandrino Pina se negaron a suscribir las acusaciones contra Duarte manifestando: Dígale usted al general Santana que preferimos no sólo el destierro, sino la muerte misma antes que negar al hombre que reconozco como caudillo de la Separación. Estudió y se graduó de Defensor Público, ocupando el cargo de Fiscal de Santo Domingo y destacándose en el ejercicio de su profesión. Estando exiliado en Saint Thomas se enteró de las gestiones anexionistas del general Santana a las que se opone organizando una expedición armada que recibió el nombre de Revolución de la Regeneración Dominicana. Para facilitar su entrada a la patria nuevamente mancillada, Sánchez se traslada de Saint Thomas a Haití el 1ro. de junio e inicia, junto al general José María Cabral la invasión al país para luchar contra la anexión a España y para evitar confusiones Sánchez pronuncia la histórica frase: Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decidle que soy la Bandera Nacional. Sánchez y sus compañeros libran una fuerte lucha en El Cercado donde resulta herido en la ingle, es hecho prisionero y junto a sus compañeros de ideales patrióticos, enviado a San Juan de la Maguana donde una mañana fueron juzgados por un Consejo de Guerra que los condenó a muerte, ocasión en la que Sánchez produjo una brillante y conmovedora defensa, pero al final fueron ejecutados el 4 de julio de 1861. Los restos 261

262 de Sánchez fueron exhumados y traslados a la ciudad de Santo Domingo el 6 de abril de 1875 y depositados en la Catedral con inusitada pompa. Posteriormente, sus restos fueron llevados a la Puerta del Conde, declarada Altar de la Patria en 1944 y mediante ley del 27 de marzo de 1973, consagrada como tumba definitiva de los Padres de la Patria. Allí descansan también los restos de Duarte y Mella. El 15 de julio de 1976 fueron traslados los restos mortales de los Padres de la Patria a un moderno Mausoleo construido en el mismo ámbito del Altar de la Patria con la presencia del entonces Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, en el que se levantan majestuosas estatuas de Duarte, Sánchez y Mella. Allí permanecen hasta la fecha. La familia de Sánchez se corona por su sacrificio a favor de la independencia nacional. No olvidemos el martirio de su tía María Trinidad Sánchez y la de su propio hermano, el 25 de febrero de 1845. Como homenaje de admiración y respeto se incluyen a continuación los sentimentales versos del Himno a Sánchez, fruto de la mente preclara del recordado poeta y educador don Ramón Emilio Jiménez. Sánchez glorioso, varón ilustre que no supiste jamás hollar los sacros fueros del patriotismo que levantaron el patrio lar; Tú que juraste morir de hambre antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo de muerte herido cayó en San Juan; 262

263 Tú que en los labios siempre tuviste fiero anatema para el traidor que malograra la Patria hermosa por la que dieras vida y honor; Derecho tienes a que elevamos en tu memoria cantos de amor; ningún soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor! Cuando miramos llenos de orgullo la patria enseña, con qué fruición pensamos todos que representa la parte roja, Tu corazón! 33.3 Matías Ramón Mella y Castillo Nació en la ciudad de Santo Domingo el 25 de febrero del 1816. Hijo del matrimonio de Antonio Mella Álvarez y Francisca Castillo. Contrajo matrimonio el 31 de agosto de 1836 con la distinguida dama María Josefa de Brea, hija del prócer febrerista José Gertrudis Brea, y prima hermana de doña Concepción Bona Brea, a quien se debió la confección de la primera bandera dominicana. Miembro activo del movimiento independentista creado por Duarte, en 1843 viajó enviado por Duarte para adherirse a los revolucionarios haitianos que proclamaban precipitar la caída de Boyer, lo cual se logró el 24 de marzo de 1843. Los duartistas también se movilizaron en la parte Este, lo que provocó que el presidente haitiano Charles Herald los hiciera presos en Cotuí y San Francisco de Macorís, siendo embarcados desde Puerto Plata hacia Puerto Príncipe y regresando con otros patriotas dominicanos el 14 de septiembre de 1843. 263

264 El sucesor de Boyer, Charles Herard,trasladado sin pérdida de tiempo a la parte del Este, con la finalidad de conocer el movimiento independentista que ya era visible, hizo apresar a varios de los seguidores de Duarte, entre ellos a Mella. Mella también fue de los firmantes del Manifiesto del 16 de enero de 1843, redactado por Tomás Bobadilla. El 27 de febrero de 1844 se reúnen los patriotas en la Plaza de la Misericordia, lugar éste convenido como punto de partida para la toma de la Puerta del Conde. Entonces Mella hizo su célebre y valiente disparo conocido como el Trabucazo de Mella, el cual anunció el nacimiento de la República Dominicana, dirigiéndose de inmediato con los demás patriotas a la Puerta del Conde donde se exhibió por primera vez la bandera nacional Mella formó parte junto con Sánchez de la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, considerado como el primer gobierno de la República. El 2 de marzo de 1844 sale para el Cibao como Gobernador de Santiago para organizar la defensa contra la inminente invasión haitiana. Le cabe la gloria de haber dado las primeras disposiciones para la defensa de Santiago en la cruenta batalla del 30 de marzo él fue quien eligió a José María Imbert para el mando de esta importante contienda. Le tocó el honor de proponer a Duarte como Presidente de la República el 4 de julio de 1844, siendo aclamado en forma entusiasta por el pueblo, distinción que Duarte rechazó para evitar una crisis entre los miembros de la Junta. El 22 de agosto de 1844, el presidente Santana condena a Mella al destierro perpetuo junto a Duarte y otros patriotas, quienes posteriormente regresan al país al hacer uso de la amnistía que en su favor dictó el Gobierno Nacional en 1849. 264

265 No se habla de su muerte, ni de su decidida participación en la guerra restauradora en cuyo curso murió, proclamando antes del último aliento: Aún hay Patria! Como homenaje de admiración y respeto se incluyen a continuación los sentimentales versos del Himno a Mella : No fue nunca la divisa del instinto de matar, ni fue el rígido instrumento de la fuerza militar provocando las groseras ambiciones del poder: fue tu espada la divisa del honor y del deber. Fiel discípulo de Duarte, comprendiste el ideal, y sirviendo los destinos de la causa nacional, disparaste tu trabuco, que rugió como león, despertando las conciencias y clamando redención. La Bandera fue tu culto, la Bandera fue tu altar, y dijiste: Cuando vaya para siempre a descansar, que ella envuelva mi cadáver. Y moriste con honor en los brazos siempre abiertos de la enseña tricolor. Y después, cuando quisieron de la fosa recoger tus cenizas venerandas, un milagro pudo ser: encontraron la bandera, la Bandera tricolor, reviviendo en sus matices la grandeza de tu amor. 33.4 La moral en la conducta de los fundadores de nuestra nacionalidad Antes del 27 de febrero de 1844, fecha en la cual el pueblo dominicano adquirió su condición de libre y soberano, los habitantes de este país, anhelaban con vehemencia, la orientación de auténticos líderes para libertar la patria y construir un pueblo nuevo, consciente de sus deberes y derechos. 265

266 Por eso, es de singular importancia resaltar la formación moral de nuestros fundadores cuando Juan Pablo Duarte concibió la idea de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, germen de nuestra independencia. El documento histórico que mejor retrata la constitución y la recia personalidad de nuestros fundadores es el Juramento Trinitario, cuyo texto es el siguiente: En nombre de la Santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro Presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una República soberana e independiente de toda dominación extranjera que se llamará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja; y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. El solo hecho de colocar su proyecto patriótico bajo los auspicios de la Santísima, augustísima Trinidad de Dios Omnipotente, da la tónica de cuáles sentimientos anidaban en el corazón de nuestros fundadores y cuál sería el norte que orientaría sus acciones en su noble empeño de crear una república libre e independiente. Las tres palabras sacramentales, emblema del juramento de los Trinitarios, revelan su elevación espiritual, Dios, reconociendo su grandeza e invocando al mismo tiempo su divina protección; Patria, como el ideal supremo, concreción de una meta invariable y eterna y Libertad, como altar ante el cual rendirían sus más caros desvelos y por lo cual ofrendarían gustosos sus vidas. 266

267 Por último, la decisión de firmar el documento con su sangre generosa revela la reciedumbre moral de sus convicciones, hasta dónde llegaba la magnitud de su compromiso y la seguridad y responsabilidad con que estaban dispuestos a cumplirlo. 33.5 Padres de la Patria, los tres grandes de nuestra historia Juan Pablo Duarte y Diez 1813-1876 Fundador de nuestra República. Joven libre y entusiasta, dedicado desde sus más tiernos años al estudio y la meditación; no pudo resignarse a vivir tranquilo con su patria encadenada. La idea de libertarla del yugo haitiano llegó a ser su único pensamiento, y por él entregó todo. El éxito colmó su noble aspiración desinteresada. Jamás soñó con otra gloria que la de ver a su patria libre. Francisco Sánchez del Rosario 1817-1861 El glorioso 27 de febrero de 1844, Sánchez quien vivía errante y proscrito por el gobierno haitiano, llamó a sus conciudadanos a las armas. Dios, Patria y Libertad, fue su grito de guerra, y los dominicanos correspondieron a tan sublime alerta con todo el entusiasmo del patriotismo. Murió, heroico y grande, con la nacionalidad y con la independencia de la Patria, en el año en que se arrió por primera vez nuestra enseña tricolor. Matías Ramón Mella y CASTILLO 1816-1864 Los años de su juventud corrieron a la sombra de la dominación haitiana. Siempre, aún en los momentos de desolación, mantuvo viva la noble virtud del patriotismo. Su disparo audaz aquella noche de triunfo, el 27 de febrero de 1844, anunció al mundo que una nueva estrella republicana brillaba en los cielos de América. 267

269 CAPÍTULO XXIII Los partidos políticos TEMA NO. 34 DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS En la Ley Electoral podemos encontrar todo lo concerniente a los partidos y asociaciones políticas, cuyo reconocimiento es hecho, previa solicitud, por la Junta Central Electoral, para lo cual los organizadores deben presentar una serie de documentos, entre los que destacamos los siguientes: a) Una exposición sumaria de los principios, propósitos y tendencias que va a sustentar el partido; b) Relación de sus órganos directivos provisionales, en el que deberá figurar el directorio nacional provisional, con sede en la capital de la República, y cuyo presidente será el representante legal ante la Junta Central Electoral; c) Dibujos del símbolo, emblema y bandera con la forma y colores que distinguirán al nuevo partido de los ya existentes, pero no deberán coincidir en todo ni en parte con el escudo o la bandera nacional, ni ningún símbolo, imagen o emblema religioso; d) Declaración firmada por los organizadores donde indiquen que el partido tiene un número de afiliados no menor del cinco por ciento del número de electores que concurrieron a la elección general inmediata anterior, y cuya veracidad se encargará de comprobar la Junta Central Electoral. 269

270 La solicitud de reconocimiento debe ser tramitada noventa días, a más tardar, antes de la fecha de la celebración de la elección ordinaria. Si el partido es reconocido, sus organizadores constituirán los cuadros directivos y llenarán las formalidades que impone la ley para disfrutar de los derechos que le corresponden como tal, principalmente, la celebración de reuniones, actos, promociones, etc., para engrosar sus filas, y realizar todos los actos de la vida partidaria, como consecuencia de la personalidad jurídica que le pertenece al ser formalmente reconocido. Diversas razones pueden ser motivos para la extinción de los partidos, como sería la decisión voluntaria aprobada en reuniones ordinaria o extraordinaria; por fusionarse con otros partidos; por no haber alcanzado el porcentaje de sufragios que exige la ley o por no obtener representación en el Congreso. En este último caso, la ley determina que el partido que obtenga menos de cinco por ciento de los votos emitidos, o no obtenga representación en el Congreso Nacional, será declarado, mediante resolución de la Junta Central Electoral, como extinguido. La institución política afectada puede interponer dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta situación. 34.1 Diferentes categorías de partidos políticos Un partido político es la asociación que se funda o se crea para intervenir en la dirección del gobierno del Estado mediante la conquista del poder. El origen histórico de los partidos políticos se remonta a la antigüedad griega y romana. Nucleados en torno a una persona o a un programa, no disponían de una organización, pero representaban los intereses de una clase o de un grupo; por eso, encontramos entre los griegos un partido democrático, 270

271 en el que se aglutinaban los ciudadanos libres, y de un partido aristocrático, representante de la oligarquía. Por otra parte, en Roma, durante su época republicana, aparecen dos facciones bien definidas: la del patriciado y la de la plebe, cuyos antagonismos dieron motivo a serios enfrentamientos que degeneraron en guerras civiles. A partir de la gran Revolución del siglo XVIII, es cuando se delimitan más claramente las funciones y representatividad de los partidos, al definirse dos bandos antagónicos, como fue la clase feudal, organizada en torno a la corona, y la burguesa, representante de las clases populares. La Revolución Francesa amplía más este panorama, y organiza, alrededor de las diversas tendencias dentro de la burguesía, los distintos partidos políticos que se disputan el poder, cono los girondinos, representantes de la burguesía republicana y los jacobinos, representantes de la pequeña burguesía democrática. La revolución de 1848, que sacudió a la mayoría de los países europeos, marca la organización de una nueva fuerza: la del proletariado, de la que surge la organización de los partidos socialistas para la defensa de sus intereses. 34.2 Los partidos políticos en la Constitución dominicana y la Ley Electoral La Constitución dominicana consagra la libre organización de partidos y asociaciones políticas que se ajusten a la ley, y cuyas tendencias estén de acuerdo con los principios que ella misma traza, y que, como sabemos, están enmarcados dentro de la democracia representativa. En la Ley Electoral podemos encontrar todo lo concerniente a los partidos y asociaciones políticas, cuyo reconocimiento es hecho, previa solicitud, por la Junta Central Electoral, para lo 271

272 cual los organizadores deben presentar una serie de documentos, entre los cuales destacamos los siguientes: 34.3 Partidos de principios o ideológicos Los partidos de principios, llamados también ideológicos, son aquellos que poseen una declaración de principios o más propiamente una ideología política, la que llevarían a la práctica al asumir el poder, si es que son favorecidos con el voto del pueblo. En la declaración de principios de estos partidos, generalmente está contenido el programa que se proponen desarrollar al obtener la dirección del Gobierno. En los temas que aparecen en la declaración de principios, sobresalen los que versan sobre aspectos económicos, sociales, educativos, etc. Estos partidos trazan en su declaración de principios la forma de cómo van a resolver los diferentes problemas que afectan al pueblo, lo que indudablemente tiene como objetivo esencial conseguir la mayor cantidad de prosélitos. Algo que caracteriza este tipo de partidos es que no tienen caudillos. Se evita así el personalismo dentro del mismo. Más bien están dirigidos por un bufete directivo, un comité ejecutivo nacional o un directorio nacional, elegido por un período determinado. 34.4 Partidos personalistas A diferencia de los partidos ideológicos, en los personalistas la gente se aglutina alrededor de un caudillo, generalmente militar, a quien endosan de una manera tal que lo convierten en tirano, a cambio de los grandes privilegios y prebendas que concede a los que se encargan de convertirlo en el hombre 272

273 insustituible de ese pueblo. Una situación de esta naturaleza la padeció el pueblo dominicano entre los años 1930 y 1961 con Rafael L. Trujillo, tirano implacable creador del Partido Dominicano, único existente en ese lapso. Aunque hubo otros, ninguno de ellos podía funcionar como partido político organizado. Da pena mencionar las turbias maniobras que se realizan para que los partidos personalistas obtengan el triunfo mediante fraudes, obligadas abstenciones, compra de votos, terror psicológico, etc. para luego repartirse el erario público, llamado irónicamente por la gente del pueblo como la vaca nacional. Aunque muchas veces esta situación es consecuencia del bajo nivel cultural y la poca educación cívica de los pueblos, también los partidos personalistas tienen su fundamento en la vesania de los políticos profesionales, quienes a cambio de los beneficios ilegales que van a obtener se encargan de aupar al caudillo. Dado el avance cultural y político de los pueblos no debería ser posible que existan caudillos tiránicos ni partidos personalistas, pero lamentablemente, ello no es así pues en pleno siglo XXI el mundo sigue sojuzgado por estas lacras políticas. 34.5 Partidos derechistas Los partidos derechistas, llamados también conservadores en razón de que su objetivo es mantener a rajatabla las viejas o tradicionales estructuras, impidiendo el avance social y político de los pueblos, cuyas grandes masas sufren hambre, desnudez y falta de educación. Despectivamente, a este tipo de partido, también se les llama reaccionarios, y aunque en los mismos se agrupan diferentes clases de personas, generalmente, en ellos se encuentran muchos representativos del poder económico. En oposición a los partidos derechistas o conservadores se han 273

274 organizado los partidos liberales, los cuales han caracterizado la lucha política de los pueblos latinoamericanos. Desaparecido el régimen de Trujillo, se organizaron en nuestro país un sinnúmero de partidos políticos, a muchos de los cuales se les ubicó dentro de la derecha conservadora. 34.6 Partidos izquierdistas Los partidos izquierdistas, son los que sustentan ideas renovadoras, y se consideran los únicos llamados a resolver los graves problemas que afectan a las masas, que ávidas de justicia social, reclaman un cambio político de la sociedad, el cual si no es posible obtenerlo por la vía pacífica, propugnan para ello hasta por la revolución armada. Tanto los partidos de derecha como los de izquierda, cuando se colocan en los extremos terminan en ser peligrosos y fatales para el desarrollo político, social y económico de los pueblos. Los derechistas son reaccionarios, pero los izquierdistas son caóticos, porque trastornan el orden de las cosas, mediante las protestas, las huelgas, el terrorismo, etc., creando un estado de violencia que en nada favorece el desarrollo integral de la sociedad. La solución a los problemas que hoy sufren nuestros pueblos parece estar radicada en las tendencias políticas que se sitúan en la izquierda moderada. Anteriormente se pensó que los partidos políticos de centro o centristas, equidistantes de ambos extremos, eran los llamados a la solución política de nuestros males, pero el poco avance hecho por los mismos, ha llevado a pensar, y así lo están demostrando, que la solución a los grandes problemas que hoy sufren nuestros semejantes está en los partidos políticos ubicados en la izquierda moderada los cuales luchan por un 274

275 cambio social, pero sin suprimir las libertades ciudadanas, tratando, ante todo, de hacer desaparecer el estado de abandono y miseria que sufren las masas populares, queriendo quitar el abismo existente entre los que comen y los que no comen, entre los que tienen muchas riquezas y los que nada tienen. Partidos de este corte aunque no han logrado todos sus objetivos, se han organizado en las últimas décadas en algunos países latinoamericanos, tales como el APRA del Perú, fundado por el líder político Víctor Raúl Haya de la Torre; Acción Democrática (AD) en Venezuela, liderado por el gran político Rómulo Betancourt; Partido Liberal (PL) en Costa Rica, liderado por otro gran político, José Figueres. Desaparecido el régimen de Trujillo, se organizaron en nuestro país, muchos partidos políticos, a varios de los cuales se les ubicó dentro de los partidos de izquierda. Los partidos comunistas, caen dentro de la extrema izquierda, existen pública o clandestinamente en nuestro continente americano, pero al igual que los de extrema derecha, no son aceptados ni recomendados en los países que se organizan dentro del sistema de la democracia representativa. 34.7 Partidos de oposición Se llaman partidos de oposición todos los que no están disfrutando del poder, y en consecuencia son contrarios al partido o partidos que tienen en sus manos el poder político de un pueblo. En la democracia representativa los partidos opositores son necesarios y hasta imprescindibles, para que señalen aquellas actuaciones del gobierno realizadas fuera de la ley o que vayan en perjuicio de la ciudadanía y que por consecuencia ideológica, generalmente, son aparejados por el partido que llevó al poder los hombres que administran el gobierno. 275

276 Sin embargo, aunque los partidos de oposición son necesarios, es conveniente que realicen una oposición constructiva, que, en vez de perjudicar, ayuden a la solución de los problemas que afectan la nación, pues la oposición sistemática es dañina y perniciosa. Como lo esencial es tener presente el alto interés público, en los países donde se practica una verdadera democracia, los políticos de oposición, aunque mantengan su ideología y apego a los principios de su partido, colaboran en la Administración Pública, ayudando así a los mandatarios de turno a ofrecer un gobierno de unidad nacional. Los partidos de oposición son tan útiles, que en algunos países como Inglaterra, se les asignan en el presupuesto nacional, ayudas o sueldos a sus dirigentes para que se mantengan al frente de la dirección de esos partidos. Actualmente y mediante ley del Congreso Nacional los partidos políticos reciben una elevada suma de dinero según los votos obtenidos en las últimas elecciones. Si la democracia preconiza el principio de que es gobierno del pueblo, nos encontramos con que una gran mayoría llevó a un partido determinado al poder, pero que hay una minoría que votó por otros grupos, a los cuales tenemos que reconocerles el derecho que tienen de expresarse y seguir luchando para alcanzar el poder, pues, si acallamos esa minoría, en poco tiempo podemos caer en el predominio de un solo partido, que por diversas razones y abundancia de recursos, es el que conquista continuamente el poder, lo que a la postre puede resultar peligroso para el desarrollo político de una nación. 34.8 Principales partidos políticos de la historia dominicana Entre los partidos políticos de más importancia que existieron en nuestro país, en el siglo XIX, tenemos el Azul, integrado 276

277 por liberales de la Restauración y el Rojo, formado por seguidores de Báez. En el siglo XIX tuvimos los Coludos, cuyo caudillo fue Horacio Vásquez, y los Bolos, con Juan Isidro Jimenes como líder. El primero adoptó como símbolo un gallo con cola, y el segundo un gallo sin cola. En 1930 hubo una coalición de partidos denominada Alianza Nacional Progresista, que tenía la candidatura Vásquez-Morales, para enfrentarla a la de Trujillo-Estrella Ureña, pero por los atropellos y las ventajas que tenía Trujillo, la alianza de partidos se abstuvo de concurrir a las elecciones y Trujillo ganó sin oposición. Durante la denominada Era de Trujillo, existió un partido único, el Dominicano; sin embargo Trujillo, para aparentar a nivel internacional que no era un dictador, en 1947 se formaron los partidos Nacional Democrático y Laborista que en el fondo eran organizados por seguidores del mismo Trujillo y al pie de la letra cumplían sus instrucciones. En 1942 concurrió a las elecciones el partido trujillista pero con los mismos candidatos del Partido Dominicano, de manera que en el fondo todo era una farsa. Al desaparecer la dictadura en 1961, se organizó un sinnúmero de partidos políticos, la mayoría de los cuales se detallan más adelante, incluyendo los votos obtenidos en las elecciones en que participaron, destacando también una síntesis histórica de los tres partidos políticos que actualmente se reparten la matrícula electoral del país, como son, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista, convertido luego en Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dirige los destinos del país en el momento en que se escribe este Manual. 277

278 34.9 El Movimiento Cívico 23 de Febrero y el ascenso al poder de Rafael L. Trujillo Molina Para la ilustración y conocimiento de las jóvenes generaciones, creo conveniente destacar a continuación una breve síntesis del Movimiento Cívico 23 de Febrero, que facilitó el ascenso al poder de Rafael L. Trujillo Molina, quien dictatorialmente gobernó el país entre 1930 y 1961. El Presidente Horacio Vásquez, considerado como un hombre probo, honesto y profundamente democrático, pero que erróneamente se las ingenió para prolongar en dos años más su período presidencial que debió terminar en 1928. Eso motivó la renuncia por disgusto del vicepresidente Velásquez, al ver tronchada su oportunidad de ser presidente, siendo sustituido por el horacista José Alfonseca. La situación se agravó en 1930 volviéndose a asomar el continuismo ya que el presidente Vásquez quiso reelegirse, no obstante su enfermedad y con seis años más viejo, lo que facilitó la conspiración naciendo el famoso Movimiento Cívico 23 de Febrero, que determinó la caída del gobierno horacista formándose un gobierno provisional encabezado por el líder civil Rafael Estrella Ureña, con la posterior elección de la candidatura Trujillo-Estrella a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. El 16 de mayo de 1930 fueron celebradas las elecciones con la abstención de los partidos de la oposición, representados por la Alianza Nacional Progresista, como consecuencia de las persecuciones y asesinatos cometidos por los seguidores de Trujillo, que la oposición consideró ilegal y por demanda judicial pidió la anulación de las elecciones y de la nueva Junta Central Electoral. En estas elecciones votaron 223,851 por la candidatura Trujillo-Estrella y solamente 1,883 por la oposición. 278

279 Para 1931 cesaron en sus labores, tanto los partidos opositores como los que habían apoyado a Trujillo, surgiendo el partido del General Trujillo, cuyo nombre fue cambiado posteriormente por el de Partido Dominicano (PD) y único autorizado legalmente en el territorio nacional. Durante el gobierno de Trujillo las patrullas del Ejército y la Policía Nacional, al detener a cualquier ciudadano le pedían los documentos denominados los tres golpes, es decir, la Cédula de Identidad Personal, el Carnet del Servicio Militar Obligatorio y el Carnet del Partido Dominicano, conocido como la palmita, que era el símbolo de ese partido y quien no portara esos tres documentos generalmente era detenido y encarcelado. En 1930, por instrucciones de Trujillo, comenzaron a caer los caciques regionales comenzando por Cipriano Bencosme, muerto en las lomas de Jamao, en Moca, quien había sido segundo del presidente Horacio Vásquez, En noviembre de ese mismo año, Desiderio Arias, legendario opositor de Trujillo, cayó en combate en los campos de Mao. Por otra parte, fue neutralizado en el Sur con serias amenazas de muerte don Felipe Vidal. En el Este al no existir ningún personaje importante en contra de Trujillo, como consecuencia de la existencia de los denominados Gavilleros del Este, no desapareció nadie. Con el nacimiento del Partido Dominicano (PD) y la disolución de los otros partidos existentes se instauró el totalitarismo en el país, de tal manera que el vicepresidente Estrella Ureña optó en 1931 por asilarse en Puerto Rico aprovechando un viaje relacionado con sus funciones. Regresó al país en 1939 acogiéndose a las garantías que le ofreció Trujillo, su antiguo aliado. Entre 1930 y 1957 el Partido Dominicano postuló sucesivamente a Trujillo o a uno de los testaferros señalados por él como 279

280 fueron los casos del licenciado Jacinto Peynado, del licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, su hermano Héctor B. Trujillo Molina, pues el caso del doctor Joaquín Balaguer, siendo vicepresidente de la República, lo elevó a la presidencia después de la renuncia de su hermano Héctor como consecuencia de una treta para el levantamiento de las sanciones que aprobaron los gobiernos latinoamericanos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Costa Rica, como justa sanción por el atentado perpetrado en contra del doctor Rómulo Betancourt. Finalmente, cabe señalar que el Movimiento Cívico 23 de Febrero, precursor del ascenso de Trujillo al poder, fue organizado, principalmente, por un grupo de profesionales de Santiago, entre los que figuraron Estrella Ureña, Rafael F. Bonnelly, Tomás Hernández Franco, Joaquín Balaguer, Rafael Vidal y otras importantes figuras de la época. 34.10 Los tres grandes partidos políticos Con el fin de que la presente generación pueda conocer el origen y la historia de los tres grandes partidos políticos, nacidos a la caída de la tiranía de Trujillo, como son el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que ha gobernado el país en 1962 con el Profesor Juan Bosch, Antonio Guzmán en 1978, doctor Salvador Jorge Blanco en 1982 y el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez en el año 2000. El Partido Reformista (PR) convertido luego en Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que gobernó el país en los años 1966-1970-1974-1986-1990 y 1994 con su presidente y líder el doctor Joaquín Balaguer Ricardo y el Partido de la Liberación Dominicana, fundado en 1973 por el Profesor Juan Bosch, cuando el país renunció como miembro del PRD, cuya organización política ha gobernado el país en los 280

281 años 1996, 2004 y 2008 con el joven mandatario doctor Leonel Fernández Reyna. Se destaca a continuación una breve síntesis sobre su origen e historia. 34.11 Historia sintetizada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Fundación del PRD Los inicios de la fundación del Partido Revolucionario Dominicano se remontan al 21 de enero del año 1939, en la Villa de El Cano, cercana a La Habana, Cuba. En esa fecha se trató el asunto de la formación del PRD cuyos fundadores fueron: Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jimenes Grullón, Juan Bosch, Virgilio Mainardi Reyna, Lucas Pichardo y José Manuel Santana (Pipi). Este partido se fundó con el propósito de acelerar la liquidación de la tiranía Trujillista y luchar por un mejor porvenir democrático para la República Dominicana. El PRD se alimentó en 1940 del nacionalismo progresista apoyado por la Revolución Mexicana de 1910 y del aprismo fundado por el líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Ante el ajusticiamiento de Trujillo el PRD se prepara para regresar al país, con el fin de organizarse y de participar en elecciones libres y democráticas para alcanzar el poder por lo que el 5 de junio de 1961 envía al país a tres de sus más importantes dirigentes: Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo. El PRD tiene una orientación centro-izquierda y es miembro de la Internacional Socialista. Su primer mitin, después de la caída de Trujillo, tuvo efecto el día 7 de junio en el Parque Colón, exactamente al frente de las oficinas donde se instaló este partido, con las palabras de la comisión de la organización Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo. 281

282 En 1961 regresa al país su presidente y líder Profesor Juan Bosch, quien se postula en las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962 ganando abrumadoramente las elecciones, tomando posesión el 27 de febrero de 1963, pero derrocado a los 7 meses de gobierno, exactamente el 25 de septiembre de ese mismo año, participando nuevamente en las elecciones de 1966, celebradas después de la Revolución de Abril, pero fue derrotado por el Partido Reformista y su candidato el doctor Joaquín Balaguer. En 1970 y 1974 el PRD se abstuvo de participar en las elecciones de esos años alegando persecuciones y atropellos contra la oposición, pidiendo la suspensión de las elecciones, pero no lo logra y las elecciones fueron celebradas y validadas por la participación de otro partido político. Sin embargo, el PRD sale victorioso en las elecciones de 1978 al llevar como candidato al destacado empresario Antonio Guzmán Fernández, cuyo mandato es completado por el vicepresidente licenciado Jacobo Majluta ante el lamentable y triste suicidio del presidente Guzmán. El PRD gana nuevamente las elecciones en 1982 con el doctor Salvador Jorge Blanco como candidato y en el año 2000 la gana el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. El líder principal del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, fue candidato perdedor en los años 1990, 1994 y 1996. En el año 2005 y después de más de 20 años, el PRD escogió a sus nuevas autoridades mediante elecciones competitivas resultando presidente el ingeniero Ramón Alburquerque y secretario general el joven político licenciado Orlando Jorge Mera, hijo del ex presidente doctor Salvador Jorge Blanco. Para las elecciones de medio término celebradas en el año 2006 para elegir los miembros del Congreso Nacional 282

283 (senadores y diputados) y los ayuntamientos, el PRD concertó una alianza con el PRSC, considerado su eterno rival, pero fueron derrotados por el Partido de la Liberación Dominicana, que alcanzó la mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En el año 2006 en unas elecciones primarias muy bien organizadas el PRD selecciona su candidato presidencial para las votaciones del 16 de mayo del año 2008, resultando ganador el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien derrotó a la distinguida dama doctora Milagros Ortiz Bosch, ex-vicepresidenta de la República y senadora durante dos períodos. 34.12 Historia sintetizada del PRSC CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO REFORMISTA. La Reunión De New York. Acta Número Uno El Partido Reformista (PR) fue fruto de la fusión de las organizaciones políticas Partido Revolucionario Dominicano Auténtico (PRDA), Partido Acción Social y Partido Agrario Obrero, según fue aprobado el 21 de julio de 1963, al celebrarse la primera asamblea constitutiva del Partido Reformista (PR). En esta asamblea se conformó el directorio nacional provisional, cuya presidencia recayó en el doctor Joaquín Balaguer, identificando la organización con los colores verde y amarillo, y el lema de Justicia Social, Libertad y Orden. La asamblea fue celebrada en el patio de la casa No. 5 de la calle Moisés García de la ciudad de Santo Domingo, residencia del señor Nicolás Silfa, y a la misma asistieron delegados de varias provincias del país. Actúo como secretario el doctor Rafael E. Ruíz Mejía. 283

284 En esta asamblea se aprobó el acta No. 1, que reconoció los acuerdos aprobados en la reunión celebrada en la ciudad de New York, en fecha 2 de julio de 1963, firmada por el doctor Joaquín Balaguer y Nicolás Silfa, la que inserto a continuación: ACTA DE LA REUNIÓN EN NEW YORK DEL DÍA 2 DE JULIO DE 1963 ACTA NÚMERO 1 (UNO) En la ciudad de New York, Estados Unidos de América en reunión celebrada la noche del día 2 (dos) de julio de 1963, presidida por el Dr. Joaquín Balaguer y con la asistencia de un nutrido grupo de dominicanos residentes en esta ciudad de tendencias genuinamente democráticas y de la Comisión designada por la Asamblea Conjunta de miembros de los partidos Acción Social y Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, efectuada en Santo Domingo el 16 de junio del presente año 1963, de común acuerdo y después de ponderado un análisis de los temas de la agenda preparada al efecto, ha sido acordado lo siguiente: PRIMERO: Fusionar en uno solo los partidos políticos Acción Social y Partido Revolucionario Dominicano Auténtico bajo una sola denominación. SEGUNDO: El nombre, bajo el cual deberán agruparse las militancias de ambos partidos, será el de Partido Reformista, el cual deberá ser confirmado en asamblea reunida al efecto o cambiado según el criterio de la misma. TERCERO: Para la organización y dirección del Partido Reformista en la República Dominicana deberá constituirse en Comité Ejecutivo Nacional Provisional, para cuya integración han sido recomendadas las siguientes personas: Dr. Joaquín Balaguer, Lic. Juan Tomás Lithgow, Dr. Nicolás Silfa, Leopoldo 284

285 Pérez Sánchez, César A. Herrera, Lic. Manuel A. Goico (hijo), Dr. Alberto Herrera Báez, Dr. Rafael E. Ruíz Mejía, Dr. Manuel de Jesús Goico Castro, Lic. Luis Julián Pérez, Dr. Delfín Pérez y Pérez, Arq. Quirilio Sánchez, Pedro Pablo Villanueva, Manuel Antonio Chaljub Ureña, Benito de la Cruz, Leonel Alberto Silfa, Mencía Pereyra de Caro, Lorenzo Brea Mena, Dr. Rafael A. Hernández Acosta, Dr. Luis Oscar Valdez y General Rafael Rodríguez Grullón. Estas designaciones son provisionales y deberán ser confirmadas por la Asamblea General que oportunamente será reunida al efecto. CUARTO: No dar a la publicidad la nómina de los cuadros directivos del partido en proceso de organización hasta tanto el partido no lo considere conveniente. QUINTO: Para la recaudación de los fondos económicos indispensables para la marcha efectiva de la organización, se ha convenido fijar una cuota mensual entre los miembros y simpatizantes que se encuentren en condiciones económicas de hacerlo, cuya forma deberá ser decidida por el propio partido. El Partido Reformista (PR) participó y ganó las elecciones de los años 1966, 1970, 1974, 1986, 1990 y 1994 llevando como candidato a su fundador y líder el doctor Joaquín Balaguer, derrotando unas veces al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otras veces al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Con el fin de reforzar las relaciones y la solidaridad internacional, en 1982 el doctor Joaquín Balaguer adoptó el socialcristianismo, como la doctrina política e ideológica del Partido comenzando a recibir ayuda económica y asesoramiento político de la Fundación Konrad Adenauer de la Alemania Federal, para su Instituto de Formación Política (IFP) que aunque desarrollaba 285

286 su labor con los dirigentes y miembros del PRSC no dependía del partido sino de la Fundación para la Promoción Política y Social Inc., en razón de que la Fundación Adenauer no proporciona fondos a los partidos políticos. Ante esta situación, el 27 de marzo de 1982 la asamblea nacional extraordinaria conoció y aprobó la fusión del Partido Reformista (PR) y el antiguo Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), naciendo una sola entidad denominada Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). 34.13 Historia sintetizada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), surgió en 1973 fruto de la renuncia del Profesor Juan Bosch, como Presidente y miembro del PRD. Su propósito declarado fue construir una organización que tuviera como objetivo completar la obra de nuestro héroe nacional, Juan Pablo Duarte: Lograr una patria libre, soberana e independiente, en la cual impere la justicia social y el respeto a la dignidad humana. Para cumplir ese objetivo se entendió que era necesario la creación de una sólida disciplina, una mística arraigada y una vocación de trabajo por el pueblo dominicano, basados en el trabajo colectivo, la unificación de criterios y los principios del centralismo democrático. Para entender las características organizativas del partido en el momento de su fundación es necesario no perder de vista que el surgimiento de una determinada configuración partidaria es producto de causas sociales o políticas específicas. De ahí que por la estructura y organización que se dio en sus inicios, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sea una consecuencia de la coyuntura existente, tanto en el plano nacional como en el internacional en 1973. 286

287 El Partido de la Liberación Dominicana surgió pocos meses después del movimiento guerrillero encabezado por Francisco Alberto Caamaño Deñó. Este movimiento puso fin, en cierta medida, a un período de historia de nuestro país que se había iniciado con la revuelta del 24 de abril de 1965, acontecimiento surgido como consecuencia del derrocamiento del gobierno presidido por el Profesor Juan Bosch en septiembre de 1963 y que buscaba el retorno de éste al poder, lo que provocó, en parte la segunda intervención norteamericana con el desembarco de 42 mil soldados de ese país y de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, a los cuales se enfrentó con valentía el pueblo dominicano guiado por el grupo de militares constitucionalistas liderado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. El 3 de diciembre de 1973, días antes de que se fundara el PLD, el Profesor Juan Bosch, en ocasión de una entrevista para la Revista Ahora!, respondiéndole a Emma Tavárez Justo una pregunta sobre cuáles características ideológicas programáticas tendría el nuevo partido, que lo diferenciaran del PRD, señaló lo siguiente: Un partido no es lo que sean sus masas sino lo que sean sus dirigentes, y digo esto en sentido ideológico. Los dirigentes del PRD, exceptuando desde luego los que han pasado al PLD y alguno que otro confundido que se haya quedado en el PRD, dejaron hace tiempo de pensar en la liberación nacional y se dedicaron a pensar en las posiciones públicas que pueden conquistar dentro de las estructuras del gobierno o dentro de las estructuras del partido. El PLD surge como una fuerza cuestionando el orden social existente, que buscaba transformar esa situación con una visión que, para la época, era considerada progresista. La estructura organizativa que se eligió para el partido atestiguar la intención 287

288 de su fundador. El PLD fue concebido como una estructura de cuadros, al estilo leninista, que, tal y como se expresó al inicio de este documento, funcionaba basado en el centralismo democrático. Se pretendía crear líderes para dirigir las masas y conducirlas al poder. En la línea de crear líderes se desarrolló un programa de educación política, obligatorio para todos los aspirantes a miembros y para los miembros del PLD, con materiales preparados por Juan Bosch utilizando el método de análisis marxista, con el que se buscaba formar a los peledeístas en una línea de pensamiento muy próxima al marxismo. La importancia que se confirió al conocimiento del marxismo fue de tal envergadura que, durante los años 80, el Comité Central del PLD fue estructurado en varios grupos de estudios de la teoría marxista. A partir de 1982 el PLD comenzó a cambiar de actitud en cuanto a los procesos electorales, al participar en ese mismo año alcanzó el 10% de la votación. En los primeros años de existencia del PLD el trabajo político fue orientado fundamentalmente a lo interno de la organización, con miras a crear los cimientos de un partido de cuadros, bien formados, disciplinados y fuertemente influenciados del pensamiento del Profesor Juan Bosch. Fue lo que se denominó la etapa de construcción del partido. Una vez creado el instrumento, un partido nuevo, con características muy diferenciadas de los demás partidos políticos, al empezar la década de los ochenta el Profesor Juan Bosch anunció la etapa de racionamiento del partido con el pueblo, a la vez que destacó que la etapa de construcción del partido había concluido. Esta nueva etapa, incomprendida por la mayoría de los integrantes de la organización, suponía un vuelco del partido 288

289 hacia las actividades externas, tendente a crear vinculaciones con las organizaciones y entidades civiles representativas en las zonas rurales y urbanas. Esa nueva dinámica debía de suponer la captación de un gran número de dominicanos que se integraran a los círculos de estudios en calidad de aspirantes a miembros e incorporarse a la vida interna de la organización, así como también una mayor residencia y autoridad de los peledeistas en las comunidades. En 1990 el PLD pierde, por mínimo margen, las elecciones presidenciales, alegándose un fraude colosal atribuido al PRSC y consecuentemente al doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, el Informe Carter, atribuido al ex presidente norteamericano Jimmy Carter, reconoció la existencia de múltiples irregularidades pero descartó el fraude electoral. El PLD participa en las elecciones del 1996, llevando como candidato presidencial al doctor Leonel Fernández Reyna ahora con el nuevo sistema de dos vueltas electorales, teniendo como rival al líder histórico del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, a quien Fernández derrota en la segunda vuelta electoral, celebrada el 30 de junio de 1996, gracias al apoyo que sin condiciones le brindaron el doctor Joaquín Balaguer y su PRSC, conformando el denominado Frente Patriótico, para cerrar el paso, como él mismo manifestara al Camino Malo, representado por el PRD. En el año 2000 el PLD pierde las elecciones en la primera vuelta electoral con su candidato presidencial licenciado Danilo Medina, quien fue derrotado por el candidato del PRD, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Para las elecciones del año 2004, el PLD eligió como candidato al doctor Fernández Reyna, quien superó en las primarias por amplio margen, al aspirante a candidato presidencial 289

290 licenciado Danilo Medina, excelente estratega político del PLD en las anteriores elecciones. El candidato Fernández Reyna, salió triunfante en dichas elecciones sobre el presidente reeleccionista ingeniero Hipólito Mejía. En las elecciones del 2008, el presidente doctor Leonel Fernández Reyna venció al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, candidato del opositor por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 290

291 CAPÍTULO XXIV Situación política y partidos surgidos tras la caída de Trujillo El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que había sido fundado en el exilio, en 1939, le tomó la palabra al doctor Joaquín Balaguer, Presidente de la República, de que organizara elecciones democráticas en mayo de 1962 con la asesoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que había invitado a los exiliados políticos a regresar, por lo que el Profesor Bosch, en su condición de Presidente del PRD, el 13 de julio le pidió garantías a Ramfis y a Balaguer para operar en el país, fue así como el 5 de julio, llegó procedente de Costa Rica la conocida delegación del PRD compuesta por los señores Ángel Miolán, Ramón A. Castillo y Nicolás Silfa, quedando iniciadas las actividades de ese importante partido político. El 8 de julio el movimiento clandestino 14 de Junio anunció su decisión de salir a la luz pública y el 11 de ese mismo mes, anunció la Unión Cívica Nacional (UCN) su formación, mediante la célebre carta que sus fundadores le enviaron al doctor Joaquín Balaguer. A la caída de Trujillo, existían otras organizaciones políticas, surgiendo el Movimiento Popular Dominicano (MPD) con poca incidencia en el sector político y con muchas dudas de la integridad de sus dirigentes, porque se decía que era privilegiado de Ramfis Trujillo. 291

292 En sus inicios la UCN se definió como una agrupación patriótica, lo que motivó que muchos miembros del 14 de Junio, que sí era un partido, pertenecieran también a la UCN y algunos de ellos ocuparan posiciones en la alta dirigencia de esa organización. El PRD, con mucho más experiencia política que UCN y el 14 de Junio, por el tiempo de su fundación y haber vivido en países como Cuba, Costa Rica y Venezuela, utilizaba un lenguaje más moderado contra sus interlocutores del Palacio Nacional y San Isidro, quienes se disgustaban con el tono insolente de los cívicos y los catorcistas, quienes pedían más libertades y castigo para los culpables de hechos y crímenes cometidos durante la tiranía. En las elecciones de 1962, ofrecidas por el doctor Joaquín Balaguer, además de concurrir la UCN, el 14 de Junio y el PRD, también lo hizo el Partido Dominicano, con el doctor Joaquín Balaguer como candidato presidencial, lo que constituiría un suicidio, por lo que UCN y el 14 de Junio demandaban la constitución de un gobierno provisional sin Balaguer y la salida de Ramfis y otros familiares de Trujillo. El 13 y el 14 de diciembre de 1962 la dirigencia de UCN se reunió y decidió convertirse en agrupación política lo que fue anunciado al país el 6 de enero de 1962. TEMA NO. 35 CREACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO En cumplimiento de las promesas, forzadas por las circunstancias, hechas por el Presidente Balaguer y las insistentes y fuertes demandas de la oposición política, a las once de la mañana del día 1ro. de enero de 1962, el doctor Joaquín Balaguer tomaba el juramento a los seis miembros del Consejo de Estado, del 292

293 cual fungía como Presidente hasta el tiempo acordado para su renuncia. Además del doctor Balaguer el Consejo estuvo integrado por: Doctor Rafael F. Bonnelly Doctor Nicolás Pichardo. Doctor Eduardo Read Barreras. Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Don Antonio Imbert Barreras. Don Luis Amiama Tió. La crisis política nacional se complicaba cada día más y la Unión Cívica Nacional presionaba constantemente para buscar una solución, pero con la salida y la desaparición de todo lo que representaba el trujillismo, incluyendo el poder del doctor Joaquín Balaguer, quien constitucionalmente terminaba su período presidencial el 16 de agosto de 1962. La Unión Cívica Nacional convocó a una huelga general, que fue apoyada por la mayoría del pueblo dominicano y las sanciones que pesaban sobre el país, impuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA), constituían un fardo profundamente negativo para el desenvolvimiento de las actividades normales del país, principalmente económicas. Para hacer posible la formación de este Consejo de Estado, el mismo doctor Joaquín Balaguer, en su calidad de presidente de la República, promovió el 30 de diciembre de 1961, la reforma constitucional necesaria, teniendo como responsabilidad principal la de celebrar elecciones, bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la disolución del Partido Dominicano y el de los políticos recién surgidos, de celebrar actividades públicas y que los dominicanos expusieran libremente sus ideas, sin necesidad 293

294 de censura en los medios de comunicación masiva, tales como la prensa y la televisión. La conformación de este Consejo de Estado la harían ambas partes, dando preferencia a ciudadanos honestos, preparados, partidistas, quienes tendrían bajo su responsabilidad las funciones ejecutivas y legislativas con la misión esencial de preparar elecciones libres y democráticas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, así como a los representantes del Congreso Nacional y los ayuntamientos del país. El Consejo de Estado debía derogar algunas medidas que había tomado el presidente Balaguer, como las que prohibían las manifestaciones políticas públicas y la radioemisión de ciertos programas políticos como Baluarte Cívico de la UCN. Este gobierno tenía como encomienda principal organizar elecciones libres y democráticas, con la libre participación de los principales partidos políticos organizados o por organizarse en el país. Fruto de las tensiones y suspicacias, la UCN convocó a una manifestación en el Parque Independencia, con muchos ruidos y discursos de los cívicos que en forma insistente pedían la renuncia del doctor Balaguer, lo que motivó la intervención de las Fuerzas Armadas que en un acto desaprensivo disparó sus armas contra los manifestantes muriendo cinco personas y resultando unas 20 personas heridas. En reunión celebrada por el Consejo sus miembros le pidieron la renuncia al doctor Balaguer, quien en principio se negó aduciendo que no era culpable de lo sucedido y que primero debía consultar con las Fuerzas Armadas. Al llegar a Palacio llevado por Balaguer, el general Rodríguez Echavarría, Secretario de las Fuerzas Armadas, los consejeros Amiama Tió e Imbert Barreras le informaron sobre la renuncia del doctor Balaguer, pasando al despacho presidencial 294

295 donde Balaguer le confirmó tuve que renunciar por lo que el general Rodríguez Echavarría propiamente dio un golpe de Estado al pedir la renuncia de los demás miembros del Consejo y ante su negativa los hizo arrestar y los trasladó en calidad de presos a la Base Aérea de San Isidro. Ante esta situación, el sector militar decidió rebelarse haciendo preso a Rodríguez Echavarría y a sus principales seguidores, libertando a los miembros del Consejo de Estado, reinstalándolos en el Palacio Nacional, bajo la presidencia del doctor Rafael F. Bonnelly, pidiéndoles cumplir su mandato de organizar las primeras elecciones libres post Trujillo. Esto motivó el asilo político del doctor Balaguer en la Nunciatura Apostólica, que quedaba al lado de su residencia, mientras que el gobierno le concediera el salvoconducto para viajar a los Estados Unidos, radicándose en la ciudad de New York, donde permaneció hasta que regresó al país en plena revolución de abril de 1965. TEMA NO. 36 ELECCIONES DE 1962 Y EL TRIUNFO DEL PROFESOR JUAN BOSCH El 20 de diciembre de 1962 y en cumplimiento del mandato otorgado al gobierno del Consejo de Estado, fueron celebradas las primeras elecciones libres y democráticas post-trujillo, consideradas como las más imparciales y honestas, siendo sorpresiva la gran participación popular al ejercer el voto 1,054.944 ciudadanos. Surgieron más de 20 partidos políticos, después de la caída de Trujillo, la mayoría de ellos minoritarios por tener una reducida militancia, destacándose entre los mismos los tres más importantes, como fueron la Unión Cívica Nacional (UCN), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Movimiento 14 295

296 de Junio, los dos primeros, aparentemente iguales y el tercero en menor proporción, pero según se desarrollaba el proceso electoral el PRD crecía rápidamente, pues su campaña de no atacar los integrantes del gobierno anterior le fue creando simpatías, especialmente en las Fuerzas Armadas, cuyos dirigentes desplazaron, en forma muy discreta, a muchos de sus miembros para visitar a sus familiares y con el tacto necesario sugerirles la conveniencia de votar a favor del PRD, al considerar que tendríamos mayor tranquilidad y se aseguraba el desarrollo del proceso democrático del país. Se inserta a continuación los nombres de los partidos políticos participantes en estas elecciones, sus candidatos presidenciales y el número de votos obtenidos: 36.1 Estadísticas elecciones generales de 1962 CANDIDATOS VOTOS PARTIDOS PRESIDENCIAL OBTENIDOS 1. Revolucionario Dominicano (PRD) prof. Juan Bosch 619,491 2. Unión Cívica Nacional (UCN). dr. Viriato Fiallo 317,327 3. Revolucionario Social Cristiano Dr. Alfonso Moreno (PRSC) Martínez 54,638 4. Nacionalista Revolucionario Dominicano (PNRD) virgilio Mainardi Reyna 35,764 5. Alianza Social Demócrata (ASD) Juan I. Jimenes Grullón 17,898 6. Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD). Horacio J. Ornes 6,886 7. Partido Nacional (PN) raúl Carbuccia 1,667 8. Revolucionario Dominicano Auténtico (PRDA) dr. Joaquín Balaguer 1,273 Total de votos emitidos 1,054,944 296

297 36.2 El golpe de Estado contra Bosch y el gobierno del Triunvirato El Profesor Juan Bosch fue juramentado el 27 de febrero de 1963 con la asistencia de personalidades del mundo político latinoamericano, entre los que se destacaron, el ex-vicepresidente de los Estados Unidos de América, Richard M. Nixon y el doctor Rómulo Betancourt, entonces presidente de la hermana República de Venezuela, compadre del Profesor Juan Bosch, y quien había respaldado, ampliamente, a los exiliados políticos para el derrumbe de la dictadura trujillista, que costó casi la vida de esa notable figura, mediante el atentado, que con el apoyo total de Trujillo, tuvo efecto en Caracas, Venezuela, en la Avenida de los Próceres. Casi de inmediato, importantes y decisivos sectores de la vida nacional comenzaron a disgustarse con la forma y las medidas de gobierno que empezaron a tomar las nuevas autoridades, legislativas y ejecutivas, entre las que cabe destacar el proyecto de la nueva Constitución sometida y que finalmente fue aprobada. Entre los que encabezaron la oposición a la nueva Constitución figuraban las organizaciones empresariales, que entendieron que sus derechos como patronos quedaban disminuidos frente a los grandes beneficios que asimilaba la Constitución a los trabajadores. Generaron inusitada oposición las disposiciones que sobre el sistema educativo, establecía esta Constitución, especialmente en su artículo 19, que expresaba en forma radical, que el sistema escolar quedaba sujeto a la organización y supervisión del Estado y ponía exclusivamente bajo la responsabilidad de los padres el derecho a decidir, si a sus hijos se les enseñaban o no los principios religiosos. 297

298 Se orquestó una acción negativa contra el artículo 19 del referido proyecto de Constitución, con el argumento de que con el se violaba el principio de la libertad de enseñanza, que tradicionalmente ha prevalecido en todas las reformas constitucionales que se han hecho desde la primera, aprobada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Para coronar la oposición al proyecto de Constitución, que en el fondo era al propio Bosch y a su gobierno, bajo la consigna de que estábamos frente a un gobierno procomunista, para esa época catalogada como una doctrina atea y disociadora, en agosto de 1963 se iniciaron grandes manifestaciones de reafirmación cristiana, que fueron patrocinadas por el comité denominado Asociación Dominicana Independiente, que también fueron apoyadas por algunos partidos políticos, sacerdotes y otras significativas personalidades nacionales. Dos hechos lamentables acontecieron en el mes de septiembre de 1963 que precipitaron el golpe de estado contra el Profesor Juan Bosch, el primero, acontecido el día 20, fue una huelga decretada por los patronos organizados por un Comité Cívico Anticomunista, con propósitos desestabilizadores; el segundo hecho se registró en la frontera con Haití, el 23 de septiembre, mediante el cual un grupo de guerrilleros haitianos trató de lanzar un movimiento hacia su país. Sin embargo, estos acontecimientos les fueron presentados al Presidente Bosch como una invasión proveniente del vecino Estado haitiano y frente a su indignación dispuso un ataque a Haití, lo que cumplieron los militares y al darse cuenta el presidente de que había sido engañado, pidió una investigación a la Organización de Estados Americanos (OEA), que no tuvo ningún resultado, en razón de que las Fuerzas Armadas procedieron a derrocar 298

299 al presidente constitucional de la República, Profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963. Un comunicado firmado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas anunció el golpe de estado, que en principio fue apoyado por algunos partidos políticos y otros sectores que se oponían a Bosch por el miedo a la instauración del comunismo en el país. Entre las principales medidas tomadas por las Fuerzas Armadas fue desconocer la Constitución de 1963, que había sido aprobada por el Congreso Nacional para restituir la anterior Constitución; disolver el Senado y la Cámara de Diputados y declarar ilegal la doctrina comunista, marxista, castrista. Los partidos políticos que apoyaron el golpe contra el presidente constitucional Profesor Juan Bosch, formaron lo que se denominó el Gobierno del Triunvirato integrado por tres reconocidas figuras nacionales, que aparentemente no militaban en organizaciones políticas y el gabinete fue conformado con miembros de los mismos partidos que apoyaron dicho golpe. Los miembros originales del Triunvirato fueron los doctores Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y el ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillat. De los Santos gozaba de una real y extraordinaria fama como hombre serio, honesto y capacitado. Tapia Espinal, renombrado y prestigioso abogado, jugó un importante papel para el extrañamiento del país de miembros de la familia Trujillo. Además tuvo un rol protagónico en el levantamiento del general Rodríguez Echavarría, en noviembre de 1961, a la salida de Ramfis del país, acción que fue precursora de la instalación del Consejo de Estado, gobierno que preparó exitosamente las primeras elecciones libres y democráticas realizadas en el año 1962. 299

300 Tavares Espaillat era un acaudalado y exitoso profesional, además de reconocido luchador antitrujillista. Este gobierno implantó, a través de las Fuerza Armadas, un estado de represión que se acentuó; el pueblo comenzó a reaccionar en contra del golpe de estado al notar que desde el punto de vista democrático habían retrocedido inmensamente, teniendo que enfrentar el Triunvirato muchas crisis, que culminaron con el estallido de la revolución del 24 de abril de 1965. A dos meses de instalado se produce la renuncia del presidente don Emilio de los Santos, indignado por la masacre a un grupo de guerrilleros, que comandados por su líder, el doctor Manuel A. Tavárez Justo, se levantaron en armas contra el inconstitucional gobierno del Triunvirato y se dice que después de rendidos fueron fusilados. Al doctor Emilio de los Santos lo sustituye al doctor Donald J. Reid Cabral, entonces Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, quien había formado parte del gobierno del Consejo de Estado. Su designación fue protestada sin éxito por cuatro partidos políticos que habían apoyado el golpe de Estado contra Bosch, exigiendo su retiro del gobierno y consecuentemente negando su respaldo al Triunvirato. Otro grave problema surge en 1964, cuando renuncia el doctor Ramón Tapia Espinal, disgustado por la injerencia del sector militar en decisiones del gobierno del Triunvirato, quien fue sustituido por el doctor Ramón Cáceres Troncoso, perteneciente a una distinguida y rica familia dominicana, quien también había formado parte del gobierno del Consejo de Estado. Posteriormente también renuncia el último miembro original, ingeniero Manuel E. Tavares Espaillat, aparentemente por diferencias con el doctor Donald J. Reid Cabral. 300

301 El ingeniero Tavares Espaillat no fue sustituido, reduciéndose el gobierno a un triunviro, y convirtiéndose el doctor Reid Cabral en la figura principal del gobierno y del país y se afirma que inició una campaña para presentarse como candidato presidencial, con el aparente apoyo de algún sector de las Fuerzas Armadas, en unas elecciones cuya preparación no gozaba de la confianza del pueblo. Los encuentros entre los dos bandos, propiamente generaron una guerra civil y fratricida que estaba dejando muchos muertos de ambos lados en lucha, motivando la segunda intervención norteamericana con el desembarco de 42 mil marines, apoyados en la excusa de proteger vidas, principalmente de ciudadanos estadounidenses, así como en la creencia de que los militares constitucionalistas instalarían un gobierno comunista, al estilo del que había instalado el comandante Fidel Castro, en la vecina isla de Cuba. La ciudad capital fue dividida en dos zonas, mediante un corredor que arrinconó a los militares constitucionalistas en Ciudad Nueva, a quienes se unieron significativos grupos de civiles que recibieron armas para la lucha armada. Las negociaciones entre los dos grupos llevaron a la instalación de un gobierno provisional, presidido por el doctor Héctor García Godoy, la celebración de elecciones libres y democráticas y la salida de los militares interventores. Para darle visos de legalidad a la ocupación fue emitida una resolución por la Organización de Estados Americanos (OEA) creando la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), lo que permitió la presencia, aunque simbólicamente, de miembros de las fuerzas armadas de Brasil, Venezuela, Chile, Paraguay y Honduras. Aunque el coronel Caamaño Deñó se convirtió en la figura principal de la revolución de abril y consecuentemente contra 301

302 la segunda intervención norteamericana, los originales gestores y orientadores del movimiento constitucionalista fueron el teniente coronel Miguel Hernando Ramírez, y el joven y valiente militar mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, muerto al intentar un asalto al Palacio Nacional junto a otros valiosos militares, presumiblemente por francotiradores de las fuerzas de intervención ubicados en la azotea de un edificio cercano al Palacio Nacional. Caamaño Deñó, ya en la posición de jefe del movimiento constitucionalista enfrentó el bombardeo al puente Duarte, por parte del bando contrario, específicamente del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), y de la Fuerza Aérea Dominicana. Este acontecimiento levantó las armas de los constitucionalistas y los que por diferentes motivos se habían desplegado, nuevamente volvieron a la lucha, restaurándose el movimiento revolucionario con más fuerza y más ánimo para continuar su lucha patriótica 36.3 La Revolución de Abril de 1965 y la segunda intervención norteamericana No todo el sector militar estuvo de acuerdo con el golpe de estado al gobierno democrático del Profesor Juan Bosch lo que provocó gran disgusto entre los grupos de militares progresistas, jóvenes y académicos, quienes bajo el liderato del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, iniciaron una serie de reuniones para tratar de reponer al Profesor Bosch en el poder sin elecciones, lo que dio origen a la denominada Revuelta de Abril o Revolución Constitucionalista que se inició alrededor de las dos de la tarde del 24 de abril 302

303 de 1965, cuando un grupo de oficiales progresistas hicieron preso al jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional general Marcos Rivera y al grupo de militares que le acompañaban. El capitán Mario Peña Taveras, por instrucciones del coronel Hernando Ramírez, llamó al doctor José Francisco Peña Gómez, quien en ese momento se encontraba en el programa radial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tribuna Democrática, momento que éste aprovechó para anunciar al país que el gobierno del Triunvirato había sido derrocado y que se hacían los preparativos para el retorno del Profesor Juan Bosch al poder. 36.4 Elecciones de 1966 y sus resultados Al gobierno provisional presidido por el doctor Héctor García Godoy formado con la anuencia de los dos bandos en pugna se le dio la especial encomienda de organizar elecciones libres para elegir un gobierno de cuatro años que trataría de normalizar la situación del país. Además de otros partidos minoritarios participaron el Profesor Juan Bosch, como candidato del PRD y el doctor Joaquín Balaguer, con su Partido Reformista, quien aprovechando la Revolución de Abril regresó del exilio y se movilizó por todo el país en campaña electoral, contrario a lo que aconteció con el Profesor Juan Bosch, quien ante el temor a la ocurrencia de un atentado contra su vida dirigió la campaña desde su propia casa. A continuación se incluye un cuadro con los resultados electorales de 1966 por provincias y votos alcanzados por cada partido político participante. 303

304 PROVINCIA PR PRD PRSC UCN VRD La Altagracia 16,972 7,937 464 509 339 Azua 22,736 7,516 203 113 288 Bahoruco 12,453 6,779 193 111 180 Dajabón 12,674 3,286 132 69 184 Duarte 42,049 17,006 2,465 3,108 641 Espaillat 37,615 9,753 1,273 1,721 492 Estrelleta 14,436 1,877 60 22 201 Independencia 6,280 4,088 139 23 203 María T. Sánchez 18,439 14,044 871 457 302 Montecristi 14,343 10,113 242 75 576 Peravia 20,183 19,075 965 454 456 Puerto Plata 47,721 16,429 722 200 993 Salcedo 21,639 7,617 813 605 304 Samaná 10,900 6,716 92 123 166 San Cristóbal 59,930 39,120 1,685 246 1,092 San Juan 43,757 10,428 673 86 482 Sánchez Ramírez 23,083 11,389 563 215 305 Santiago 91,980 35,50 2,49 2,125 0 Santiago Rodríguez 11,941 3,891 210 49 147 Valverde 18,306 8,771 619 100 348 La Vega 64,631 33,126 1,429 4,072 825 Distrito Nacional 91,108 147,087 10,343 1,016 1,788 Barahona 15,980 18,520 928 163 382 Pedernales 1,690 1,910 85 159 32 La Romana 4,037 12,708 1,090 88 256 San P. de Macorís 10,737 22,744 1,247 102 407 TOTALES 759,957 494,570 30,685 16,152 12,034 Se hace notar que los 30,660 votos alcanzados por el PRSC corresponden al tradicional Partido Revolucionario Social Cristiano que en 1982 se fusionó con el Partido Reformista (PR) naciendo la nueva entidad política Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), pues en 1962 el tradicional PRSC fue aliado con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) apoyando como candidato presidencial al Profesor Juan Bosch y no a Joaquín Balaguer que sí lo apoyó en elecciones subsiguientes. 304

305 36.5 Elecciones de 1970 y sus resultados En las elecciones de 1966, ganadas por el Partido Reformista (PR) el licenciado Francisco Augusto Lora fue el candidato vicepresidencial, lo que llevó a muchos la falsa creencia de que el licenciado Lora sería el candidato presidencial para las elecciones de 1970, apoyado por el presidente Balaguer. Lo que muchos de sus seguidores ignoraban era que el doctor Balaguer, aspiraba a reelegirse en las elecciones de 1970 para el período 1970-1974, lo que propiamente provocó la división del Partido Reformista (PR) cuando en junio de 1969 el doctor Joaquín Balaguer, en reunión celebrada en el local principal del partido, localizado entonces en la calle 30 de Marzo, asumió en forma absoluta la dirección del partido, lo que motivó un virtual rompimiento con el licenciado Lora. Esta situación aconteció al aproximarse la celebración de las elecciones de 1970, que nuevamente postuló al doctor Joaquín Balaguer. La reacción del vicepresidente no se hizo esperar y en un discurso que se transmitió al país por radio y televisión a principios del mes de julio, manifestó que la reelección era una hiedra de siete cabezas, indicando, además, que los aprestos reeleccionistas del doctor Balaguer eran los motivos del estado policial imperante. El discurso del licenciado Lora se produjo una semana después de que el doctor Balaguer asumiera la dirección del Partido Reformista, siendo este discurso el preludio para la fundación del partido que denominó Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista (MIDA) en el que se inscribieron, pero luego retornaron, varios miembros importantes del Partido Reformista. 305

306 Se incluye debajo un cuadro que contiene el resultado de las elecciones generales de 1970, ganadas por el Partido Reformista, teniendo como candidato presidencial al doctor Joaquín Balaguer, con 653,565. PROVINCIA MCN MIDA MNJ PQD PR PRSC Distrito Nacional 11,194 87,640 0 28,555 97,892 11,010 La Altagracia 616 10,049 0 2,292 14,396 195 Azua 159 1,338 5,167 1,977 17,634 6,433 Bahoruco 313 3,202 0 3,193 12,260 117 Barahona 1,052 7,335 3,057 4,635 16,302 479 Dajabón 105 2,271 0 2,481 11,641 598 Duarte 1,222 3,685 0 12,543 36,357 4,201 Espaillat 1,615 4,661 5,724 8,546 19,496 4,641 Estrelleta 190 1,502 0 1,732 12,464 118 Independencia 54 1,889 16 2,739 6,373 21 María T. Sánchez 417 4,226 0 4,399 19,738 337 Montecristi 362 6,742 1,077 2,635 13,582 1,067 Pedernales 145 1,806 0 793 2,542 13 Peravia 475 10,705 0 8,839 21,871 662 Puerto Plata 2,006 8,603 0 7,074 41,518 1,819 Salcedo 1,512 2,804 0 5,946 15,189 2,107 Samaná 181 2,039 6,880 2,258 5,210 186 San Cristóbal 3,992 15,635 18,004 12,298 45,325 4,327 San Juan 1,975 2,212 7,766 4,513 34,353 2,590 Sánchez Ramírez 292 7,687 0 2,711 21,168 1,049 Santiago 5,448 20,707 1,942 13,290 69,614 8,451 Santiago Rodríguez 1,108 1,923 0 1,373 10,017 228 El Seibo 3,050 7,839 65 5,348 25,608 1,185 Valverde 435 3,909 0 4,045 16,990 1,208 La Vega 2,000 13,115 3,973 18,963 46,263 6,246 La Romana 782 10,131 0 876 5,522 1,989 TOTAL GENERAL 45,931 156,760 53,671 168,751 653,515 63,697 TOTAL VOTACIÓN NACIONAL 1,238,325 306

307 36.6 Elecciones de 1974 y sus resultados El 4 de abril los partidos opositores al Reformista se unen, constituyendo el Acuerdo de Santiago, que apoyaría al hacendado don Antonio Guzmán Fernández y al general Elías Wessin, todavía en el exilio, para la presidencia y vicepresidencia de la República. Los partidos aliados fueron: el PRD, el PQD, Revolucionario Social Cristiano (PRSC), el izquierdista Movimiento Popular Dominicano (MPD) y una fracción de la Unión Cívica Nacional (UCN). Pero el 14 de mayo, dos días antes de las elecciones, los partidos agrupados en el Acuerdo de Santiago, decidieron abstenerse de concurrir a las elecciones a celebrarse el 16 de mayo, para lo cual alegaron la represión policial contra la oposición y la activa participación militar con los aprestos reeleccionistas. El doctor Balaguer salió triunfante en las elecciones generales celebradas en la fecha indicada, porque aunque se retiraron los partidos políticos que integraban el Acuerdo de Santiago, a los mismos concurrieron el Partido Demócrata Popular (PDP) liderado por el contralmirante retirado Homero Luis Lajara Burgos, el Movimiento Nacional de la Juventud (MNJ) liderado por el doctor Víctor Gómez Bergés, pero aliado a Balaguer. El Partido Reformista obtuvo 950 mil votos junto a su aliado el Movimiento Nacional de la Juventud, mientras el contralmirante Luis Lajara Burgos, alcanzó 170 mil votos. Se incluye a continuación un cuadro contentivo de los resultados electorales de 1974 por provincias y por partidos políticos. 307

308 Total Total Total Total Votos Total Votos Provincia Inscripción PR-MNJ PDP Emitidos no emitidos Distrito Nacional 508,159 164,776 37,026 201,802 306,357 La Altagracia 37,166 17,629 4,851 22,480 14,686 Azua 45,739 28,176 2,500 30,676 15,063 Bahoruco 26,395 16,426 1,137 17,563 8,832 Barahona 48,430 25,480 3,211 29,051 19,379 Dajabón 23,728 15,206 1,421 36,627 7,101 Duarte 92,371 43,928 8,998 52,926 39,445 Espaillat 67,432 26,571 6,888 35,459 31,973 Elías Piña 24,575 18,102 836 18,938 5,637 Independencia 13,300 8,527 409 8,936 4,364 María T. Sánchez 42,078 22,782 2,700 25,482 16,586 Montecristi 33,306 18,702 2,258 20,960 12,346 Pedernales 5,846 3,289 184 3,473 2,373 Peravia 56,003 29,472 5,638 35,110 20,893 Puerto Plata 85,957 52,349 6,625 58,974 26,893 La Romana 33,185 9,189 4,374 13,563 19,622 Salcedo 42,375 19,458 3,753 23,211 19,164 Samaná 24,844 15,987 1,780 17,767 7,077 San Cristóbal 150,943 85,308 16,044 101,352 49,591 San Juan 80,902 53,271 5,492 58,763 22,139 San P. de Macorís 54,372 21,641 10,059 31,700 22,672 Sánchez Ramírez 45,867 26,666 3,519 30,185 15,682 Santiago 202,131 84,078 15,249 99,327 102,804 Santiago Rodríguez 23,010 13,336 1,614 14,950 8,060 El Seibo 57,714 29,520 7,156 36,676 21,038 Valverde 37,395 20,152 2,732 22,884 14,511 La Vega 143,100 70,374 14,239 84,484 58,516 TOTALES 2,006,323 940,375 170,693 1,133,419 892,804 36.7 Elecciones de 1978 y sus resultados La celebración de las elecciones de este año estuvieron precedidas de diferentes acontecimientos negativos que gradualmente deterioraron la situación, pues los partidos de oposición alegaban la ingerencia del sector militar en el proceso electoral y que la corrupción arropaba a casi medio gobierno, lo que indudablemente incidió en la pérdida de las elecciones por parte del Partido Reformista. Al notarse que los resultados electorales que llegaban a las Juntas Electorales demostraban un triunfo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), eso causó preocupación y desconcierto en las 308

309 esferas del gobierno, lo que parece motivó que en la madrugada del 17 de mayo se interrumpiera sorpresivamente el conteo de los votos, que al decir de muchos, tenía como propósito desconocer la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Posteriormente se desató una pugna legal de impugnaciones pero al final de cuentas se reconoció el triunfo del PRD, que recibió el respaldo nacional e internacional de importantes personalidades e instituciones políticas y democráticas. Se incluye debajo el cuadro demostrativo del resultado de las elecciones generales de 1978 por provincias y partidos políticos, concurrentes a este evento electoral. Total Total Total Provincia Inscripción PRD PR OTROS Distrito Nacional 597,518 262,301 125,405 25,662 La Altagracia 41,342 13,904 13,710 1,963 Azua 53,516 16,481 22,715 1,744 Bahoruco 29,095 9,865 10,276 991 Barahona 53,381 21,306 17,860 2,262 Dajabón 27,272 8,853 12,454 881 Duarte 103,385 39,416 32,590 5,208 Espaillat 76,315 31,897 22,502 3,982 Elías Piña 27,085 4,423 14,622 1,157 Independencia 15,847 5,033 7,678 508 María T. Sánchez 46,899 17,342 16,889 1,316 Montecristi 37,871 13,603 14,553 1,408 Pedernales 6,736 2,434 2,740 229 Peravia 62,992 24,488 20,310 3,145 Puerto Plata 93,862 26,908 39,064 3,740 La Romana 40,284 22,072 6,045 1,500 Salcedo 47,669 17,402 13,026 2,598 Samaná 29,185 8,304 13,082 811 San Cristóbal 169,005 57,694 58,734 8,815 San Juan 93,600 20,689 43,191 4,298 San P. de Macorís 58,357 26,759 13,228 3,251 Sánchez Ramírez 50,617 18,770 17,765 1,575 Santiago 229,384 79,618 63,639 9,925 Santiago Rodríguez 26,378 9,136 10,526 1,229 El Seibo 65,313 22,491 21,640 3,182 Valverde 42,135 14,277 10,208 1,424 La Vega 158,719 61,199 47,711 7,466 TOTALES 2,283,762 856,665 692,163 100,270 309

310 36.8 Elecciones de 1982 y sus resultados El proceso electoral de este año estuvo precedido del triste y lamentable acontecimiento del suicidio del presidente Don Antonio Guzmán Fernández, un hombre de gran calidad humana y a quien el pueblo dominicano tendrá que agradecerle el haber encabezado un gobierno serio y que inició la democratización y la profesionalización de las Fuerzas Armadas dominicanas. Se incluye a continuación un cuadro que contiene los resultados electorales de 1982. PROVINCIA PRD Nac. PR Nac. PLD Nac. Azua 24,090 20,756 936 Bahoruco 13,803 11,384 1,208 Barahona 24,744 17,204 4,974 Dajabón 11,655 11,117 752 Distrito Nacional 236,428 131,653 56,809 Duarte 38,560 33,924 5,458 El Seibo 23,658 20,677 4,446 Independencia 7,936 5,417 553 La Altagracia 13,979 12,662 3,549 La Romana 16,993 4,572 8,738 María T. Sánchez 21,212 18,497 1,435 Montecristi 18,296 14,975 1,436 Pedernales 3,642 2,608 316 Peravia 24,475 21,931 4,904 San Cristóbal 61,804 61,043 7,408 San P. de Macorís 26,592 10,888 6,704 Valverde 17,077 16,172 2,175 Elías Piña 9,176 11,037 294 Espaillat 24,515 25,803 7,692 La Vega 54,994 55,838 11,967 Puerto Plata 29,983 41,489 7,361 Salcedo 16,853 17,436 3,275 Samaná 10,783 12,454 556 San Juan 28,369 36,976 4,122 Sánchez Ramírez 21,535 21,479 1,171 Santiago 63,712 68,431 29,284 Santiago Rodríguez 10,004 10,447 2,36 TOTALES 854,868 716,870 179,849 310

311 36.9 Elecciones de 1986 y sus resultados Estas elecciones se caracterizaron por la presencia del doctor Balaguer como candidato del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), casi ciego, quien en un programa de televisión lo admitió, manifestando que no iba al Palacio Nacional a ensartar agujas ni a practicar el tiro al blanco. Ganó abrumadoramente estas elecciones e inició el denominado Gobierno de los diez años. Se inserta a continuación un cuadro contentivo de los resultados electorales de 1986. PROVINCIA PRD PRSC PLD LE Distrito Nacional 182,756 195,243 128,053 41,757 La Altagracia 9,439 17,748 5,555 1,053 Azua 21,991 25,393 2,933 1,760 Bahoruco 13,801 14,110 2,306 978 Barahona 21,261 21,679 8,968 2,067 Dajabón 11,401 11,840 1,875 975 Duarte 30,760 39,204 14,794 4,893 Espaillat 21,583 28,240 14,126 2,399 Elías Piña 9,878 11,142 620 272 Independencia 7,676 7,543 666 681 María T. Sánchez 20,412 21,401 3,637 1,693 Montecristi 15,342 17,105 3,080 2,124 Monte Plata 22,152 25,043 3,195 1,847 Monseñor Nouel 13,885 15,398 8,532 2,508 Pedernales 2,977 3,139 432 158 Peravia 18,812 25,816 10,316 4,198 Puerto Plata 26,628 40,271 14,180 2,787 La Romana 10,541 9,690 17,771 3,069 Salcedo 14,748 18,387 7,228 1,804 Samaná 10,224 14,075 1,188 708 San Cristóbal 35,034 48,057 16,302 5,793 San Juan 24,745 40,706 9,518 3,495 San P. de Macorís 14,942 13,791 15,357 5,137 Sánchez Ramírez 23,048 22,296 3,106 1,312 Santiago 44,815 74,611 58,959 9237 Santiago Rodríguez 9,828 9,830 3,840 423 El Seibo 8,203 12,485 3,360 1,490 Hato Mayor 6,986 12,176 4,146 3,240 Valverde 16,366 17,080 5,792 1,270 La Vega 35,976 42,664 18,136 3,489 TOTALES 706,210 856,163 387,971 112,617 311

312 36.10 Elecciones de 1990 y sus resultados Las elecciones de 1990 fueron ganadas por el doctor Balaguer de manera muy cerrada, pues la diferencia fue de menos de 25 mil votos, lo que motivó un despliegue de reclamos y protestas por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que en principio despertaron simpatías en importantes sectores de la vida nacional y que llevó a los miembros de la Junta Central Electoral un proceso de verificación, consistente en revisar nuevamente las actas de cada mesa electoral. Entre los muchos observadores de países y organismos internacionales figuró el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien días después de las elecciones presentó un informe titulado El Informe Carter, en el que señalaba la ocurrencia de irregularidades en el proceso electoral de 1990, aunque descartaba la existencia de fraude. Este informe propiamente selló el nuevo triunfo electoral del doctor Joaquín Balaguer. En estas elecciones se rompió el tradicional bipartidismo entre el PRD y el PRSC, debido a que el PLD desde un tercer lugar pasó a ocupar una de las primeras posiciones. Esto sucedió, entre otras motivaciones, por la división que confrontó el PRD con los enfrentamientos que encabezaron el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Majluta. Los peledeistas amenazaron con desatar una huelga general si la JCE proclamaba ganador al doctor Joaquín Balaguer, lo que motivó la intervención de la Iglesia Católica, la cual manifestó: que el estrecho margen de votos entre el primero y el segundo candidato, no debe ser ahora ocasión para desatar violentas posiciones. En la siguiente página aparece un cuadro que contiene los resultados electorales de 1990, por provincias y partidos políticos: 312

313 PROVINCIA PLD PRD PRI PRSC Espaillat 26,977 12,889 3,733 16,832 La Vega 41,207 18,615 5,418 26,445 Monseñor Nouel 14,798 11,736 1,851 11,279 Puerto Plata 26,845 12,772 6,757 24,390 Santiago 81,150 33,413 7,567 53,072 Duarte 28,873 15,981 22,137 25,670 Maria T. Sánchez 11,545 9,728 3,431 12,069 Salcedo 16,249 6,054 4,960 10,136 Samaná 2,786 9,237 1,430 9,283 Sánchez Ramírez 11,312 10,832 4,420 14,661 Dajabón 5,976 6,188 2,993 8,277 Montecristi 8,857 7,725 3,061 11,418 Santiago Rodríguez 8,410 7,561 1,181 4,400 Valverde 10,520 7,969 4,306 11,537 Bahoruco 8,081 8,709 2,879 9,985 Barahona 15,383 12,541 2,883 19,549 Independencia 2,240 4,835 2,067 6,132 Pedernales 1,166 2,525 1,090 2,681 Azua 9,708 16,786 5,947 16,419 Elías Piña 1,851 5,841 2,404 9,458 San Juan 22,425 12,369 5,774 23,308 Distrito Nacional 154,814 112,879 35,811 170,447 Peravia 18,689 16,919 3,584 17,666 San Cristóbal 28,626 22,142 6,513 36,271 Monte Plata 7,642 17,216 4,080 17,279 El Seibo 6,956 6,734 1,097 6,419 Hato Mayor 7,748 5,648 2,721 8,951 La Romana 16,004 8,698 1,184 5,733 San P. de Macorís 18,794 9,396 2,212 13,238 TOTALES 615,632 433,938 153,491 606,005 36.11 Elecciones de 1994 y sus resultados Los resultados de las elecciones celebradas el 16 de mayo del antes citado año provocaron una profunda y grave crisis porque el PRD se preparó para ganar. Las votaciones fueron muy cerradas, el PRSC con Balaguer de candidato alcanzó 1,275,460 y el PRD con el doctor Peña Gómez de candidato 1,253,179 con una exigua diferencia de 313

314 22,261 votos, como lo demuestra el cuadro que aparece más adelante. Se alegó un fraude colosal por parte del PRSC, que no se comprobó aunque se demostró la existencia de muchas irregularidades en el proceso por ambos partidos. 36.12 Pacto por la Democracia Para poner fin a la grave crisis política que se presentó como consecuencia del cuestionamiento a las irregularidades en las elecciones celebradas del 16 de mayo de 1994, se suscribió el denominado Pacto por la Democracia que acordó, entre otras medidas, celebrar nuevas elecciones presidenciales en los próximos dos años y prohibir la reelección presidencial. El pacto fue firmado por el doctor Joaquín Balaguer, en representación del PRSC; el doctor José Francisco Peña Gómez del PRD; licenciado Lidio Cadet por el PLD; Jacinto Peynado y Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, en representación de la Iglesia Católica, quien por el peso de su seriedad y prestigio había estado mediando desde el primer momento de la crisis. También firmó John Gram, en nombre de los observadores internacionales. Como era de esperarse, en la mediación estaba presente la OEA. 36.13 Reforma Constitucional El 11 de agosto, la Asamblea Nacional Revisora modificó la Constitución de la República en los siguientes puntos: a) Reducción del actual período presidencial de 4 a 2 años; b) Creación del Consejo Nacional de la Magistratura; c) La doble nacionalidad; d) Prohibición de la reelección presidencial, en dos períodos consecutivos. 314

315 e) Establecer la doble vuelta electoral, solamente para la elección del presidente y el vicepresidente de la República, en el caso de que ningún candidato obtuviera el 50% más uno, de los votos emitidos en las elecciones celebradas. Se inserta debajo, el cuadro que contiene los resultados electorales de 1994 por provincias y partidos políticos. TOTAL ALIANZA ALIANZA VOTO PROVINCIA PLD PRSC PRD PRI MIUCA VÁLIDOS Espaillat 13,495 35,288 32,895 1,828 472 83,978 La Vega 25,402 61,455 54,463 2,764 3,247 147,331 Monseñor Nouel 8,185 25,796 28,505 1,233 1,097 64,816 Puerto Plata 10,737 55,877 45,051 2,732 785 115,182 Santiago 57,127 137,974 113,882 7,070 2,622 316,675 Duarte 17,408 48,535 45,302 3,468 1,552 116,265 María T. Sánchez 4,287 22,581 24,859 1,103 722 53,552 Salcedo 9,961 19,181 15,948 1,031 468 46589 Samaná 1,524 15,240 13,152 877 76 30,869 Sánchez Ramírez 5,001 24,014 26,119 1,286 788 57,208 Dajabón 2,102 10,884 13,681 360 32 27,059 Montecristi 3,699 18,179 21,950 957 88 44,873 Santiago Rodríguez 4,381 11,123 12,418 413 83 28,418 Valverde 4,500 23,960 26,050 1,371 214 56,095 Bahoruco 5,076 14,108 16,101 807 30 36,122 Barahona 5,011 13,510 16,481 623 58 35,683 Independencia 1,207 8,047 7,722 556 17 17,549 Pedernales 452 3,731 3,279 196 5 7,663 Azua 6,816 30,470 32,488 2,009 246 72,029 Elías Piña 3,377 11,688 6,265 316 10 21,656 San Juan 12,791 47375 33,716 3,208 495 97,585 Distrito Nacional 118,250 368,276 403,648 24,938 6,162 921,274 Peravia 9,906 38,305 39,414 1,263 452 89,340 San Cristóbal 17,434 76,460 66460 3,280 1,036 164,670 Monte Plata 4,124 30,406 31,665 2,282 834 69,311 El Seibo 3,635 14,185 12,948 564 90 31,422 Hato Mayor 4,561 15,415 12,748 864 97 33,685 La Altagracia 5,084 22,337 17,314 650 55 45,440 La Romana 14,209 23,527 26,138 849 3954 65,118 San P. de Macorís 13,793 34,635 41,461 1,377 289 90,813 TOTALES 392,793 1,262,562 1,242,123 68,275 22,517 2,988,270 315

316 36.14 Elecciones de 1996 y sus resultados Tomando como base las modificaciones constitucionales hechas el 11 de agosto de 1994, en el sentido de reducir el período electoral de cuatro a dos años, así como establecer la doble vuelta electoral, solamente para la presidencia y la vicepresidencia de la República, en el caso de que ningún candidato lograra el 50% más uno de los votos emitidos, el 16 de mayo de 1996 fue celebrada la primera vuelta en la que ningún candidato obtuvo la cantidad de votos establecidos por la Carta Magna. Hubo la necesidad de celebrar la segunda vuelta electoral el 30 de junio de 1996. Ambos resultados se incluyen a continuación: RESULTADOS ELECTORALES MAYO 1996. PRIMER VUELTA DEMARCACIÓN PRSC Y PRD Y GEOGRÁFICA ALIADOS ALIADOS PLD ASD Espaillat 10,711 36,212 3,918 114 La Vega 19,511 63,420 62,603 153 Monseñor Nouel 10,341 28,649 22,740 58 Puerto Plata 24,189 50,298 35,532 147 Santiago 41,322 122,104 137,994 385 Maria T. Sánchez 10,772 29,124 14,574 56 Salcedo 5,957 16,977 24,030 46 Samaná 7,043 14,384 8,470 48 Sánchez Ramírez 11,023 30,772 16,919 54 Dajabón 5,696 14,796 6,528 11 Montecristi 9,976 23,491 10,654 30 Santiago Rodríguez 5,772 13,410 8,687 22 Valverde 10,281 27,748 16,300 60 Bahoruco 8,357 18,734 8,309 28 Barahona 14,950 30,565 16,223 67 Independencia 5,422 9,198 2,747 12 Pedernales 2,212 4,043 1,372 4 Azua 14,628 36,171 19,564 Elías Piña 8,308 9,170 5,181 11 San Juan 24,280 39,402 31,364 116 Distrito Nacional 82,774 414,531 368,169 1,343 Peravia 11,677 38,579 33,266 135 San Cristóbal 20,671 70,011 64,997 324 Monte Plata 13,161 33,576 19,467 65 316

317 continuación DEMARCACIÓN PRSC Y PRD Y GEOGRÁFICA ALIADOS ALIADOS PLD ASD El Seibo 5,883 13,478 10,436 37 Hato Mayor 7,020 13,538 12,094 43 La Altagracia 11,493 17,416 18,284 48 La Romana 3,849 22,784 34,986 111 San P. de Macorís 9,682 39,768 34,337 170 Duarte 18,054 50,403 45,136 126 TOTALES 435,055 1,332,752 1,094,881 3,824 ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 30 DE JUNIO DE 1996. SEGUNDA VUELTA DEMARCACIÓN VOTOS VOTOS GEOGRÁFICA PRD PLD VÁLIDOS NULOS Espaillat 39,290 47,440 86,730 524 La Vega 67,372 78,201 145,573 866 Monseñor Nouel 30,095 31,062 61,157 359 Puerto Plata 53,376 55,916 109,292 812 Santiago 127,855 167,067 294,922 2,052 María T. Sánchez 29,796 24,334 54,130 422 Salcedo 18,102 28,457 46,559 347 Samaná 15,384 15,276 30,660 225 Sánchez Ramírez 32,503 27,131 59,634 429 Dajabón 23,932 19,645 43,577 288 Santiago Rodríguez 14,066 14,040 28,106 183 Valverde 28,615 25,926 54,541 430 Bahoruco 19,731 16,198 35,929 282 Barahona 30,990 29,622 60,612 373 Independencia 9,615 7,906 17,521 100 Pedernales 4,191 3,443 7,634 27 Azua 37,768 33,781 71,549 488 Elías Piña 10,245 12,683 22,928 212 San Juan 41,211 54,688 95,899 814 Distrito Nacional 429,442 414,151 843,593 4,698 Peravia 41,495 42,853 84,348 484 San Cristóbal 74,045 80,108 154,153 1,587 Monte Plata 35,076 31,807 66,883 595 El Seibo 14,491 15,208 29,699 283 Hato Mayor 14,398 18,373 32,771 228 La Altagracia 18,644 27,555 46,199 257 La Romana 23,803 33,127 56,930 378 San P. de Macorís 41,640 38,753 80,393 604 Duarte 52,389 59,956 112,345 893 TOTALES 1,394,641 1,466,382 2,861,023 19,402 317

318 36.15 Elecciones de 1998 y sus resultados Por mandato constitucional se aprobó separar las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales por lo que el 16 de mayo de 1998 fueron celebradas las elecciones de medio término para elegir a los miembros del Congreso Nacional y los municipios, en las cuales salió victorioso ampliamente el PRD, triunfando en 23 provincias y el Distrito Nacional, asegurando 24 senadurías, 85 de las 149 diputaciones y la mayoría de los cabildos del país. El PLD solo obtuvo cuatro senadurías y el PRSC dos. DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA PRD PRSC PLD Distrito Nacional 347,671 40,220 165,993 Altagracia 13,154 16,978 7,003 Azua 32,776 3,849 22,064 Bahoruco 14,072 3,294 12,275 Barahona 23,407 11,590 15,718 Dajabón 11,529 3,138 8,764 Duarte 44,215 14,870 27,417 El Seibo 7,635 3,849 8,193 Elías Piña 7,518 6,212 8,361 Espaillat 33,810 10,582 21,599 Hato Mayor 11,642 6,038 8,246 Independencia 8,047 2,291 6,470 La Romana 6,867 10,489 16,804 La Vega 60,690 16,605 38,250 María T. Sánchez 24,589 5,966 11,905 Monseñor Nouel 22,410 11,626 11,989 Montecristi 19,236 6,548 11,632 Monte Plata 28,846 7,137 17,511 Pedernales 3,565 1,203 2,520 Peravia 24,615 16,432 20,854 Puerto Plata 42,915 16,676 22,788 Salcedo 13,296 9,177 17,075 Samaná 12,492 4,688 6,940 San Cristóbal 60,008 21,234 29,324 San Juan 32,873 16,947 25,731 San P. de Macorís 13,184 23,715 13,623 Sánchez Ramírez 28,115 7,185 14,521 Santiago 89,684 44,063 59,653 Santiago Rodríguez 11,95 3,694 9,625 Valverde 25,171 5,944 11,118 TOTALES 1,075,027 352,240 653,966 318

319 36.16 Elecciones del año 2000 y sus resultados El 16 de mayo, en cumplimiento del mandato constitucional fue celebrada la primera vuelta electoral para la elección del presidente y el vicepresidente de la República. En esta primera vuelta, el candidato del PRD, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez casi alcanzó el porcentaje establecido por la Ley al acumular más del 49% de los votos emitidos, razón por la cual el doctor Balaguer, consideró y así lo proclamó de que era innecesario celebrar una segunda vuelta electoral y que con su suspensión ahorrábamos recursos y tranquilidad al país, con lo que daba ganancia electoral, al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Ante esta situación, los dirigentes del PLD no encontraron otra salida que adherirse a la posición del doctor Balaguer y en este mismo sentido se pronunció su candidato Danilo Medina, en una conferencia de prensa convocada al efecto. Se inserta debajo el cuadro demostrativo del resultado de las elecciones presidenciales (primera vuelta) celebrada el 16 de mayo del año 2000 por partidos políticos. TOTAL VOTOS VOTOS TOTAL SEGÚN NULOS DE COLEGIOS Y VOTOS NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO ELECTORALES OBSERVADOS VÁLIDOS Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Aliados 1,589,386 3,845 1,593,231 Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 1,428,999 3,549 1,432,548 Partido de la Unidad Democrática (UD) 61,785 92 61,877 Partido Revolucionario Independiente (PRI) 18,963 39 19,002 Partido Quisqueyano Demócrata (PQD) 52,309 105 52,414 Partido Nacional de Veteranos Civiles (PNVC) 7,085 17 7,085 319

320 continuación TOTAL VOTOS VOTOS TOTAL SEGÚN NULOS DE COLEGIOS Y VOTOS NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO ELECTORALES OBSERVADOS VÁLIDOS Partido Demócrata Popular (PDP) 11,820 14 11,834 Partido Alianza Social Dominicana (ASD) 8,442 29 8,471 Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados 795,498 1,425 796,923 Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 752,029 1,320 753,349 Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) 43,469 105 43,574 Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 784,774 1,152 785,926 Partido Renacentista Nacional (PRN) 3,210 68 3,278 Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) 6,074 64 6,138 Partido Nueva Alternativa 5,892 69 5,961 Movimiento de Unidad e Integración Dominicana Unidos 3,296 63 3,194,816 TOTALES 3,188,130 6,686 3,194,816 36.17 Elecciones del año 2002 y sus resultados En este año fueron celebradas las elecciones de medio término para renovar el Congreso Nacional y los municipios. Se inserta debajo el cuadro que contiene los datos de las elecciones de medio término correspondiente al año 2002, en la que el PRD obtuvo 29 senadores, el PRSC dos y el PLD uno. VOTOS PARTIDO VOTOS PORCENTAJE PROVINCIA VÁLIDOS GANADOR OBTENIDOS GANADOR Distrito Nacional 265,755 PLD 104,175 39.20 % La Altagracia 48,161 PRSC 22,095 45.88 % Azua 58,730 PRD 31,726 54. 2 % 320

321 continuación VOTOS PARTIDO VOTOS PORCENTAJE PROVINCIA VÁLIDOS GANADOR OBTENIDOS GANADOR Bahoruco 31,738 PRD 15,890 50.7 % Barahona 53,871 PRD 22,396 41.57 % Dajabón 23,466 PRD 12,263 52.26 % Duarte 90,874 PRD 41,603 45.78 % El Seibo 24,120 PRD 14,835 61.50 % Elías Piña 22,580 PRD 10,480 46.41 % Espaillat 74,933 PRD 35,796 46.78 % Hato Mayor 29,465 PRD 11,514 39.0 % Independencia 18,819 PRD 8,714 46.30 % La Romana 45,767 PRD 19,358 42.30 % La Vega 113,352 PRD 48,461 42.75 % Maria T. Sánchez 46,573 PRD 25,308 54.34 % Monseñor Nouel 49,409 PRD 18,284 37.01 % Montecristi 38,727 PRD 18,389 47.48 % Monte Plata 56,634 PRD 24,605 43.45 % Pedernales 8,549 PRD 4,334 50.70 % Peravia 44,055 PRD 19,519 44.31 % Puerto Plata 95,930 PRD 40,078 41.78 % Salcedo 41,617 PRD 19,992 48.04 % Samaná 27,858 PRD 11,017 39.55 % San Cristóbal 131,115 PRD 55,399 46.24 % San Juan 76,184 PRD 35,662 46.81 % San P. de Macorís 61,074 PRSC 27,096 44.37 % Sánchez Ramírez 55,781 PRD 26,185 46.95 % Santiago 238,414 PRD 82,812 34.73 % Santiago Rodríguez 24,357 PRD 11,961 49.11 % Valverde 46,710 PRD 21,309 45.62 % San José de Ocoa 20,079 PRD 9,803 48.82 % Santo Domingo 318,712 PRD 129,675 40.06 % TOTALES 2,283,409 PRD 978,737 42.86 % 36.18 Elecciones del año 2004 y sus resultados En este año fueron celebradas las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. Se inserta a continuación el cuadro que contiene los datos de estas elecciones, correspondientes al año 2004 en las que el 321

322 doctor Leonel Fernández Reyna, del PLD, derrotó al candidato del PRD, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. TOTAL NACIONAL TOTAL DE COLEGIOS : 2,203 TOTALDE INSCRITOS: 5,020,703 COLEGIOS COMPUTADOS : 12,203 100.00% VOTOS VÁLIDOS : 3,613,700 98.8 COLEGIOS FALTANTES : 0 0.0 % VOTOS NULOS : 42,314 1.1 % VOTOS OBSERVADOS : 836 0.0 VOTOS EMITIDOS : 3,656,850 72.8 % SIGLAS VOTOS % SOE PARTIDO POLÍTICO PARTIDOS VÁLIDOS VÁLIDOS Partido Revolucionario Dominicano y Aliados PRD 1,215,928 33 Partido Revolucionario Dominicano PRD 1,108,400 30 Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC 27,520 0 Partido Renacentista Nacional PRN 11,087 0 Partido de Unidad Nacional PUN 44,720 1 Unidad Democrática UD 18,898 0 Partido Humanista Dominicano PHD 5,303 0 Partido de la Liberación Dominicana y Aliados PLD 2,063,871 57 Partido de la Liberación Dominicana PLD 1,771,377 49 Bloque Institucional Social Demócrata BIS 98,278 2 Partido Alianza por la Democracia APD 84,566 2 Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD 24,714 0 Union Demócrata Cristiana UDC 32,223 0 Partido Liberal de la República Dominicana PLRD 14,037 0 Fuerza Nacional Progresista FNP 38,676 1 Partido Reformista Social Cristiano y Aliados PRSC 312,493 8 Partido Reformista Social Cristiano PRSC 294,033 8 Partido Nacional de Veteranos Civiles PNVC 18,460 0 Partido Revolucionario Independiente PRI 3,994 0 Partido Popular Cristiano PPC 3,383 0 Alianza Social Dominicana ASD 1,043 0 Fuerza de la Revolución FR 4,737 0 Partido Demócrata Popular pdp 772 0 Partido Nueva Alternativa PNA 4,195 0 Movimiento Solidaridad Nacional PAD 1,450 0 Partido por la Auténtica Democracia PAD 1,834 0 322

323 36.19 Elecciones del año 2006 y sus resultados El 16 de mayo fueron celebradas las elecciones de medio término destinadas a elegir los miembros del Congreso Nacional (senadores y diputados) para el período 2006-2010 en las que el PLD obtuvo una aplastante mayoría al obtener 23 senadores, 6 el PRD y 3 el PRSC. VOTOS VOTOS PORCENTAJE PARTIDO GANADOR VÁLIDOS OBTENIDOS GANADOR PLD 368,484 210,089 57.02% PRSC 50,383 30,897 61.32% PRD 82,255 41,093 49.95% PLD 38,381 19,570 50.99% PRSC 67,018 32,506 48.50% PRD 28,750 15,347 53.38% PLD 118,886 64,490 54.25% PRD 30,207 15,555 51.49% PRSC 24,801 12,471 50.28% PRD 93,639 47,873 51.33% PLD 35,870 19,698 54.91% PLD 21,873 8,444 38.60% PLD 64,040 37,676 58.83% PLD 146,000 71,328 48.85% PRD 57,193 26,467 46.28% PLD 60,002 27,846 46.41% PLD 46,373 25,552 55.10% PLD 68,827 35,246 51.21% PLD 11,161 5,821 52.15% PLD 58,838 27,121 46.09% PLD 118,870 64,127 53.95% PLD 48,478 27,584 56.90% PLD 34,873 13,764 39.47% PLD 173,910 98,071 56.39% PLD 95,090 51,169 53.81% PLD 80,470 40,510 50.34% PRSD 67,106 37,264 55.53% PLD 292,777 155,995 53.28% PLD 29,912 28,894 49.43% PRD 26,359 16,369 62.10% PLD 491,869 285,160 57.97% PLD 2,991,151 1,555,833 52.23% 323

324 36.20 Elecciones del año 2008 y sus resultados PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN PORCENTAJE Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Aliados 2,199,734 53.83% Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Aliados 1,654,066 40.48% Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 187,645 4.59% Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y Aliados 19,309 0.47% Partido Revolucionario Independiente (PRI) 1,533 0.04% Movimiento Independiente Unidad y Cambio (MIUCA) 18,136 0.44% Partido Alianza Popular (PAP) 6,118 0.15% 324

325 Publicaciones consultadas Almánzar, José Nicolás. Quisqueya (Libro Inicial de Lectura). Editorial Grafarte, C. A. Caracas 1968.. Leamos Quisqueyanos. Talleres Litográficos de Servicios Venezolanos de Publicidad. 1974.. Balaguer y Bosch. Opinión sobre la Democracia (Folleto).. Educación Moral y Cívica. Editora de Colores (doceava edición) 1992.. Folleto para la Formación Política. Ediciones IFP. 1996.. Modernización y Fortalecimiento de los Partidos Políticos y de la Democracia en el Caribe. Ediciones IFP. 1997.. Pasado, Presente y Futuro del PRSC. Editora Tele-3. 2002. Ahora!, Revista No. 547, Especial del 6 de mayo de 1974. Aula 2000. Escuela y Familia. Ediciones Susaeta. 1992. Constitución Política de la República Dominicana. Editora Caña Brava. 1994. Carreño, Manuel. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Talleres Tipográficos. Librería Dominicana. 1957. Cedeño, Sergio. Propaganda Política. Editora de Colores. 2002. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Ley No. 76-02. Editora Búho. 2004. Constitución de la República Dominicana. Editora Signatura Artesanía Impresa, Enero 2010 Crisis Electoral de 1978. Editora Corripio. 1999. Duarte, Isis y Brea, Ramonina. Hacia dónde va la democracia dominicana? (Demos 2001). Editora Búho. 2002. Espinal, Flavio Darío. Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana. Editora Manatí. 2001. 325

326 Enciclopedia Dominicana. Siglo XXI. Volumen 1. Cultura Hispanoamericana. 2003. Fundación Frederick Ebert. Todos a Votar. Editora Taller. 1986. Formación Social, Moral y Cívica. Publicación Ministerio de Educación de Venezuela. 1978. García, Aquino. Tres Heroinas y un Tirano. Editora Corripio. 1996. Gautreaux, Bonaparte. El Gobierno de Caamaño. Editora Corripio. 1996. Guerrero, Miguel. Los últimos días de la Era de Trujillo. Editora Corripio. 1991 y 1994. Guzmán, Leandro. De Espigas y de Fuego. Editora de Colores. 1999. Junta Central Electoral. Ley No. 275-97 y Concepto de Nacionalidad en la Constitución Dominicana. Editorial Nivar, C. por A. 1986. Ley No. 14-94. Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Nuevo Diario. 1998. Marrero Aristy, Ramón. Historia Dominicana (Volumen II). Medrano, Claudio Aníbal. Apuntes sobre Control de la Constitucionalidad Dominicana en el Contexto Latinoamericano: Imprenta del Nordeste, S. A. 1999. Leamos Compañeros. Publicación del Ministerio de Educación de Venezuela. 1970 Núñez Molina, Luis. Historia de mi Patria. ODCA (Informe/11 Congreso Latinoamericano. Fetral, D. C. 1988. Participación Ciudadana. Distritos Electorales. Peña, Ángela. Partidos Políticos (Presidentes Dominicanos) Editora Lozano C. por A. 1996. PNUD. La Democracia en América Latina. Indu graf. Buenos Aires, Argentina. 2005. Ramírez, Belarminio. Los Distritos Electorales. Editora Diálogo. 1987. Rodríguez D., Francisco. Balaguer y Trujillo. Rodríguez Demorizi, Dr. Emilio: En torno a Duarte. Academia Dominicana de la Historia. Editora Taller. 1976.. Acerca de Francisco del Rosario Sánchez. Academia Dominicana de la Historia. Editora Taller. 1976.. Homenaje a Mella. Publicación de la Academia Dominicana de la Historia. Editora del Caribe, C. por A. Resultados Electorales 2008, Editora Alfa y Omega, Julio 2008, Santo Domingo, República Dominicana. Publicación de la Junta Central Electoral. 326

327 Este libro Manual de Educación Moral y Civica para el ciudadano dominicano de José Nicolás Almánzar García, terminó de imprimirse en el mes de junio de 2010 en los talleres de la Editora Búho, Santo Domingo, Ciudad Primada de América, República Dominicana.